SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
ARGENTINA
Informe Asamblea
México D.F., octubre 2016
2016 es un año en que, respecto de los anteriores, se constata un giro radical en la relación del poder político con los medios de comunicación en la Argentina. El período que se abre marca el cierre de la etapa más oscura para la libertad de expresión desde el retorno de la democracia. Un gobierno que, hasta ahora, respeta a la Constitución y las leyes ha sustituido a una era de hostigamiento y de sistemático desconocimiento del derecho ciudadano a la información.
El gobierno kirchnerista dejó múltiples distorsiones en el sector periodístico. Entre 2003 y 2015, la publicidad oficial tuvo un crecimiento exponencial y se transformó, para muchos medios, en un combustible indispensable para su viabilidad económica. La racionalización progresiva de los montos y la reasignación de los fondos, con base en criterios objetivos que privilegian la eficiencia en la comunicación, implicó un golpe económico para muchos medios. Algunos de ellos eran controlados por empresarios irresponsables que aprovecharon el flujo de dinero oficial a cambio de la subordinación de su línea editorial a los intereses gubernamentales. Como fruto de esta combinación, varios de ellos no sólo se desentendieron de la viabilidad de sus empresas sino que se apresuraron a despedir periodistas, venderse o cerrar.
La Secretaría de Medios de la Nación emitió una saludable resolución que autolimita las facultades estatales en materia de adjudicación de publicidad oficial. La disposición fija restricciones al uso proselitista de los fondos y establece un mecanismo que apunta a una distribución transparente y apoyada en pautas que contemplan niveles y tipos de audiencia, la pertinencia del mensaje, el marco geográfico y el fomento al federalismo y a la pluralidad de voces. En términos generales está en línea con los estándares interamericanos. Solamente cabe señalar que la resolución no contempla un sistema autónomo e independiente de control y que establece como exigencia a los medios, aunque no como condición inexorable para la adjudicación, que estos consignen si suscriben códigos de ética, mención que puede acercarse a una indebida injerencia en los contenidos. Se trata, en definitiva, de un paso adelante relevante, que requeriría complementarse con la sanción de una ley.
La demorada sanción, que tuvo lugar el mes pasado, de una ley de acceso a la información pública es una de las novedades más destacadas del año en lo que hace a la libertad de expresión. Después de una década y media de dilaciones, que convirtieron a la Argentina en uno de los tres países sudamericanos que no tuvieron una normativa de este tipo en los últimos años, el Congreso aprobó una ley que tiene múltiples virtudes. Establece un mecanismo claro y ejecutivo para realizar pedidos de información, fija plazos y excepciones razonables, exige una presentación clara de los datos públicos, obliga al mantenimiento de una política activa de la información y crea un mecanismo de control de transparencia a través de un órgano autónomo. La sanción es un importante hito para que el derecho que busca tutelar esté debidamente garantizado. Resta recorrer un camino a través de su adecuada aplicación y del consecuente respeto de lo establecido en la norma por las autoridades de los tres poderes del Estado.
A las medidas concretas impulsadas por el Gobierno nacional atendiendo algunas de las principales asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión y las destacables iniciativas para reestablecer equilibrios rotos por extraordinarias distorsiones generadas por el ciclo político precedente, deben sumarse gestos y acciones que restauran el dañado vínculo institucional entre el periodismo y las autoridades. Se recuperaron las conferencias de prensa del presidente y sus ministros como práctica periódica de toda democracia moderna. Se recuperó la fluidez y la transparencia en la información pública y se eliminaron las intervenciones arbitrarias en la elaboración de los principales índices que permiten mensurar los resultados de la gestión y la salud del sector público. Se oxigenó el debate político, se recuperó el respeto a la crítica y se ampliaron los espacios para expresarla. En ese sentido, la despartidización de los medios públicos que impulsa el actual gobierno, prescindiendo de todo intento ostensible de manipular sus líneas editoriales, debe ser resaltada. En cuanto a los gestos, merece ser mencionada la firma, a partir de una iniciativa de la SIP y de Adepa, de la Declaración de Chapultepec por parte del presidente Mauricio Macri.
En los últimos seis meses se registraron preocupantes actos de intimidación contra periodistas. Entre los hechos más graves, deben señalarse los disparos de arma de fuego efectuados contra el domicilio del periodista Emanuel Soverchia, del semanario El informe de la ciudad, de Cañada de Gómez (provincia de Santa Fe), y las amenazas anónimas contra Luis Majul, mientras entrevistaba a un testigo protegido de una de los principales casos de corrupción de la Argentina. En medio de una etapa en la que proliferan causas judiciales e investigaciones vinculadas a delitos cometidos por funcionarios de la gestión anterior como también casos de narcotráfico, fue particularmente oportuno el reciente lanzamiento de un protocolo de actuación para proteger la actividad periodística diseñado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Cabe agregar que a 20 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, caso que hemos resaltado en informes anteriores en la SIP, la prensa argentina sigue acompañando fuertemente los pedidos para su esclarecimiento.
