El viernes 30, en el marco de la 54ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que sesionó en Tucumán, se presentó el “Protocolo de Actuación General para la Protección de la actividad periodística”, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la colaboración de Adepa y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
En la presentación participó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al presidente de Adepa, Guillermo Ignacio; el titular del Servicio de Orientación Legal, Gregorio Badeni; y Fabio Ladetto, miembro de la Comisión Directiva de Fopea.
El protocolo, que fue creado mediante una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, hace foco en el aspecto preventivo y de protección de los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación de todo el país, en especial de aquellos que investigan la criminalidad organizada y el narcotráfico, y que requieran el uso de esta herramienta preventiva.
En el acto, Guillermo Ignacio destacó que para Adepa es de “suma importancia esta herramienta para tratar un tema que es notablemente sensible para quienes estamos desarrollando la función del periodismo independiente, y la tarea de llevar adelante la investigación periodística sobre los temas de narcotráfico y la criminalidad organizada. Estamos congratulados del avance que significa este protocolo y de la buena predisposición que encontramos en el Ministerio de Seguridad y en la ministra llevarlo adelante”.
A continuación, la ministra Bullrich hizo una extensa descripción de cómo el país está enfrentando la problemática y las amenazas del narcotráfico en todo el país, y las medidas que se están implementando desde el estado. “Vengo a presentar este protocolo en nombre de nuestro gobierno y del Presidente Mauricio Macri, quien –recordemos- en momentos difíciles sacó medidas claras para defender la libertad de expresión, con una Argentina que tuvo momentos duros, con un ataque fuerte y agresivo hacia la prensa”, expresó.
La ministra dio detalles del contenido del protocolo y señaló que “este es un primer acuerdo para que los periodistas se puedan meter a fondo en la investigación de delitos que son un flagelo en todo el país”. Bullrich agregó: “Adepa y Fopea nos propusieron trabajar en conjunto en este protocolo. Nos pareció un instrumento de suma importancia. Se va a publicar en los próximos días en el Boletín Oficial, a través de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación. En noviembre se va a presentar la Matriz de Riesgo, tarea en la que están trabajando Adepa y Fopea”.
Por su parte, Badeni destacó la relevancia de que el Ministerio de Seguridad asuma este compromiso y remarcó que el rol de las organizaciones será colaborar con la ejecución de este protocolo, y dentro de sus posibilidades, tratar de que torne una realidad. Ladetto, miembro de la Comisión Directiva de Fopea, expresó que “estamos con la conciencia de que este protocolo no es una solución, sino una acción preventiva que le permitirá a los periodistas avanzar en su investigación con el mínimo peligro, el máximo secreto y la mayor reserva”.
Durante la presentación, se difundió el contenido de un mensaje en video de Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e Información para el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay and Uruguay) y Chile de UNESCO, quien destacó la importancia de la iniciativa.
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Más información sobre el protocolo
El diseño institucional del protocolo implica el compromiso por parte del Ministerio de Seguridad de disponer la participación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales, con el objeto de garantizar el libre desarrollo de la actividad periodística en el territorio del país. Se trata de una herramienta de protección inédita en la Argentina, para cuyo diseño se tomaron modelos de mecanismos de protección estatal de otros países de la región, como Colombia y México, así como los principios expuestos por las Naciones Unidas y UNESCO en el marco del Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad y el documento de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA sobre Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia.
La resolución señala que “El Protocolo será de aplicación cuando el desarrollo de la actividad periodística pueda acarrear riesgos para el periodista, y se relacione, directa o indirectamente con la investigación de la producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes; el contrabando de mercaderías o el tráfico ilegal de personas; hechos destinados a aterrorizar a la población; corrupción en el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional, provincial o municipal; la actuación de los funcionarios públicos en el ámbito nacional, provincial o municipal; la trata de personas humanas; la privación ilegítima de la libertad de personas humanas; la formación y funcionamiento de asociaciones ilícitas y de sus integrantes; el lavado de activos y prevención del terrorismo; el abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, prevaricato, traición a la patria, la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática o sedición; la violencia institucional y la protección de los derechos humanos; y la violencia en el fútbol.
Los periodistas que se encuentren desarrollando -o tengan intención de hacerlo- actividades periodísticas de investigación relacionadas con los hechos descriptos anteriormente, y que consideren que dicha misión periodística pone o puede razonablemente poner en riesgo su vida, salud, integridad física o patrimonial, la de su familia o un tercero, podrán solicitar al Ministerio de Seguridad la ejecución de medidas de protección en los términos establecidos en el protocolo.
El protocolo incluye la participación de Adepa y Fopea en una “Comisión para la evolución de riesgos de la actividad periodística”, que se ocupará de ponderar los riesgos de las solicitudes de los periodistas, a partir de una matriz de análisis del riesgo, que se está elaborando para tal fin.
A través de esta nueva herramienta, el Ministerio de Seguridad de la Nación podrá implementar medidas de protección de tipo preventivas, ordinarias o urgentes, las que están detalladas en la resolución ministerial.
Es importante señalar que el protocolo incluye un compromiso de confidencialidad de la información sobre la misión periodística involucrada, así como la identidad de los periodistas que requieran la protección del Ministerio de Seguridad, la cual será mantenida en secreto. Agrega el texto que además “se garantizará asimismo la confidencialidad del objeto, la naturaleza, el alcance y los detalles de las investigaciones que éstos llevan adelante, así como la protección de los datos personales de los que se tome conocimiento, sean de los periodistas afectados o de terceros relacionados a la investigación”.
Por otra parte, la resolución invita a que las provincias adhieran al Protocolo a partir de “la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante la suscripción del instrumento respectivo”.
