En este período se advirtió un enrarecimiento del clima para el ejercicio del oficio periodístico. El avance de las causas de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner incrementó la intensidad del discurso del «lawfare», tesis impulsada por sectores del oficialismo que plantea una connivencia entre la prensa crítica, parte de la Justicia y miembros de la oposición.
A partir de un atentado contra la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre, aumentó -desde esos sectores y de periodistas y medios afines al gobierno- el tono de las imputaciones.
Se desplegó, además, una peligrosa campaña contra ciertos medios y periodistas a los que se pretendió vincular con el ataque.
En días posteriores se hicieron públicos proyectos legislativos que, postulando un combate contra los «discursos de odio», avanzaban sobre la regulación de contenidos e instalaban mecanismos de censura. Esos impulsos fueron moderados por dirigentes del oficialismo, pero evidenciaron reflejos autoritarios en varios dirigentes de la coalición gobernante.
El 11 de octubre, apareció una tela colgada frente a las instalaciones del canal Telefé Rosario, en la ciudad homónima, con un mensaje que decía «vamos a matar periodistas». Esa zona de la provincia de Santa Fe ha experimentado el crecimiento de la criminalidad vinculada al narcotráfico.
Este año, se cuentan más de 200 muertos debido al enfrentamiento entre bandas delictivas. La amenaza plantea un nuevo desafío a las organizaciones de libertad de prensa y los medios, ya que las autoridades no tienen protocolos de protección para periodistas ni existen fiscalías especializadas ni los medios tienen protocolos de seguridad.
Entre episodios de violencia en este período, sobresale el ataque a balazos contra los reporteros gráficos Federico Soto, de La Mañana de Neuquén, y Patricio Rodríguez, de Río Negro, por parte de un manifestante de la Asociación de Trabajadores del Estado en la localidad de San Martín de los Andes, en Neuquén. El momento en que se efectuó uno de los disparos quedó registrado por la cámara de Soto. Ambos periodistas resultaron ilesos.
Tres semanas antes, un camarógrafo del canal TyC Sports recibió tres disparos con balas de goma en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima, de la ciudad de La Plata, durante un desordenado operativo para repeler incidentes provocados por aficionados del club local.
En junio, el periodista George Chaya, colaborador de Infobae, fue amenazado por el grupo terrorista Hezbollah.
En agosto, cronistas de distintos canales de noticias fueron agredidos por manifestantes, física y verbalmente, en las cercanías de la Casa de Gobierno nacional.
Generó preocupación que el gobernador de la provincia de La Rioja, a fines de abril, llamara a bloquear medios de la ciudad de Buenos Aires en las provincias del norte argentino.
A principios de junio, entidades como Adepa y Fopea criticaron las demandas judiciales del diputado nacional Javier Milei contra periodistas, por considerarlas intolerantes ante la crítica.
En septiembre, trascendió un audio en el que se escucha a Marcelo Saín, exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, plantear la conveniencia de fraguar una imputación criminal contra el propietario de un grupo local de medios.
También en septiembre, las autoridades del canal de la provincia de Catamarca decidieron levantar el programa «Tirame un centro», del conductor Silvio Iramain. En su última emisión, el periodista había criticado aspectos de la gestión del Ministerio de Infraestructura.
En mayo, el procurador general de la provincia de San Luis rechazó un recurso de casación del periodista Diego Masci. El periodista pedía la revisión de la condena por violación a la intimidad, dictada por la Corte local, por la publicación de un video de la exministra de Educación Natalia Spinuzza. El caso reflejó las dificultades del periodismo en esa provincia, por un uso abusivo del derecho penal.
En junio, la Justicia de la provincia de La Rioja allanó el domicilio y secuestró los elementos de trabajo de la periodista Manuela Calvo, quien realizaba una investigación sobre la desaparición de una menor.
A fines de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó sobre un pedido de «derecho al olvido», revocando un fallo de Cámara que lo había reconocido. Natalia Denegri demandaba la desindexación de información ligada a su pasado. El máximo tribunal jerarquizó el derecho a la libertad de expresión sobre las pretensiones de la demandante. Adepa argumentó a favor de esa posición mediante un «amicus curiae» al que adhirió la SIP, pero advirtió sobre los perjuicios que genera la opacidad y la dinámica de los algoritmos de los buscadores en el debate público.
La escasez de dólares en las reservas públicas del Estado argentino impulsó una serie de restricciones a las importaciones que afectaron el acceso a papel, tintas, planchas e insumos tecnológicos, lo que perjudica la impresión de distintos productos y genera incertidumbre respecto del futuro de muchos medios, una limitación indirecta a la libertad de expresión, como describe el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
