Durante la reunión mensual del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) celebrada el jueves 21 de noviembre, se analizaron diversas situaciones vinculadas con la labor periodística y la libertad de expresión en la Argentina.
Graves descalificaciones contra periodistas y medios. Durante el último mes, el presidente Javier Milei se expresó con agresiones verbales contra un número considerable de periodistas y medios, tanto en forma directa como replicando mensajes de terceros en la red social X. Lo hizo de un modo que por reiteración y tono descalificatorio configuran una escalada de gravedad creciente y preocupante en el debate público argentino.
En el discurso brindado en un evento de la empresa Meta, el 12 de noviembre pasado, Milei volvió a señalar genéricamente a los “micrófonos ensobrados” que “perdieron el monopolio de la verdad”, y a tergiversar el uso de la publicidad oficial como un “sobre”, al referirse a la medida que implementó su gobierno un año atrás cuando suspendió ese instrumento de comunicación mediante un decreto.
Sin embargo, las alusiones más graves se dieron durante un reportaje que ofreció Milei a Lex Fridman, influencer informático que tiene un podcast en Estados Unidos. En este espacio, difundido luego a través de redes sociales, Milei sostuvo que los periodistas “ensobrados, corruptos” en la Argentina “son torturadores profesionales”, que durante un año lo sometieron a “todo tipo de tortura mediática”.
Las referencias del presidente de la Nación se dieron luego de referirse a la reciente condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, en una causa judicial que comenzó en 2008 y que tuvo un amplio desarrollo investigativo por parte de medios y periodistas. En esa línea, Milei aprovechó para cuestionar “algo que es profundamente corrupto”. Y agregó: “Es la corrupción de los medios de comunicación. Les quité la pauta oficial y, a pesar de que generamos noticias maravillosas todas las semanas, hablan pestes, quieren mentir, calumniar, ensuciar, decir cualquier aberración, y pretenden que yo ni siquiera les conteste. Por eso gran parte de los periodistas odian la red social X y nosotros, los libertarios, amamos a la red X. Sin embargo, estos supuestos periodistas que defienden la libertad de expresión lo que quieren es que se censuren las ideas que a ellos no les gustan, porque son de izquierda, porque son wokes, porque no soportan la competencia. Porque si tuvieran que ir a pelear mano a mano, cara a cara, en un terreno nivelado, por las ideas, perderían, porque fueron un fracaso económico, cultural. Ellos no pueden pelear de igual a igual. Por eso exigen que las redes sociales tengan censura”.
En otro pasaje de la entrevista con Fridman, Milei acusó a los medios de haber puesto “tres drones” en la casa presidencial para espiarlo y dijo que “La mayor cantidad de los periodistas en la Argentina, salvo excepciones, son mentirosos, calumniadores, injuriadores, y aun si persistiera el monopolio que exigen que vuelva a reinar pedirían dinero, porque son eso: son extorsionadores, ladrones, corruptos, y cuando usted le quita un privilegio a un sector, se enoja. Por eso los periodistas están tan violentos”.
“Les sacamos el monopolio del micrófono y, al sacarle el monopolio del micrófono, le quitamos el privilegio de la extorsión”, apuntó. Agregó que si alguien lee los diarios en la Argentina, el 85% de las cosas que se publican “son mentira”.
“Hemos dejado expuestos a los medios de comunicación y por eso los periodistas en la Argentina están tan violentos. Iba un periodista, iba una persona y le tiraba una carpeta y le decía que si no le ponían plata le iban a publicar algo en su contra. Me consta de un empresario que le hicieron dos veces una extorsión y el periodista lo hizo y el empresario fue a la Justicia y ganó el juicio. Pero en el medio, ensuciaron”, dijo, sin dar nombres.
El 20 de noviembre, a través de un posteo en la red X, el presidente argentino volvió a referirse en forma agresiva a los periodistas, al señalar: “A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro, con dosis extremas de violencia, con la particularidad de que su rival tiene que estar atado de pies y manos”. Agregó: “Así golpean de modo fuerte y dan ‘muestras’ de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente, frente a su imposibilidad de defensa, muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto”. Y advirtió: “Les quiero decir –advirtió– que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión”.
