“Durante la presente gestión se eliminaron muchas de las distorsiones heredadas y se generó un clima de mayor respeto al rol del periodismo. Es de esperar, en el marco del proceso electoral que vive el país, que esa tendencia sea profundizada en la futura administración, como así también que las diversas fuerzas políticas se comprometan en ello”, sostuvo ayer la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en su informe semestral sobre la situación de la prensa en el país.
El informe fue aprobado por los miembros de Adepa, reunidos en Mar del Plata para las deliberaciones de la 169ª Junta de Directores. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Daniel Dessein, fue el encargado de dar a conocer el texto, donde además se señala: “El vigente respeto por las libertades tiene como contracara una fragilidad inédita de la industria periodística nacional, que reconoce como punto de partida el colapso institucional y económico de 2001. Al cambio de paradigma de la industria a nivel global, se suma el estancamiento de la economía argentina desde 2011, con la recesión que afecta al país desde hace casi un año”.
A continuación el informe completo:
INFORME DE LA COMISIÓN DE LIBERTAD DE PRENSA
Mar del Plata, 4 de abril de 2019
La Argentina, como muchos otros países de América Latina, registra en su historia una amplia gama de ataques al derecho a la información. En años recientes, experimentamos embates tradicionales combinados con mecanismos solapados de censura a la crítica.
Durante la presente gestión se eliminaron muchas de las distorsiones heredadas y se generó un clima de mayor respeto al rol del periodismo. Es de esperar, en el marco del proceso electoral que vive el país, que esa tendencia sea profundizada en la futura administración, como así también que las diversas fuerzas políticas se comprometan en ello.
El respeto a las libertades por parte del actual gobierno tiene como contracara una fragilidad inédita de la industria periodística nacional, que reconoce como punto de partida el colapso institucional y económico de 2001. Al cambio de paradigma de la industria a nivel global, se suma el estancamiento de la economía argentina desde 2011, con la recesión que afecta al país desde hace casi un año.
Ese cambio de paradigma y el contexto económico descripto han puesto en riesgo la subsistencia de muchos medios. Por la misma causa, se registra una caída abrupta de la publicidad privada y un alza de insumos dolarizados de la mano de la devaluación de la moneda nacional.
El recorte de la publicidad estatal nacional en un 75%, medida destacada por varios funcionarios, tiene un efecto en la crisis del sector que requiere una readecuación gradual de las variables que maneja el Poder Ejecutivo. Otro tanto sucede en numerosas provincias y municipios.
El Congreso nacional ha brindado un alivio importante a la industria con la modificación, sancionada en diciembre pasado, de las alícuotas de IVA para medios de comunicación. Algunas iniciativas que proponen otorgar a medios un porcentaje de los fondos de campaña, presentadas en el marco del debate sobre financiamiento político, ofrecerían una amortiguación suplementaria a la crisis que sufren las empresas periodísticas. Estas propuestas, que buscan equilibrar tácticas electorales apoyadas en una creciente inversión en redes sociales, implican un reconocimiento a la función estratégica del periodismo como dinamizador de la democracia.
En estos días vemos cómo el Parlamento europeo, a través de la flamante directiva sobre derechos de autor, fija un límite a las compañías tecnológicas que se nutren de producción ajena. Las empresas digitales más afectadas por la medida, si bien la resisten, hablan ahora de una «regulación inteligente» o de la necesidad de actualizar las reglas de internet, como afirmó el pasado sábado Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook; por cierto, en una nota en un diario.
Nuestro país cuenta con legislación, jurisprudencia y desarrollo doctrinario con altos estándares de protección de la libertad de prensa. No obstante, la revolución digital introduce nuevos paradigmas y desafíos que desbordan los esquemas concebidos hasta ahora. Nuestra Constitución y nuestra tradición judicial contemplan una defensa efectiva contra ataques clásicos al periodismo y un freno a las restricciones a la libertad de prensa a través de la vía legislativa. En la misma línea de la Primera enmienda estadounidense. Pero, como planteó ante el Congreso de Estados Unidos el director de la News Media Alliance, la organización más representativa de la prensa de ese país, “actualmente los reguladores de hecho son las tecnológicas y no los congresistas».
En nuestro país, hay legisladores que advierten la nueva configuración del escenario contemporáneo y los riesgos que se expanden para la democracia. La pérdida de estado parlamentario de la «ley de intermediarios» es una señal de esa comprensión.
Recordábamos, en una declaración anterior de Adepa, la consistente jurisprudencia y doctrina -como la de la real malicia- que proporcionan un escudo protector a la libertad de prensa. Se acumulan, sin embargo, preocupantes fallos de primera instancia que desconocen esta tradición jurisprudencial y nuestros hitos doctrinarios.
El ecosistema digital presenta muchos retos. Durante el último semestre se registraron los primeros dos casos del denominado «derecho al olvido», acogidos por la Justicia en nuestro país. Jueces ordenaron, en dos fallos advertidos oportunamente por Adepa, la desindexación de contenidos, que son medidas que atentan contra el derecho a la información.
La proliferación de ataques contra periodistas y medios en la web forma parte de la extendida contaminación del entorno digital. En un año con una extraordinaria actividad electoral, la multiplicación de campañas de deslegitimación contra la prensa y la diseminación de noticias falsas podrían afectar un presupuesto democrático esencial, como es una ciudadanía informada.
El oficio periodístico recibe renovados cuestionamientos. En el caso de la presunta extorsión a un empresario agropecuario que se imputa al falso abogado Marcelo D´Alessio, hubo sectores que pretendieron desacreditar el legítimo uso de fuentes por parte de periodistas. Ellos pueden cometer errores en su ejercicio profesional, pero estos errores no deben ser confundidos con relaciones espurias ligadas a eventuales delitos de sus fuentes. El caso presenta puntos oscuros vinculados al mundo de los servicios de inteligencia, desde donde se impulsaron gravísimas intimidaciones, persecuciones e injerencias en la labor profesional o en la vida privada de periodistas. La opacidad del caso no justifica el evidente propósito, proveniente de ciertos sectores, de invalidar la llamada «causa de los cuadernos». Causa derivada de una notable investigación periodística que puso el foco en la mayor trama de corrupción de nuestra historia.
Otro caso de extrema gravedad es la denuncia de Impreba, la editora del matutino Diario Popular, que corre riesgo de sufrir un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio de la empresa a raíz de un arbitrario reclamo judicial de un particular por honorarios jurídicos, y a partir del intento de aplicar fórmulas de determinación de deuda alejadas de la realidad económica. Es preocupante, en tanto puede amenazar la continuidad de un medio periodístico y el mantenimiento de numerosas fuentes de trabajo.
Muchas democracias modernas reconocen el papel irremplazable que juega el periodismo en la descontaminación digital y en la regeneración del debate público. Se trata de una cuestión de vital importancia para nuestras perspectivas institucionales. Algunos ya lo advierten. Es, todavía, una materia cuyo abordaje está pendiente para buena parte de la dirigencia y de la ciudadanía en general.
