Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha identificado al menos a 100 periodistas víctimas de deepfakes en 27 países entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, una cifra no exhaustiva que refleja la expansión de estas manipulaciones digitales impulsadas por la Inteligencia Artificial Generativa y que sitúa a las mujeres como principales afectadas (74 %), en un fenómeno que combina desinformación política, fraude económico y violencia de género y que, según la organización, amenaza directamente el derecho a la información.
Cristina Caicedo Smit, periodista especializada en libertad de prensa en Voice of America (VOA), descubrió en febrero de 2025 que su voz y su imagen habían sido utilizadas en dos vídeos difundidos en X. Las piezas reproducían con fidelidad su tono y sus gestos, pero incluían declaraciones falsas en las que atacaba a Donald Trump y a Elon Musk, entonces al frente del Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE), y defendía a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), en un momento en que esta institución era objeto de críticas por parte de la Administración Trump antes de su desmantelamiento. “No pensaba que me convertiría en objetivo”, explicó a RSF. La estrategia, según la organización, buscaba presentar a VOA como un actor militante contra el presidente estadounidense.
El caso no es aislado. Pedro Benevides, presentador del canal portugués TV1, vio cómo un vídeo manipulado circulaba en Facebook con una voz sintética que le atribuía acusaciones sobre una supuesta conspiración del Gobierno portugués con la industria farmacéutica para imponer la vacunación contra la covid-19. Pese a que el propio periodista publicó un desmentido, parte del público siguió dando credibilidad al contenido. “Estas personas eligen qué quieren creer”, afirmó.
Radio France internationale (RFI) y varios de sus periodistas también fueron víctimas de una usurpación de identidad en la República Democrática del Congo en junio de 2025, en un vídeo con fines de desestabilización política que fue considerado auténtico por numerosos usuarios.
Las consecuencias pueden trascender la esfera reputacional. La periodista sudafricana Leanne Manas, rostro de la South African Broadcasting Corporation (SABC), ha sido objeto de múltiples deepfakes en los que se la vinculaba con productos farmacéuticos fraudulentos o estafas con criptomonedas. Algunos anuncios, difundidos incluso como publicaciones patrocinadas en Facebook, anunciaban falsamente su encarcelamiento. Según su testimonio recogido por RSF, recibe hasta 50 mensajes diarios de personas que reclaman compensaciones o asesoramiento financiero tras haber sido engañadas. La policía llegó a interrogarla en su lugar de trabajo después de que se presentara una denuncia en su contra.
La impunidad es frecuente. La periodista eslovaca Monika Todova denunció en 2023 una grabación falsa que la acusaba de planear un fraude electoral. Tras ser interrogada en marzo de 2024, la investigación fue archivada por falta de identificación del autor.
RSF señala que el 74 % de los periodistas afectados son mujeres y que el 13 % de ellas ha sido víctima de contenidos pornográficos manipulados. En Argentina, la periodista Julia Mengolini, fundadora de la emisora Futurock, fue objeto de un deepfake pornográfico que escenificaba una relación incestuosa con su hermano con fines denigrantes. El presidente argentino, Javier Milei, compartió en redes sociales una publicación burlándose de los intentos de la periodista por frenar el acoso. Mengolini presentó una denuncia contra el jefe del Estado y otras personas de su entorno. En Francia, la periodista Salomé Saqué, del medio Blast, también ha denunciado el impacto profesional de este tipo de ataques.
Las redes sociales actúan como principal vía de difusión. Algunos periodistas reconocen que plataformas como Meta han retirado contenidos tras ser alertadas, pero otros denuncian dificultades para lograr una respuesta eficaz. RSF constató que materiales eliminados reaparecen con facilidad. Pedro Benevides creyó que el vídeo manipulado que lo afectaba había sido suprimido definitivamente, pero los equipos de la organización lograron localizarlo de nuevo tras unos pocos clics. En India, el editor jefe de India TV, Rajat Sharma, consiguió que el Tribunal Superior de Delhi ordenara la eliminación de dos canales de YouTube que difundían contenidos usurpando su identidad.
Para Vincent Berthier, responsable del Área de Tecnología y Periodismo de RSF, el marco jurídico actual resulta insuficiente. La organización plantea tres medidas: generalizar sistemas técnicos de trazabilidad en los medios para certificar el origen y las modificaciones de los contenidos; obligar a las plataformas a integrar mecanismos de certificación que indiquen si un contenido ha sido generado por inteligencia artificial; y establecer un delito específico para los deepfakes maliciosos, con sanciones penales para quienes los creen o difundan con intención de engañar.
RSF sostiene que, sin un refuerzo de la moderación y una señalización clara de los contenidos generados por inteligencia artificial, la capacidad de daño de los deepfakes seguirá creciendo y afectará de forma directa al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.
Fuente: Laboratorio de Periodismo