ADEPA reitera que la discusión vibrante con los funcionarios públicos, el enérgico intercambio de ideas y la posibilidad de que el trabajo de medios y periodistas sea replicado, confrontado y desmentido son parte de la dinámica de la libertad de expresión y del debate democrático. No así el insulto, el agravio gratuito o las acusaciones genéricas y sin pruebas. Estas conductas, y más si provienen del presidente de la Nación, lejos de favorecer un ejercicio virtuoso de la libre expresión de todos los actores –medios, periodistas, ciudadanos y funcionarios– contaminan el debate público, generan climas de hostigamiento y violencia simbólica, y conllevan una cuota de intimidación, que puede conducir a la autocensura o incluso traducirse en otros tipos de violencia. Nunca debe olvidarse, además, que el derecho constitucional de libre expresión es parte del sistema de frenos y contrapesos de la república: los gobiernos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio por ejercer responsabilidades públicas. Y este mayor nivel de escrutinio debe estar acompañado por un mayor nivel de responsabilidad en el ejercicio del discurso público.
En sus diversas manifestaciones durante el mes, el presidente atacó a periodistas tan diversos como Marcelo Bonelli, María Laura Santillán y Alejandro Bercovich, y a medios de comunicación de todo el espectro ideológico.
Descalificación a Marcelo Longobardi: El sábado 16 de noviembre, durante un acto en el que se lanzó una nueva agrupación libertaria denominada “Las Fuerzas del Cielo”, en la Sociedad Italiana de San Miguel, provincia de Buenos Aires, uno de sus referentes, Agustín Laje, atacó en duros términos al periodismo en general y descalificó puntualmente al periodista Marcelo Longobardi, al vincularlo con el “periodismo ensobrado” y decir que se ganó el “legítimo odio de toda la sociedad civil”.
En referencia a Longobardi, quien hace unos meses lanzó un canal en Youtube, Laje dijo: “A estos tipos nadie los quería escuchar y éramos esclavos de una caja boba, con dos o tres canales para hacer zapping. La gente puteaba al televisor porque no le podía hablar al tipo. Pero llegó Twitter. Y ahora tenemos a todo el periodismo suplicando una intervención estatal en las redes sociales, no solo en este país sino en Occidente en general. Que vuelvan al Facebook. Los periodistas ensobrados tienen un problema que no es tecnológico, y es que se han ganado el legítimo odio de la sociedad civil”.
Salta: Vigilancia y detención a periodista por “contenido injuriante” contra el gobernador Sáenz
Luis Ángel Caro, dueño del portal Noticias A, fue detenido el jueves pasado en Salta durante seis horas por desobedecer una orden judicial que le prohibía publicar contenido agraviante contra el gobernador Gustavo Sáenz. La detención fue ordenada por la jueza Sandra Espeche y configura una violación a la libertad de prensa.
Caro había sido previamente condenado en el marco de una causa de amparo (expediente 59725/22), que la Corte de Justicia de Salta ratificó, ordenándole cesar las “publicaciones injuriosas” hacia Sáenz.
El periodista volvió a publicar contenido recientemente en redes sociales (el 12 de noviembre a las 10:33). Esta acusación motivó la intervención de la Fiscalía Penal N° 2, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, que calificó el acto como desobediencia judicial e intimidación pública, previstos en los artículos 239 y 211 del Código Penal, respectivamente, fundamentándose en que las afirmaciones de Caro podrían generar una reacción pública incontrolada.
En el marco de una denuncia penal, la policía provincial llevó a cabo labores de vigilancia sobre el imputado, su domicilio y sus redes sociales, y finalmente lo detuvo y puso a disposición de la Justicia, quien luego de los trámites de rigor lo liberó y continúa con la causa penal.
Sin entrar a opinar sobre la veracidad o falsedad de los dichos del periodista, incluso aunque ellos carecieran de todo contacto con la realidad, la única figura penal que podría aplicarse no sería otra que la de calumnia e injurias, cuyo alcance ha sido especialmente limitado por el Congreso a partir de condenas impuestas al Estado Argentino por sentencias judiciales que afectaron los derechos fundamentales de periodistas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina, se encargó de destacar que, si bien “no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquellas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales”.
Si bien se desconocen los términos de la sentencia anterior que habría impuesto la prohibición al periodista para realizar toda publicación “injuriante, irrespetuosa o agraviante” respecto de un funcionario político de la más alta investidura, cabe afirmar, por un lado, que una condena semejante, de existir, constituiría un caso de censura que violaría de forma flagrante la libertad de prensa. Por otra parte, implicaría burlar la decisión legislativa adoptada por el Congreso al convertir en delito de desobediencia conductas que este decidió despenalizar, como forma de dar cumplimiento a sentencias de tribunales internacionales.