El 4 de septiembre de 1998, en Menlo Park, California, Estados Unidos, nacía Google. Tendría por objetivo «organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil». Para esa misma época, las principales marcas periodísticas del mundo, y en especial en la Argentina, lanzaban sus plataformas de noticias online. Se corría de tal manera el telón imaginario que separaba el mundo analógico del mundo digital, echándose las comunicaciones a un mar virgen y desconocido llamado internet.
La comunión objetiva entre Google y los medios periodísticos es intrínseca e innegable a pesar de todo lo que los divide y los mantiene en la duda paralizante de la desconfianza mutua. La información del mundo que Google organiza y ofrece magníficamente es, en gran medida, el calco exacto del contenido que producen día a día, hora a hora, los medios de prensa. Allí anida el resultado de un esfuerzo profesional que cuesta a estos medios una inversión cuantiosa y permanente.
Esa comunión de intereses entre Google y el periodismo fue progresando durante los últimos 20 años con las alternativas propias de un matrimonio sui generis, emergente de una irresistible complementariedad, pero en el que cada parte, al cabo de años de relación, ha avanzado de manera despareja e inequitativa.
Como era inevitable, con el transcurso del tiempo han surgido nuevos desafíos, conflictos no previstos para nadie en el punto de partida y necesidades de cada lado que han tornado ásperos los vínculos establecidos entre plataformas y medios hace más de dos décadas. Lo que parecía una amalgama virtuosa para la generación y diseminación de contenido hacia una sociedad ávida de información entró en una etapa de rispidez, de celo por intereses sectoriales que bloqueó abruptamente el camino de colaboración de los inicios.
Hoy, la tensión es notoria. Disputas. Amenazas. Fatiga. Imputaciones. Reclamos de dinero. Abuso de poder. Cada parte ha decidido aferrarse a posiciones desde la propia trinchera. En la tercera reunión de asociaciones iberoamericanas de prensa, realizada en Río de Janeiro el 10 y 11 del actual, se planteó nuevamente, ahora con más urgencias que antes, la necesidad de abrir vías a fin de que la propiedad intelectual de los contenidos y su explotación comercial en internet sea atendida de conformidad con los principios de aceptación universal del derecho. Ha llegado ahora el momento de que las plataformas como Google y Facebook y todas aquellas que lucren con contenido informativo reconozcan la protección jurídica a la que son acreedoras, en cualquier orden, la creatividad y la innovación.
En este sentido, el Parlamento Europeo sancionó en marzo de 2019 la Directiva Europea de Derechos de Autor. Entre otras cosas, dispuso el derecho de los medios de prensa a percibir de las plataformas remuneraciones justas por el uso que estas hacen de sus contenidos. Dejó a criterio de las partes negociar libremente entre ellas el licenciamiento de derechos en juego. El Parlamento Europeo derivó a los respectivos parlamentos nacionales el impulso de las leyes que acojan la nueva doctrina.
Asimismo, en la asamblea general de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA), de septiembre último, directivos de Google describieron un escenario de destrucción de valor para el caso de que se impusiera a las plataformas la obligación de pagar por el contenido periodístico que toman con discrecionalidad, sin compensación alguna. Más: se caracterizó este justo reclamo de involución en la accesibilidad a los sitios de los medios y de afectación de la libertad de expresión en internet. Es como si alguien hiciera suyo un libro, una pintura o una melodía y no estuviera dispuesto a pagar por las consecuencias de actos seriales de apropiación. Y pintara un escenario apocalíptico en caso de que alguien intentara llevar algo de equilibrio en la retribución de quien genera los contenidos y así riqueza de la que todos gozan, menos ellos.
Como se dijo en otra oportunidad, «el pretendido axioma de que lo que se publica en internet es libre y accesible para todos, partiendo de una inadecuada interpretación del principio de «neutralidad de la red», ha permitido la violación sistemática de los derechos de propiedad intelectual de medios y periodistas, conspirando contra su propia existencia». Podríamos agregar que eso conspira también contra la evolución sana de las plataformas que se nutren holgadamente de estos contenidos para desarrollar sus negocios. Si andan por la banquina puede llegar el día en que paguen un precio retroactivo que hoy no está en ningún cálculo reclamarles.
Otro punto que suma fricción y desconfianza en el vínculo entre plataformas y medios en la evolución de la Directiva Europea es la irrupción de un tercero en discordia: el monopolio. En Francia, primer país en sancionar una ley local que recoge los preceptos de la mencionada disposición europea, la participación de Google en el mercado de plataformas de buscadores es del 94%, y en ascenso. En tierras galas, las negociaciones entre productores de contenido y Google han derivado en acuerdos de provisión de licencias de uso mayoritariamente gratuito por parte de los medios a Google.
Ninguna norma agrede al monopolio, sino al abuso de posición dominante. La fuerza disímil de las partes involucradas en este problema entre medios y Google, y el abuso que Google está ejerciendo de esa posición de dominio podrían dejar en letra muerta las buenas intenciones del legislador europeo, que muestra el camino de la cooperación como única salida constructiva y exitosa. Han pasado muchos años desde la masificación de internet y desde el primer cruce de los destinos de medios y plataformas. Las tensiones recíprocas han crecido mucho desde entonces.
Es momento, pues, de refundar el vínculo entre los actores en juego, de forma de proyectar un crecimiento armónico y sustentable para los dos y en el que la innovación, la colaboración y la creatividad sean reconocidos como ejes del desarrollo en los negocios.
Hay espacio para ello, en la medida en que se dejen las trincheras propias para retomar un camino de diálogo y de progreso conjunto, donde la elaboración de nuevas reglas contemplen y acepten los derechos de autor y de toda propiedad intelectual de quienes invierten en la creación de contenidos, y por otro lado, se tenga la prudencia de no retrotraer los reclamos a un pasado difuso y excesivamente controvertible.
Las plataformas y los medios tienen por delante, por lo tanto, la oportunidad de trabajar en común en un contexto de respeto mutuo y de compromiso con la ley. Sobre esas bases podrá configurarse una nueva etapa de servicio compartido a la sociedad, último y más importante puerto de llegada en el mundo de la información.
Por Diego Garazzi, abogado y titular de la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA. Este artículo fue publicado originalmente en el Diario La Nación.
