En la 79ª Asamblea General de la SIP en México se dio a conocer el discurso de apertura de la sesión de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. A continuación, el discurso de Carlos Jornet, presidente de la comisión:
En un mundo convulsionado, gobernantes de nuestro continente siguen librando sus propias guerras. Hace un año y medio, cuando comenzábamos a dejar atrás las trágicas consecuencias de la pandemia, Rusia invadía Ucrania. Ahora, desde hace un largo mes, nos consternamos por el grave conflicto en Oriente Medio. Ambas guerras costaron ya la vida de más de 40 reporteros.
Pero una vez más, al igual que en la pandemia, sigue siendo el periodismo profesional, el periodismo responsable, el que a pesar de los riesgos brinda información verificada para contrarrestar la desinformación que se expande a través de las redes sociales.
Como dijimos en abril de 2022, debemos agradecer que desde hace un largo tiempo América no es escenario de conflictos bélicos. Pero sí padece otras «guerras» que sacuden al continente y que, lejos de ir aplacándose, crecen en intensidad y se multiplican en más y más países.
Gobiernos autoritarios de izquierda o derecha, que llegaron al poder por las urnas y luego asfixian y persiguen al mismo pueblo que los votó; violencia narco; otras formas del crimen organizado; políticos, empresarios, sindicalistas y fuerzas de seguridad estragados por la corrupción; mercaderes que lucran con la necesidad de migrantes y exiliados políticos; grupos al margen de la ley que depredan recursos naturales, y un largo etcétera.
La prensa es, para todos ellos, una de sus primeras víctimas.
Medios que no aceptan ser cómplices del atropello a la institucionalidad y a los derechos humanos, son asfixiados económicamente, allanados, clausurados, confiscados.
Periodistas que se niegan al silencio, que investigan y denuncian, padecen persecución, cárcel, destierro, acosos y ataques cibernéticos, violencia física y, en no pocos casos, la muerte.
Esto lo sabe muy bien la sociedad de México, donde desde 1987 (es decir, en 37 años) fueron ejecutados 213 periodistas, a un promedio de casi seis por año, con una tendencia en ascenso y con pasmosa impunidad para los autores materiales e intelectuales.
Los sexenios más críticos fueron el de Felipe Calderón, con 59 comunicadores asesinados entre 2006 y 2012 (10 por año), y el actual de Andrés Manuel López Obrador, con 55 muertes violentas en los 1805 días transcurridos entre el 1 de diciembre de 2018 y hoy, a un promedio de 11 periodistas ultimados por año. Prácticamente el doble que el promedio de estos 37 años.
Un dato positivo es que en los últimos seis meses -en realidad, desde nuestra asamblea de Madrid, en octubre pasado, es decir, en el último año-, la cifra decayó a tres muertes, a lo que se debe agregar un colega con paradero desconocido.
Pero eso no puede ser considerado un logro. No debe ser motivo de entusiasmo. Es apenas eso: una señal positiva en medio de una tragedia que debe tener fin.
Y eso no ocurrirá si el presidente continúa con sus mensajes hostiles contra periodistas y medios; si no se asignan los recursos necesarios a los protocolos de protección de periodistas; si no se trabaja para reducir las tasas de impunidad en los casos de amenazas y ataques a la prensa; si no se asume la seguridad para el ejercicio del periodismo como política de Estado y se coordinan esfuerzos federales y estaduales.
Si miramos las cifras de los últimos seis meses en el resto del continente, hubo otros dos asesinatos de reporteros en Guatemala, uno en Haití y uno en Colombia.
Pero allí no termina el drama de la violencia contra la prensa. Porque en el semestre que va desde nuestra reunión de medio año hasta hoy, anotamos dos periodistas presos en Cuba, uno en Nicaragua y la continuidad de la detención de José Rubén Zamora en Guatemala, aunque en este caso destacamos la decisión de un tribunal para que se realice un nuevo juicio, ajustado a derecho y no fruto de la persecución política.
También resaltamos la excarcelación de un detenido en Venezuela.
Pero la cantidad de periodistas exiliados sigue en alza: desde abril, contamos uno en Bolivia, Colombia y Paraguay; dos en Ecuador; ocho en Guatemala; nada menos que 29 por la persecución del régimen nicaragüense, y dos destierros y un pedido de asilo en Paraguay.
En Cuba, en tanto, son 12 los periodistas que tienen prohibido trasladarse dentro de la isla y, más aún, salir del país. Y algo similar enfrentan varios periodistas en Honduras y docenas en Haití.
En este último país, que vive una tragedia humanitaria fruto de un Estado fallido, hay reporteros secuestrados, al igual que en Nicaragua.
Y los ataques y amenazas se multiplican contra medios y periodistas en Argentina (por el avance narco y las tensiones electorales), en Brasil (en protestas callejeras), en Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití (donde fue quemada una radio), así como en Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.
Lejos de disponer medidas para frenar esta avalancha de ataques, se reiteran las actitudes de descrédito y estigmatización contra la prensa en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Venezuela.
Son noticias positivas el fallo de la Corte Constitucional costarricense en contra de la estigmatización; los avances en Chile y Paraguay para crear mecanismos de protección contra periodistas; la iniciativa en Estados Unidos para proteger información e identidad de las fuentes, y los proyectos en República Dominicana para descriminalizar sanciones contra periodistas y en Uruguay para incluir a medios impresos en un régimen de exoneración impositiva.
