Durante su 62ª Asamblea anual, que se está realizando en la ciudad de Posadas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió su reporte semestral de Libertad de Prensa, en el que repasó los avances y retrocesos de la libertad de expresión que vivió la Argentina desde el regreso de la democracia.
El informe reseña cómo en las últimas cuatro décadas hubo etapas de involución, como el período entre 2008 a 2015 –anticipada por algunos hechos de gravedad desde 2003– y momentos en los que se dieron pasos relevantes para ampliar o consolidar niveles de esa libertad que permitieron al periodismo desarrollarse con el vigor que requiere el ejercicio de sus funciones.
“La reforma constitucional de 1994 consagró la protección de las fuentes de información después de largos debates en los que se desecharon proyectos que iban en un sentido contrario. Un año antes se había eliminado la figura del desacato y, con el paso de los años, se sumaron otros importantes adelantos, como la despenalización de las calumnias e injurias en 2009, y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazaron el uso de la publicidad oficial como castigo por la línea editorial de un medio”, señaló Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, durante la lectura del documento, en el marco de la asamblea anual de la entidad que agrupa a los medios argentinos, y que se está llevando a cabo hasta hoy en la capital de Misiones. El informe fue aprobado por unanimidad por los representantes de los medios de todo el país.
Otro de los hitos fundamentales de las cuatro décadas de democracia fue la sanción en 2016 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hasta ese año, la Argentina era uno de los únicos tres países de Sudamérica que no tenía una ley de ese tipo, junto con la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Nicolás Maduro. “Resulta preocupante, entonces, el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general”, advirtió ADEPA en su informe.
“Estas limitaciones –agregó Dessein– van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia. Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de “máxima divulgación” y establece excepciones de alcance limitado”.
En ese mismo punto, el informe de ADEPA destacó que los funcionarios tienen derecho a resguardar su privacidad, y que hay aspectos específicos de la gestión gubernamental que, por su naturaleza, pueden quedar fuera del conocimiento público. “Pero en los regímenes democráticos estas excepciones deben ser de alcance restringido, justificado y transitorio. La transparencia es la regla; el secreto, la excepción”, puntualizó.
Los funcionarios públicos asumen voluntariamente la carga de un amplio grado de visibilidad personal. Y a mayor jerarquía, mayor exposición. Aspectos de la vida privada –la salud, las relaciones personales, el esparcimiento–, cuando pueden afectar la gestión o tocar intereses públicos, entran dentro de la órbita de cuestiones que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
La importancia de preservar el debate público
En otra sección del informe, ADEPA realizó una reflexión para señalar cómo la calidad de una democracia depende de la calidad del debate público y, cómo en ese contexto se le brinda a la prensa un trato preferencial. “Un intercambio de ideas fluido, tolerante y libre es necesario para la existencia de una dinámica democrática intensa. Las constituciones modernas dan un tratamiento jurídico preferencial a la prensa porque la conciben como una pieza imprescindible para que la ciudadanía pueda debatir sobre cuestiones de interés colectivo apoyándose en información chequeada”, expresó Dessein.
Un debate democrático sano no excluye la exposición firme de ideas y la defensa de posiciones e intereses que entran en colisión con otros, aseveró ADEPA. “Una convivencia pacífica de los habitantes de un país se asienta en el intercambio de opiniones basado en datos y argumentos, y en el respeto de los mecanismos institucionalizados de resolución de conflictos”, agregó.
Al respecto, ADEPA comparó el escenario actual con lo señalado por la propia entidad en 2010: “El lenguaje es la principal herramienta de articulación social. Su degradación, a través del estilo provocador y ofensivo de los funcionarios públicos, deteriora la cohesión de la ciudadanía”. El informe advierte que lo mismo puede reiterarse hoy. “La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático. Se contabilizan más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes. Si algún funcionario tiene indicios o pruebas de la comisión de delitos por parte del periodismo, o de cualquier ciudadano, está obligado a denunciarlo judicialmente e impulsar la correspondiente investigación”.
