La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció que buscará coordinar acciones con organismos internacionales y entidades que defienden las libertades de expresión y de prensa, para intentar poner fin a la censura y a la represión que ejerce el gobierno cubano sobre toda voz disidente.
Después de una semana de reuniones remotas con periodistas, intelectuales, artistas, youtubers, sacerdotes católicos y abogados que defienden a procesados por el régimen castrista, la SIP remarcó que existe un panorama crecientemente restrictivo en el país. Denunció que luego de las protestas del 11 de julio se acentuó la represión contra el periodismo independiente a través de citaciones y detenciones arbitrarias, y también aumentaron las limitaciones a la libertad de expresión a través del Decreto 35, que criminaliza la opinión de los usuarios en las redes sociales.
La entidad remarcó la necesidad de que la prensa internacional continúe informando sobre lo que ocurre en la isla caribeña, ya que sólo de ese modo se podrá crear un blindaje efectivo para el periodismo independiente y mantener el foco de atención de la dirigencia mundial sobre el pequeño país en el que desde 1948 no se realizan elecciones libres.
La misión virtual de la SIP concluyó su trabajo con un documento en el que destaca que «el periodismo independiente de Cuba atraviesa su período más crítico en décadas», pero «al mismo tiempo vive su momento de mayor conexión con el pueblo y la responsabilidad histórica de reflejar un proceso de participación ciudadana inédito desde el comienzo de la dictadura socialista».
La ronda de conversaciones comenzó el pasado lunes 16, un mes después de que finalizaran las masivas protestas que reclamaron libertad en la isla.
El presidente de la entidad continental, Jorge Canahuati, destacó que, esta fue una de las pocas misiones que, siempre en formato virtual, pudo concretar la SIP a Cuba desde la llegada del comunismo al poder. Canahuati, presidente del Grupo OPSA, de Honduras, agregó que «es imperioso que la comunidad internacional exija el respeto de derechos humanos fundamentales en la isla y respalde la valentía de los periodistas independientes que arriesgan cada día su libertad».
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, explicó que «el objetivo fue conocer directamente de los protagonistas la realidad que se vive hoy en Cuba y debatir con ellos las acciones más adecuadas para contribuir a que se garantice la libre expresión y el debate ciudadano, reclamos centrales en los recientes episodios».
Jornet encabezó las conversaciones junto con el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Trotti, quien resaltó el papel que cumple hoy el periodismo independiente en la isla y destacó «el valor insoslayable de las redes sociales en la búsqueda permanente de los ciudadanos por espacios de libertad».
El documento final advierte que «el paradero de muchos detenidos (en las protestas que se iniciaron el domingo 11 de julio) no se conoce con certeza, ya que las autoridades no brindan información a los familiares y tampoco les permiten acercar alimentos ni visitar los centros de detención».
Agrega que se recibieron testimonios de encarcelamientos sin dar razones, condiciones de detención infrahumanas, hacinamiento aun con enfermos por Covid y un período de siete días en el que la persona detenida no puede siquiera comunicarse con sus familiares, pese a que las normas procesales permiten un llamado dentro de las primeras 24 horas.
Abogados defensores de detenidos también denuncian golpizas y laceraciones de muñecas en el momento de las detenciones y traslados. Los directivos de la SIP recibieron de periodistas mujeres denuncias de violencia de género, abuso sexual por excesos en los cacheos policiales, detenciones en celdas sin privacidad hasta para higienizarse y violencia en línea, por los comentarios que reciben en Facebook desde cuentas falsas.
Asimismo, hay advertencias sobre hackeos de cuentas y suplantación de identidad para realizar publicaciones en redes sociales que comprometen a los hackeados y eventualmente pueden dar lugar a denuncias penales.
Las protestas fueron potenciadas por la masificación del uso de las redes sociales, las cuales permitieron replicar las convocatorias a «no seguir callando» frente a los atropellos del régimen.
Ello explica que una de las primeras medidas dictadas por el gobierno luego de las protestas fue el dictado del decreto-ley 35, que busca regular el uso de las redes sociales e internet.
La norma cataloga como de peligrosidad muy alta a la subversión social o «pretender alterar el orden público, promover la indisciplina social».
El anuncio del decreto 35 y las escasas respuestas del gobierno a los reclamos de la gente llevan a varios de los entrevistados a ser poco optimistas sobre un cambio de fondo. «Lo único que funciona es la presión internacional, porque la dictadura quiere preservar seis décadas de impunidad», dijo una entrevistada por la misión de la SIP.
No obstante, todos sostienen que «ya nada volverá a ser como antes» y que «tarde o temprano habrá un cambio en Cuba, ya que la gente no tiene ya nada que perder». «Los jóvenes ya probaron el sabor de la libertad», fue una de las frases recogidas por los directivos de la SIP.
