Análisis del cambio en la industria periodística en los últimos 20 años y cómo el periodismo puede fortalecer la democracia en la era digital.
En 2003, cuando nacía Jornada, Facebook todavía no había sido creada. Google, por su valor de mercado, era una empresa cien veces más chica que lo que es hoy. Entre las dos actualmente captan más de la mitad de la publicidad a nivel mundial. Con esta migración de los ingresos fundamentales de los medios tradicionales a las grandes plataformas tecnológicas, el modelo de negocios de la industria periodística cambió drásticamente. En las últimas dos décadas se transformó fuertemente, también, la forma en que las audiencias consumen información y contenidos en general. Los medios llegan a sus públicos a través de diversos soportes y canales, con nuevos lenguajes, estilos y estrategias.
El periodismo es otro pero lejos está de convertirse en un oficio caduco. Adoptó innovaciones técnicas y estéticas, manteniendo sus procedimientos básicos y sus estándares profesionales. Sigue vigente, sobre todo, el rol que debe cumplir en toda democracia. Es un contrapeso indispensable para la dinámica institucional, un mecanismo al servicio de la ciudadanía para fiscalizar al poder y para conocer los aspectos centrales de la vida común sobre los que debemos debatir.
En 20 años, los usuarios de internet se multiplicaron por ocho. Las vidas de dos tercios de los habitantes del planeta hoy están atravesadas por ella. El mundo digital ha potenciado extraordinariamente la polarización, la segmentación y la intolerancia en nuestras sociedades. En la era de la comunicación constante, paradójicamente vivimos más atrapados por nuestros sesgos, más enfrentados y más proclives a adoptar posiciones extremas. La democracia, en tanto diálogo para resolver diferencias y consensuar decisiones, es socavada por fórmulas demagógicas y autoritarias.
El periodismo es el instrumento que tenemos para descontaminar el ecosistema digital y regenerar la calidad del debate público dentro y fuera de él. Una herramienta que, como cualquier otra, no está exenta de ser usada para generar distorsiones y mala praxis. Son las audiencias las que deben elegir las más aptas para alcanzar el fin para el que ha sido diseñada y por el que nuestro orden constitucional le concede un tratamiento jurídico preferencial. Impulsar el intercambio de ideas a partir de hechos chequeados sobre los asuntos esenciales de la vida pública. Es eso lo que nos permite decidir fundadamente nuestro destino colectivo y consolidar nuestra democracia.