La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) valoró la recuperación de ámbitos de diálogo entre autoridades de todos los niveles y entidades representativas de la prensa, como uno de los signos de que “el país va dejando atrás la etapa más oscura para el periodismo independiente desde 1983”.
La entidad inició el jueves 29 de septiembre en San Miguel de Tucumán las deliberaciones de su 54ª Asamblea General, que concluyeron al día siguiente, viernes 30, con la proclamación de las autoridades que la dirigirán durante el próximo año.
El reporte semestral sobre el estado de la prensa en el país fue presentado por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba). El documento destaca “la consolidación de un escenario de libre expresión sin represalias, la sanción de una ley nacional de Acceso a la Información Pública luego de más de una década de dilaciones, e incipientes medidas para favorecer la transición de la prensa escrita ante las profundas transformaciones que vive el sector”.
Agrega que la realización la asamblea en Tucumán, en coincidencia con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, es ocasión para ratificar el aporte que una prensa libre, plural y enraizada en su comunidad puede y debe hacer hacia el fortalecimiento de la institucionalidad republicana y la participación ciudadana.
En este sentido, señala que la reducción de la pauta publicitaria del sector privado generó serias complicaciones en sus finanzas a medios de todo el país, en especial a las pequeñas y medianas empresas.
Ante ello, la institución que agrupa a más de 200 medios impresos y digitales (de los cuales más del 90% son Pyme), reiteró su propuesta de un plan de fomento a la industria nacional de contenidos periodísticos. Un primer paso en ese sentido fue la sanción de la ley que extendió a los medios digitales el beneficio del IVA diferenciado hasta ahora vigente sólo para los medios impresos.
No obstante, Adepa advierte sobre la ausencia de responsabilidad social demostrada por propietarios de diarios, revistas y sitios de internet que integraban el aparato propagandístico paragubernamental de la gestión que finalizó en diciembre pasado. “Recibieron cifras millonarias del Estado durante los últimos años y no titubearon” en “dejar librado a su suerte al personal” luego del cambio de gobierno, subraya el documento.
Respecto de la pauta publicitaria oficial, sostiene que la decisión oficial de revisar los criterios para asignar la pauta publicitaria del Estado va en dirección de sustituir parámetros arbitrarios por criterios objetivos.
El informe recuerda que Adepa siempre sostuvo que la independencia y dignidad de los medios de prensa está fundada en su independencia económica. Y que la subsistencia de ellos no debe estar condicionada por los ingresos provenientes de la publicidad oficial ni por subsidios encubiertos.
Añade que en ningún caso la publicidad estatal debe ser lesiva para la libre actividad periodística o conducir a la censura o la autocensura.
El documento aprobado por la asamblea hace foco asimismo en otros dos hechos: la firma de la declaración de Chapultepec por parte del presidente Mauricio Macri, por la cual se comprometió a cumplir los principios de las libertades de expresión y de prensa, y la sanción definitiva de una herramienta fundamental para el afianzamiento de la democracia y la transparencia republicana, como es la Ley de Acceso a la Información Pública. Recuerda que la aprobación de este proyecto, que abre una nueva etapa para el control ciudadano de sus representantes, había sido sistemáticamente trabada durante las gestiones presidenciales de la última década.
El informe de la Comisión de Libertad de Expresión (a cuyo texto completo puede accederse aquí) concluye con un relevamiento de las agresiones y amenazas sufridas por periodistas y medios de comunicación en los últimos seis meses.
Entre los más preocupantes, menciona el atentado contra la vivienda de Emanuel Soverchia, del semanario El informe de la ciudad y el mensuario La imprenta, de Cañada de Gómez, el allanamiento a la redacción de OPI Santa Cruz para requisar material periodístico, y el desalojo de la redacción del diario Tiempo Argentino por una patota en la que se encontraba Mariano Martínez Rojas, quien se atribuyó haber comprado esos medios. “Este ataque –dice el reporte– expuso la endeblez jurídica de esas empresas, que eran propiedad de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, los dos principales beneficiarios de los fondos asignados de manera dispendiosa por el anterior gobierno nacional para sostener un aparato paraestatal de propaganda”.
También se alude a los reiterados ataques verbales y también físicos contra periodistas por parte de grupos políticos y sociales “que siguen apostando a la descalificación y la violencia”.
Por ello, el informe valora la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentada en ocasión de la Asamblea, para la creación de un protocolo para proteger la actividad periodística, en especial la de aquellos profesionales que investigan la criminalidad organizada y el narcotráfico.
Ese marco normativo fue elaborado con la colaboración de Adepa y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). El documento exhorta a los gobiernos provinciales a adherir al protocolo nacional.
Más información: ADEPA presentó su informe sobre la libertad de prensa e información en el país
