El miércoles 27 de abril, en la cena mensual de camaradería de Adepa Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian, exintegrantes del tribunal que juzgó y sentenció a las Juntas Militares de la última dictadura en 1985, coincidieron en destacar el valor de la reapertura de los juicios contra represores en 2003, pero advirtieron sobre la “inexplicable morosidad” para concluir con esas causas.
Para Arslanian, quizá eso se explique por la ausencia de una política o de una ingeniería judicial aplicada para dar soluciones. “El juicio a las Juntas –dijo- lo hicimos en menos de dos años, porque así lo habían pensado el expresidente Raúl Alfonsín y los juristas que lo asesoraban”.
Gil Lavedra, por su parte, señaló que la demora en el juzgamiento de las causas remanentes fue en realidad “una estrategia del kirchnerismo para montar un escenario político con los juicios, que no terminaran. O que se llevara a juicio a una misma persona por cinco, seis o siete hechos, en forma sucesiva. Esto es un dispendio enorme de recursos del Poder Judicial, cientos de contratos atrás, cientos de querellantes, el Estado pagándole a abogados de las víctimas. Una madeja para que no se terminara en tiempos oportunos, a partir de una visión sesgada del problema”.
Los dos juristas fueron los oradores invitados en la cena mensual de camaradería de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que se realizó anoche en el Claridge Hotel de la ciudad de Buenos Aires. El diálogo entre ambos fue moderado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la entidad, Carlos Jornet.
Respecto de la polémica en torno del número de desaparecidos durante la última dictadura militar, ambos exmagistrados también coincidieron en que la cifra de 30 mil víctimas cumplió una “función simbólica”.
“En el juicio –dijo Arslanian- dijimos que hubo cerca de 10 mil desaparecidos, aunque en el registro más certero, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cifra es de 7.700, aproximadamente, que es la que relevó la Conadep”. Gil Lavedra, en cambio, llevó el número a alrededor de 10 mil. “Esa es la cifra de quienes cobraron la reparación, y es difícil que hayan sido muchos más”, dijo.
Ante la presencia de directivos y editores de medios de todo el país e invitados especiales, los excamaristas coincidieron en recordar la incertidumbre que imperó durante los 232 días que duró el proceso judicial, que se transformó en uno de los mayores hitos de la historia argentina, tuvo impacto en todo el mundo y sentó las bases de la consolidación del período democrático iniciado en 1983, con la asunción de Alfonsín.
“El juicio de 1985 fue incierto desde el comienzo. Fue una empresa muy grande, magna. Correr el velo del pasado ominoso, mostrar qué cosas habían pasado en la Argentina, juzgar a los máximos responsables, contribuir al restablecimiento de democracia. No sabíamos si tantos buenos propósitos podían ser cumplidos. Veníamos de una tradición golpista. No sabíamos si ese que estábamos juzgando iba a ser el último golpe o era sólo un eslabón más de la cadena de asonadas militares. Eso nos ponía en una situación no tanto de miedo, pero sí de incertidumbre y zozobra. Sentíamos el peso de la responsabilidad y el desafío de la historia ante los que el presidente Alfonsín nos había puesto”, rememoró Arslanian.
Gil Lavedra señaló que la “nota característica de la época era la falta de certeza de lo que iba a ocurrir. Otros jueces me preguntaban si el juicio se iba a hacer en serio. No sabíamos si lo íbamos a poder controlar. Si hasta nos advirtieron que tapiáramos unos vitrales para evitar que actuaran francotiradores. Discutíamos todo; por ejemplo, sobre la presencia del público en las audiencias”. “Estábamos obsesionados por la posibilidad de llevar adelante el juicio –agregó-. La principal característica fue que respetamos al máximo las garantías, porque un traspié podía arruinar todo el proceso”.
En la introducción al diálogo, Jornet hizo un reconocimiento a los disertantes invitados y destacó que, a pesar de que la Argentina recuperó la democracia, aún padece «embates autoritarios» y soporta una frágil institucionalidad.
Los indultos
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó el decreto 158, mediante el cual ordenó abrir el proceso judicial que finalizó en 1985. Ese mismo día creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, que luego formaron parte de la prueba en el Juicio a las Juntas Militares, cuya primera audiencia pública fue el 22 de abril de 1985.
El 9 de diciembre del mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que integraban entre otros Arslanian y Gil Lavedra, leyó la sentencia a integrantes de las primeras juntas militares que gobernaron a partir de 1976 y que fueron declarados responsables de las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado del 24 de marzo de ese año.
Consultados sobre sus sensaciones personales respecto de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida votadas durante el gobierno de Alfonsín, que frenaron los juicios a los responsables de los crímenes, y de los indultos dictados por Carlos Menem que beneficiaron a los integrantes de las Juntas y a un grupo de exguerrilleros sentenciados por la Cámara Federal de San Martín, los exjueces plantearon diferencias entre las dos situaciones.
Arslanian dijo que las leyes fueron el fruto de una “extraordinaria presión sobre el presidente Alfonsín, en medio de levantamientos y exigencias que hicieron temer la posibilidad de hechos sangrientos”.
Este clima de intimidación –aseveró Arslanian- ponía en riesgo a la incipiente democracia. Los indultos de Menem fueron distintos, porque no había necesidad de tomar decisiones como las que se tomaron. “Eso fue una seria defección ética y un riesgo para una democracia que necesitaba de símbolos potentes y de recuperación en términos de institucionalidad”, sostuvo Arslanian, quien fue ministro de Justicia en el inicio del gobierno de Menem.
Gil Lavedra, exdiputado nacional y exministro de Justicia de Fernando de la Rúa, se expresó en los mismos términos que su colega. “Las leyes de impunidad me dolieron, como también le dolieron a Alfonsín, que dijo que fueron fruto de la necesidad. Los indultos sí fueron una opción política de Menem. Lamentablemente esto acalló las cosas una década pero no se pudo cerrar la herida. La soterraron durante una década, hasta que los militares pasaron a retiro y luego se reabrieron los juicios”.
“El indulto a los excomandantes –continuó Gil Lavedra- esterilizó todo el esfuerzo que hicimos, aunque luego comencé a pensar que no fue tan así; que a pesar de los indultos el juicio cumplió su función, fue parte de la transición democrática y sirvió para basar la democracia en el Estado de derecho y el respeto a la ley”.
Entre los invitados especiales a la cena de Adepa estuvieron Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional –quien vive exiliado desde hace un año en España-; la directora del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, y el presidente de Télam, Rodolfo Pousá.
