Dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron hoy su consternación por el asesinato del periodista y escritor mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y redactor del semanario sinaloense Ríodoce, con una larga y reconocida trayectoria periodística y un valiente trabajo de investigación sobre narcotráfico y crimen organizado en su país.
«El asesinato de Javier Valdez es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México», expresaron el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza.
«La violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que como Javier Valdez reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante», explicaron.
Según la información disponible, el periodista fue asesinado el 15 de mayo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, por sujetos desconocidos que le dispararon en 12 ocasiones cuando acababa de salir de la redacción de Ríodoce. Su equipo de trabajo en Ríodoce afirmó no tener «ninguna duda» de que «el origen del crimen de Javier Valdez está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico».
Los expertos tomaron nota de los anuncios realizados el 17 de mayo por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en una reunión mantenida con los gobernadores estatales y el Procurador General de la República, entre otros, en la que se anunció un plan de acción destinado a fortalecer el trabajo de las instituciones que investigan crímenes contra periodistas, así como del mecanismo de protección.
Ambos expertos saludaron el compromiso expresado por el Presidente, el Procurador General y los gobernadores de enfrentar la impunidad y garantizar las condiciones para garantizar el derecho a la libertad de expresión e instaron a la pronta aplicación de las medidas anunciadas.
En este sentido, los expertos exhortaron al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades competentes, a investigar el asesinato de Javier Valdez de manera exhaustiva y a identificar, procesar y sancionar a todos los responsables. El Estado debe adoptar medidas de protección integrales y efectivas para los familiares del periodista y sus colegas, si dan su consentimiento para ello.
«La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ahora bajo un nuevo liderazgo, debe producir resultados concretos en esta y otras investigaciones para demostrar que el Estado mexicano está luchando contra la impunidad de estos crímenes de forma prioritaria», insistieron los relatores.
«El periodismo mexicano vuelve a estar de luto por la pérdida de uno de los periodistas más respetado y reconocidos del país», señaló el Sr. Lanza. «Javier Valdez es el nombre más reciente en una larga lista de periodistas asesinados por ejercer su labor en México». En 2017, siete periodistas han sido asesinados en el país.
«El anuncio del presidente Peña Nieto es un testimonio de la gravedad de la situación y de cómo se requiere una acción coordinada en todos los niveles de gobierno para hacer que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia y terminar con esta epidemia de violencia contra periodistas y el derecho de la sociedad a estar informada», señalaron los expertos.
Los Relatores Especiales reiteraron el pasado mes de abril su solicitud al Estado mexicano para realizar una visita oficial conjunta al país, y están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades mexicanas.
Los Relatores Especiales expresaron su profundo pesar y condolencias a los familiares y colegas de Javier Valdez.
