El cambio de gobierno que se produjo a fines del año pasado en la Argentina marcó el cierre de un ciclo político en el que se registró la mayor ofensiva contra el periodismo independiente desde el final de la última dictadura militar. El kirchnerismo desplegó una extraordinaria campaña contra la prensa y las voces críticas en general que incluyó el uso de recursos públicos para montar un gigantesco aparato comunicacional destinado a la deslegitimación de periodistas y medios; la partidización de medios públicos; la distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de premiar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos; la aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia; la sanción de leyes específicas para desarticular medios críticos y favorecer voces oficialistas; la presión a anunciantes privados para que no pautaran en medios no alineados con los intereses gubernamentales; la utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar; la intervención estatal indebida en la elaboración o comercialización de insumos del sector periodístico; el destierro de las conferencias de prensa presidenciales y el cierre selectivo de fuentes oficiales de información.
El kirchnerismo hizo un gran esfuerzo para instalar la idea falaz de que la plena vigencia de la libertad de prensa debía deducirse de la mera existencia de una mirada crítica de ciertos medios y periodistas. En nuestro país hubo muestras de un periodismo que cuestionó diversos aspectos de la gestión pública. Pero en todos los casos sus impulsores y artífices sufrieron represalias que, en ocasiones, engendraron obsecuencia o silencio.
Múltiples mecanismos de censura indirecta vulneraron la libertad de prensa en el país durante los últimos años. La gestión kirchnerista empleó, en el último año de su mandato, 380 millones de dólares en publicidad oficial. Una cifra 25 veces superior a la empleada en 2003, el primer año de la presidencia de Néstor Kirchner. Si a la publicidad estatal se suman los costos de mantenimiento de medios públicos, la TV digital, el programa Fútbol para Todos y los organismos oficiales del sector de comunicaciones, el aparato propagandístico sostenido por el gobierno de Cristina Kirchner implicó una erogación de más de 1.400 millones de dólares solamente en 2015.
El crecimiento desmesurado de las partidas de publicidad oficial, combinado con una distribución alejada de todo criterio de eficiencia ligado a la comunicación pública y signada por un uso político, generó profundas distorsiones en el mapa de medios. Muchos diarios, revistas, canales de televisión, radios y sitios digitales nacieron como consecuencia de la distribución arbitraria de los fondos publicitarios que hizo el kirchnerismo. Las ecuaciones económicas de dos tercios del universo de medios en la Argentina terminaron dependiendo de esos recursos.
El nuevo gobierno se encontró con voces artificialmente multiplicadas para propalar el discurso oficial K y con innumerables medios económicamente inviables sin asistencia estatal. Los primeros intentos de la gestión del presidente Mauricio Macri de racionalizar la administración de fondos estatales en el área de información pública tropezaron con recriminaciones por amenazar la subsistencia de medios y afectar las fuentes de trabajo de periodistas, planteos que revelan la naturalización de una profunda distorsión y un error conceptual que no debe confundirse con el debate sobre medidas generales de protección o promoción a la prensa que se discuten o implementan en distintos países.
Los nuevos funcionarios también se encontraron con anomalías y entramados de corrupción que se vinculan con la industria periodística. Uno de los principales grupos de medios del país fue adquirido, durante los años del gobierno kirchnerista, por Cristóbal López, empresario muy cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner y cabeza de uno de los holdings de mayor expansión en la última década.
Una irregular elusión impositiva de más de 1.000 millones de dólares habría sido utilizada, entre otras cosas, para la compra de su grupo mediático.
La modificación de algunos de los artículos más polémicos de la ley de servicios de comunicación audiovisual por un decreto convalidado por el Poder Legislativo y el compromiso de debatir un nuevo marco legal en el Congreso fueron decisiones saludadas por la industria de medios audiovisuales. Las entidades de radio, televisión y cable destacaron el sentido de los cambios por otorgar estabilidad a las licencias, establecer criterios de sustentabilidad y competitividad frente a fenómenos como la convergencia y la competencia de actores internacionales, y eliminar algunas distorsiones denunciadas por discriminatorias. En paralelo, la reforma disparó cuestionamientos de distintas organizaciones identificadas en general con el kirchnerismo que pidieron y obtuvieron la fijación de una audiencia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar el tema con una llamativa celeridad, dada la habitual morosidad que tuvo el organismo en los últimos años para hacerlo ante las denuncias de periodistas y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, y con la notable particularidad de que no se convocó a entidades representativas de medios o a referentes del sector.
