Las amenazas de cárcel y de expulsión del país figuran como una de las principales formas de intimidación en contra de quienes ejercen la práctica periodística, según un informe divulgado por la red regional Voces del Sur.
Al menos 185 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el régimen que preside Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la red regional Voces del Sur.
“En el primer trimestre de 2023 conocimos que 7 periodistas se vieron obligados al exilio ante los constantes asedios e intimidaciones de las que fueron víctimas. Desde Voces del Sur hemos sistematizado un total 185 periodistas que han abandonado Nicaragua desde 2018″, indicó esa red regional en un informe trimestral.
En el informe, titulado Libertad de prensa en Nicaragua sin respiro: Ortega no deja de atacar, ese organismo documentó un total de “14 alertas de casos de violaciones a la libertad de prensa, las cuales se tradujeron a 38 casos”, entre enero y marzo pasados.
“Las amenazas de cárcel y de expulsión del país figuran como una de las principales formas de intimidación en contra de quienes ejercen la práctica periodística”, señaló esa red regional, que elaboró ese informe junto con su organización socia en Nicaragua, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
En el documento, Voces del Sur explicó que en 2023 no realizarán informes mensuales, sino 4 informes trimestrales, “esto debido al creciente aumento de la autocensura entre las mismas víctimas, lo que ha provocado la disminución de las denuncias y el avance de la criminalización del periodismo independiente”.
“Debido al permanente riesgo en el que viven y trabajan los periodistas y otros trabajadores de medios que aún se encuentran en el país (Nicaragua), el hecho de hacer denuncias sobre las agresiones de las que son víctimas, y en búsqueda de preservar la integridad de estos profesionales, a partir de la fecha hemos decidido omitir los nombres y/o ubicaciones geográficas de los denunciantes”, anotó.
“Debemos tener en cuenta que, como organizaciones defensoras de la libertad de prensa, tenemos también el gran compromiso de salvaguardar la seguridad y la vida de los periodistas y sus familias”, agregó.
Asimismo, Voces del Sur y FLED condenaron “las acciones violatorias a derechos humanos que ha aplicado el Gobierno de Nicaragua durante el primer trimestre del año, principalmente al arrebato de la nacionalidad, expulsión y destierro a 222 nicaragüenses, incluidos periodistas, ejecutivos y otros trabajadores de medios de comunicación”.
“Igual repudiamos el retiro de la nacionalidad de otras 94 personas, lo cual incluye al menos a 10 comunicadores”, añadieron.
En su informe, ambos organismos lamentaron “que con este hecho se busque infundir mayor terror entre los hombres y mujeres de prensa, quienes se han mantenido apegados a la ética y han desafiado la censura y la represión que receta el Gobierno Ortega-Murillo”.
Por otro lado, denunciaron “la toma ilegal de propiedades, el congelamiento de cuentas bancarias, negativas de pago de pensión y otras medidas coercitivas denunciadas por las víctimas”, incluido periodistas desnacionalizados, y lamentaron el silencio “sepulcral y complaciente que han mantenido las entidades bancarias que han ejecutado congelamiento de cuentas a periodistas y otros ciudadanos”.
De igual modo, rechazaron la “amenaza implícita” realizada por el régimen en contra de los medios de comunicación que informaron sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano” el 12 de marzo pasado, cuando fueron acusados, según el informe “de promover noticias falsas”.
Por otra parte, Voces del Sur recordó “a los Estados del mundo la importancia de facilitar refugio, apoyo legal y condiciones para que los periodistas independientes que se ven obligados a salir del país puedan continuar con su labor informativa y así contribuir a vencer el cerco de la censura que se ha impuesto desde las esferas estatales”.
Voces del Sur es red regional creada en 2017 por organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabajan en coordinación con el fin de promover y defender la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de periodistas.
