Dos hechos policiales sacudieron al país en las últimas semanas. Ambos tienen derivaciones judiciales y políticas cuyos alcances todavía no pueden ser precisados. Pero lograron ya el efecto de reivindicar el aporte del periodismo a la consolidación democrática.
La detención in fraganti de un exfuncionario cuando buscaba ocultar en un monasterio nueve millones de dólares, joyas y un arma, y la captura del sospechoso de haber ordenado el llamado triple crimen de General Rodríguez, aceleraron el accionar judicial en causas que hasta ahora avanzaban en forma muy lenta.
Algo similar había ocurrido en marzo último, cuando se conocieron los llamados “videos de La Rosadita”. Estos probaron lo que era un secreto a voces porque la prensa lo había advertido: el manejo de grandes sumas de dinero, al parecer obtenidas de forma irregular, por parte de personas muy cercanas al poder político de entonces.
Investigaciones periodísticas aportaron en su momento datos que, a pesar de su contundencia, fueron abiertamente descalificados por funcionarios del anterior gobierno y desestimados o minimizados con sospechosa celeridad por los jueces y fiscales con competencia en esos casos, algunos de ellos parientes o socios de los propios investigados.
El nuevo contexto político y el rechazo ciudadano a toda forma de impunidad abren ahora la esperanza de que el sistema judicial asuma en plenitud su responsabilidad de terminar con la corrupción.
No es esa la función del periodismo sino apenas exponer los hechos e instar a los poderes públicos a actuar cuando se conocen presuntas irregularidades. Ese rol social, reconocido en toda democracia consolidada, fue cuestionado y atacado de manera sistemática en la Argentina durante los últimos años.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) destaca la labor de aquellos periodistas y medios que, pese a las presiones sufridas, impulsaron la investigación de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y supuestos vínculos entre el narcotráfico y el financiamiento de campañas electorales.
Luego de tantos agravios, corresponde este reconocimiento a quienes no callaron pese a los ataques y las descalificaciones. A quienes no aceptaron presiones cuando muchos jueces y fiscales sí lo hacían. A quienes entendieron que el único compromiso válido para un periodista es con la búsqueda de la verdad.
A quienes sostuvieron su misión, conscientes de que el silencio y la complicidad son los peores enemigos de la transparencia. Y que la falta de esta acaba con la república.