En sus primeros cuatro meses, el gobierno de Macri marcó una clara diferencia con la anterior gestión.
Desde el primer día abrió diversos canales de comunicación con el periodismo como las hasta hace poco erradicadas conferencias de prensa o las entrevistas no digitadas con el presidente y otros funcionarios.
Como contrapunto, generó controversia en el ambiente periodístico la cobertura que hizo el equipo de comunicación del presidente Macri, en exclusiva para Snapchat, de parte de la visita del presidente Barack Obama a la Argentina. Se hizo a través de una producción audiovisual, de acceso restringido para el resto de los medios, que registró ese trascendente acontecimiento de interés público.
Dentro de la nómina de avances promovidos por el Gobierno, debe destacarse el destierro de toda política persecutoria contra voces críticas como también la desaparición de todo vestigio de hostilidad o estigmatización en el discurso oficial; el auspicioso e incipiente proceso de despartidización y profesionalización de los medios públicos; y la apertura de diferentes instancias de diálogo como la que impulsaron funcionarios de la secretaría de información pública que se entrevistaron con representantes de distintos medios y de organizaciones que nuclean a periodistas y empresas periodísticas para escuchar inquietudes, solicitar propuestas y expresar la necesidad de promover un esquema transparente y equilibrado en la asignación de recursos del Estado.
Una de las grandes asignaturas pendientes heredadas del ciclo pasado a la que se puso en agenda es la sanción de una ley de acceso a la información pública. El oficialismo impulsa un proyecto basado en la ley modelo de la OEA, con el que la Argentina puede dejar de conformar el reducido grupo de países latinoamericanos que no cuenta con una norma de acceso sancionada por el Congreso y que abarque a los tres poderes.
En el último semestre se registraron diversos ataques y amenazas a periodistas y medios. Algunos de ellos fueron agredidos en protestas gremiales o en manifestaciones públicas, como el equipo periodístico de Crónica TV, en el mes de diciembre, por parte de manifestantes de la Unión Tranviarios Automotor; Karina Vallori, de El Doce TV, de Córdoba, en una protesta gremial en esa provincia y en el mismo mes; Liliana Franco, de Ámbito Financiero, abucheada por militantes oficialistas durante un acto encabezado por Cristina Kirchner a fines de octubre; Gloria Velásquez, de Radio Lafinur, de San Luis, amenazada de muerte por una investigación sobre policías vinculados al narcotráfico; o Mercedes Ninci, periodista del Grupo Clarín, insultada y escupida por militantes kirchneristas durante la cobertura de la marcha por los 40 años del golpe de estado de 1976, en la ciudad de Buenos Aires, en marzo pasado. También hubo periodistas reprimidos por fuerzas policiales como Juan Cruz Taborda, de SRT de Córdoba, y Luciano Barrera, fotógrafo de ElEsquiu.com, de Catamarca. Dentro de la lista de agresiones a periodistas, sobresale el salvaje ataque perpetrado por parte de narcotraficantes contra el director de la radio FM Luna, de San Antonio de Areco, Sergio Hurtado, cuya esposa fue violada mientras este era retenido, en aparente represalia por su labor periodística.
El clima de confrontación en el que tuvo que desenvolverse el periodismo en los últimos años parece haber quedado atrás con la asunción de un gobierno que postula el diálogo y la tolerancia como insumos centrales de la convivencia ciudadana. Sería prematuro hacer un balance profundo de una gestión con un recorrido de unos pocos meses pero, por sus auspiciosas iniciativas y algunas señales que ya ha dado, abre un horizonte que le ofrece la oportunidad de convertirse en un gobierno que le devuelva a la libertad de expresión el lugar central que le corresponde dentro del sistema democrático.
Informe sobre Argentina leído por el Dr. Daniel Dessein en la Reunión de medio año de la SIP, realizada en Punta Cana, abril de 2016.
