El senador provincial Héctor Miguel Calabró presentó en la Legislatura de Salta un proyecto de ley a través del cual se procura la creación de un Colegio Profesional de Comunicadores Sociales.
Es por lo menos insólito y extemporáneo que se vuelva a proponer un proyecto de estas características, habiendo claros antecedentes jurídicos en la materia, como lo expuso la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) ya en 1981 cuando se hizo un intento de colegiación periodística a nivel nacional, o en 1991, cuando se propuso para la provincia de Buenos Aires. También hubo intentos similares en otras provincias.
Ahora, la propuesta legislativa vuelve a sugerir la colegiación obligatoria de todo aquél que tenga un título de licenciado o técnico en Comunicación social, obligándolos al sostenimiento económico de ese Colegio. A su vez, exige la matriculación profesional para todo aquél que quiera desempeñarse en el ámbito de las comunicaciones sociales en la provincia de Salta.
Para Adepa el proyecto de ley resulta notoriamente inconstitucional y transgrede principios asentados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Opinión Consultiva Nro. 5/85, explicó que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A su vez, el proyecto afecta la libertad de expresión consagrada en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, al limitar la posibilidad de participar en los medios de comunicación provinciales exclusivamente a aquellos que cuenten con una habilitación estatal.
A diferencia de lo que ocurre con otras profesiones, respecto de las cuales los gobiernos provinciales pueden ejercer un control de la matrícula (abogados, ingenieros, arquitectos, etc.), semejante poder no existe cuando se trata de los habitantes que deseen difundir informaciones e ideas por los medios de comunicación social. Tanto si lo hacen en forma esporádica como profesional.
Por todo lo expuesto, Adepa rechaza el proyecto presentado por el senador Calabró.