Para ADEPA, hay una clara asimetría entre un presidente y un periodista. “Las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística”, dijo Dessein. Y agregó: “Todo funcionario puede contradecir, rechazar y eventualmente iniciar acciones civiles contra los responsables de contenidos periodísticos. Pero está también obligado, junto con el periodismo responsable, a preservar el clima en el que se desarrolla el debate ciudadano. Un cuestionamiento o una crítica no es una injuria. Suelen ser modalidades de un oficio, el periodístico, que debe fiscalizar al poder y exigir transparencia en la gestión de los intereses de todos”.
La última parte del informe de ADEPA discurrió respecto de cómo las redes sociales irrumpieron en la sociedad con la expectativa de ampliar los límites de la libertad, bajar las barreras para emprender y aumentar los niveles de democratización y transparencia. Y como con el tiempo generaron sociedades fragmentadas y polarizadas, con democracias desarrolladas que sufren un deterioro inédito de la calidad de la discusión pública, la vocación cívica y la salud institucional. “Fueron efectivamente vehículos que impulsaron primaveras políticas y culturales. Gozaron, como parte integrante de una nueva industria, del subsidio indirecto que implica la ausencia de regulaciones. Hoy, esas empresas que nacían hace 20 o 25 años son algunos de los conglomerados económicos más grandes del planeta, con cotizaciones superiores al PBI de un país como la Argentina”, puntualizó ADEPA.
En el informe, ADEPA señala que las redes generan el terreno fértil para la amplificación de discursos de odio, la circulación de noticias falsas y la ruptura de muchos de los consensos sobre los que se construyó la paz social. “El ecosistema digital que permea nuestras vidas está contaminado con diatribas tóxicas, y el periodismo es una de las principales herramientas con las que cuenta la sociedad para oxigenarlo”, agregó.
Los líderes demagógicos, y también políticos con fuertes convicciones democráticas pero que no sopesan adecuadamente los perjuicios que generan las plataformas, suelen destacar supuestas virtudes de las redes en paralelo a una subestimación, o directamente a una descalificación, del papel del periodismo.
“Las redes sirven para evitar la intermediación incómoda de los periodistas; no se hacen allí preguntas difíciles, son permeables a las inyecciones anabolizantes que hipertrofian un tráfico inorgánico y generan la ilusión de una comunicación directa. También la falsa imagen de una supuesta autenticidad en la canalización de la ira y el resentimiento”, señaló ADEPA.
Para la entidad más representativa de la prensa argentina, la vieja función de recabar y chequear información, contextualizarla, interpretarla y jerarquizarla para destacar lo sustancial sobre lo accesorio, así como proponer una agenda de temas que nutra el diálogo ciudadano, es hoy más necesaria que nunca en un mundo acelerado, irritado e impaciente. “El periodismo no es un oficio ejercido exclusivamente por almas puras e infalibles. Como en todo oficio, hay virtudes y defectos distribuidos en diversas dosis entre quienes lo ejercen. Pero existen estándares éticos, una responsabilidad con consecuencias legales, la posibilidad de rebatir sus contenidos por todo aquel que detecte una inconsistencia, y una validación que se alcanza a través de criterios profesionales”.
Para el cierre, ADEPA reflexionó sobre la necesidad de preservar la sustentabilidad de la industria periodística, en alusión al respeto de la propiedad intelectual de los contenidos que genera. En países con economías y democracias desarrolladas, como Australia, Canadá o las naciones que integran la Unión Europea, existen legislaciones que garantizan los derechos de autor de los medios periodísticos y promueven, de ese modo, la vital función que estos ejercen en la vida de sus sociedades. Esas normativas impulsan acuerdos razonables entre las plataformas tecnológicas –que lucran con el uso de contenidos periodísticos– y los medios de comunicación.
“En la Argentina –dijo ADEPA– existen acuerdos de esa naturaleza que constituyen antecedentes tan positivos como insuficientes, ya que están muy lejos de una compensación justa como la que deriva de los convenios alcanzados en los países citados o del marco regulatorio impulsado por gobiernos conscientes del rol estratégico del periodismo en toda democracia. Al mismo tiempo hay empresas tecnológicas globales que vulneran de manera sistemática la propiedad intelectual de los medios periodísticos”.
En el cierre del documento, ADEPA instó a que el Gobierno nacional, los poderes locales y la clase dirigente en su conjunto asuman con conciencia democrática la urgencia de atenuar el clima de confrontación, garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa y aportar al fortalecimiento de un periodismo responsable y moderno como herramienta clave para defender la institucionalidad.