Pero en paralelo surgen, a nivel nacional o local, proyectos de ley contra el periodismo, como veremos en los informes de Argentina, Perú y Colombia. O medidas de asfixia fiscal y cerco financiero, como en Bolivia y Nicaragua; o acoso judicial, en algunos casos con demandas millonarias, en Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay.
En ocasiones, esta persecución lleva al cierre de medios o al cese de ediciones impresas, con casos recientes en Bolivia y Venezuela.
Los problemas para hacer efectivo el acceso a la información pública se reiteran en El Salvador, Puerto Rico y EE. UU., por nombrar sólo los casos más recientes, pero también hay bloqueos para la distribución de noticias por parte de empresas privadas (como ocurrió en Canadá por la represalia de Google y Meta contra la sanción de la Ley de Noticias en Línea) o por decisiones de dictaduras estatales, como en Venezuela y Cuba.
A modo de aporte para la cruzada contra la violencia y las acciones para silenciar a la prensa, en forma paralela a esta Asamblea iniciaremos mañana un taller sobre seguridad para periodistas, con el patrocinio de Google News Initiative. Nuestro proyecto Redacciones + Seguras tiene como objetivo ayudar a las salas de Redacción a crear sus protocolos de seguridad, adaptados a su contexto y necesidades.
Para este taller hemos invitado a 15 medios del interior de México y tenemos previsto continuarlo por tres meses con mentorías virtuales para que cada medio tenga su propio protocolo de seguridad.
Se trata de un proyecto piloto, cuya experiencia y resultados, nos permitirá expandirlo a otros países de América Latina donde es necesario crear más conciencia para la protección de los periodistas, como Ecuador, Paraguay, Argentina y Guatemala.
Por otro lado, en el transcurso de esta Asamblea planteamos paneles sobre «procesos electorales y violencia contra la prensa», sobre relaciones entre policía y prensa, y sobre «protección de datos, fuentes y periodistas».
Y seguramente sobre el tema hablará el domingo el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, en la entrevista que le realizará Roberto Rock.
Como se desprende del cuadro de situación que hemos trazado, América padece una auténtica tragedia autoritaria. En este 2023, deberíamos celebrar los 45 años del comienzo de la redemocratización en América latina, y en pocos meses más, el cincuentenario del inicio de la tercera ola democrática a nivel global,
Sin embargo, el continente llega a estos aniversarios con una triste realidad. Tres países viven bajo regímenes dictatoriales; un grupo importante de naciones pueden ser consideradas regímenes híbridos o democracias imperfectas, y es cada vez más difícil hablar de democracias plenas.
El impacto sobre el ejercicio del periodismo es directo, y esto lo refleja claramente la nueva edición del Índice Chapultepec, que presentaremos en la mañana de hoy.
En Venezuela, Cuba y Nicaragua, no existen libertades de expresión y de prensa; los periodistas son espiados, perseguidos, forzados al exilio; los medios independientes desaparecieron o deben moverse en la clandestinidad; toda voz disidente es penalizada.
Varias de las democracias fallidas se acercan peligrosamente a un escenario similar. Me refiero a países como Guatemala, El Salvador, Bolivia, Haití, Honduras, Perú, Ecuador.
Países que vivieron años de primavera democrática se enfrentan hoy a crisis económicas, sociales y políticas que se traducen en inseguridad creciente y alta inestabilidad. Y también se reflejan con el surgimiento de líderes mesiánicos, como fruto de una sociedad que está dispuesta a ceder sus libertades a cambio de respuestas rápidas a sus necesidades más acuciantes.
En las naciones con democracias más consolidadas, las condiciones para el ejercicio de la tarea de informar son sustancialmente mejores, pero no están al margen de liderazgos mesiánicos y hay señales de alerta hasta hace un tiempo impensadas, como el ya mencionado acoso judicial, la extensión de desiertos informativos y las recurrentes restricciones para el acceso a la información pública.
El contexto es especialmente preocupante. Ante el declive democrático que vive la región, debemos promover más y mejor democracia.
Lejos de bajar los brazos, debemos redoblar la lucha por la libertad, los reclamos país por país y la búsqueda de alianzas con organismos internacionales y con otras instituciones que defienden la libertad de expresión a nivel nacional, regional o mundial.
Porque la gravedad de la situación exige mucho más que abordajes sectoriales y respuestas aisladas.
Cada vez queda más claro que los abusos y ataques al periodismo no afectan sólo las libertades de expresión y de prensa, sino que estas son sólo las primeras víctimas de un ataque contra la democracia; el canario en la mina que alerta sobre el deterioro institucional.
Y ello nos lleva a reiterar: sin democracia no hay prensa libre, pero sin prensa libre no hay democracia.
Días atrás, al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, el politólogo Daniel Zovatto advirtió que «nos encontramos ante una democracia bajo acoso, asediada por numerosas amenazas que se manifiestan en una creciente polarización, la proliferación de noticias falsas y un resurgimiento de populismos antiliberales». Y añadió, citando palabras de Moises Naim, que la democracia sufre hoy el embate de las tres P: polarización, populismo y post verdad.
Nuestra responsabilidad como organización de defensa de la libertad de prensa ha sido siempre, por ello, promover debates que rompan las llamadas burbujas de sentido y promuevan una ciudadanía activa, no sectaria; bregar por la plena vigencia de las instituciones democráticas y republicanas, y combatir la post verdad, la desinformación, con un ejercicio responsable del periodismo y exigiendo a los gobernantes transparencia y rendición de cuentas.
«La libertad –decía Martin Luther King– nunca es dada voluntariamente por el opresor; debe ser demandada por el oprimido». Unamos fuerzas para que no haya más opresión y censura en el continente.
