En ocasión de celebrarse el 200º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) aprobó un documento alusivo, que se transcribe a continuación.
“Pocas fechas pueden conmover más el corazón cívico de los argentinos que la de este 9 de julio. Se cumple un aniversario rotundo: doscientos años del día en que los representantes de las Provincias Unidas declararon “la independencia de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli”. A petición de uno de los diputados, Pedro Medrano, agregaron más tarde: “…y de toda dominación extranjera”.
El grito revolucionario de libertad, proclamado seis años antes por el Cabildo de Buenos Aires, encontraba así, en eco compartido con otras provincias, la legitimación del acto insurreccional que se había ratificado en diversos instrumentos jurídicos posteriores, pero sin la consecuente declaración formal de independencia que en 1816 el general José de San Martín reclamaba con urgencia. La necesitaba a fin de entrar en batalla para liberar países hermanos bajo la protección de las leyes de guerra que amparaban a las tropas regulares de Estados legalmente constituidos.
La ley y la fuerza para continuar la guerra contra la potencia colonial en momentos en que a ésta la asistía la Europa reunificada por los acuerdos de la Santa Alianza, concertados tras la derrota definitiva de Napoleón. La ley y la fuerza para preservar un mínimo orden social y político, antes de que llegaran los años de la anarquía, en que se sumiría luego el país. La ley y la fuerza templadas en las consignas liberales y humanistas de la revolución norteamericana de 1776 y de su constitución de 1787, y en las ideas generales de la Ilustración, que habían puesto en 1789 fin a la monarquía absoluta y de supuesto origen divino en Francia; luego caerían otras. He ahí las bases históricas de la transición de nuestros pueblos hacia la condición ciudadana.
Faltaron a la convocatoria de Tucumán partes esenciales de la configuración nacional que nos enorgullece: Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, entonces bajo la influencia del caudillo oriental, José Artigas. Pero cómo no registrarlas, en estas circunstancias de la historia patria, por sus contribuciones a la organicidad del Estado argentino y por el carácter de testimonio de que aun los desencuentros más abismales, pueden encontrar remedio con el tiempo, el diálogo y el equilibrio institucional. Este bicentenario renueva, por lo tanto, viejas lecciones, que aspiramos a ver reflejadas en sus principios en el devenir inmediato, a través de la neutralización de los antagonismos políticos, sociales y culturales más recalcitrantes del presente.
Entre mayo de 1810 y julio de 1816, con todos los matices de ambigüedad inevitables en un Estado en construcción; con todas las dificultades, prevenciones y rémoras de un pasado que necesariamente debía superarse, hubo una sucesión de instituciones e instrumentos jurídicos coherentes con el ansia de libertad que prevalecía en lo que es hoy la Argentina. Quedaron registrados como tales aun antes de que comenzara el proceso de su reconocimiento internacional. Así ocurrió con decisiones sustanciales, desde la Primera Junta a la Asamblea General Constituyente de 1813, desde el Estatuto Provisorio de 1815 al Reglamento Provisorio de 1817.
Decía ese reglamento que todos los habitantes de nuestro suelo gozan del derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Son ésas también las notas distintivas del ordenamiento constitucional que nos rige, con sus reformas varias, desde 1853. Ya en 1817 nuestros representantes convenían, en el mismo congreso constituyente que un año antes había sancionado la independencia, que las personas disfrutan de la facultad de obrar cada una de ellas a su arbitrio, siempre que no se violen las leyes ni se dañen los derechos de terceros.
Si la asamblea de 1813 había declarado la libertad de vientres, el congreso que primero proclamó en Tucumán la independencia, y después continuó sus sesiones en Buenos Aires, perfeccionó aquél gran principio igualitario al disponer que “siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas prerrogativas y serán regidos por las mismas leyes”.
Los congresales de Tucumán, reunidos ya en Buenos Aires, sancionaron el 22 de abril de 1819 una constitución afectada por su unitarismo y los aires aristocráticos que campeaban en la modalidad establecida para la integración del Senado. Tuvo el valor, sin embargo, de haber sido una de las constituciones más adelantadas en el mundo en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos. Lo hizo con una amplitud llamativa para su tiempo; y en el terreno que concierne de manera directa a esta asociación nacional de diarios conocida desde su fundación, en 1962, como ADEPA, determinó que la libertad de publicar las ideas por la prensa “es un derecho tan apreciable al hombre, como esencial para la consumación de la libertad civil de un Estado”.
El congreso de la Independencia fue también, pues, el que anticipó el valor estratégico, respecto de todas las libertades individuales y colectivas, de los derechos de expresión y de prensa por los que vela, como objetivo central de su razón de ser, nuestra institución.
Celebramos así con júbilo el bicentenario del 9 de julio de 1816. Nos anima una vez más la esperanza de que las frustraciones vividas en diversas etapas de la nacionalidad como consecuencia de las restricciones padecidas para el ejercicio de libertades tan esenciales para la sociedad, no vuelvan nunca más a reiterarse. La firmeza de esa esperanza se nutre hasta de las más inmediatas y dolorosas experiencias de los últimos años. De ese ciclo, el periodismo independiente del país ha salido fortalecido en la pasión por el oficio y dignificado en la identidad que le reconoce la Nación”.