La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) hace un urgente llamado a los poderes del Estado a que adopten sin demora las medidas necesarias para detener los episodios de violencia contra medios de comunicación e instituciones públicas y privadas que se vienen registrando en distintos puntos del país, con el inaceptable pretexto de sus autores de no compartir posiciones u opiniones expresadas por aquellos.
Es absolutamente repudiable que en democracia se produzcan escaladas violentas frente a cualquier disidencia en el debate público. Suena redundante tener que recordar, a casi 40 años de la recuperación democrática en el país, principios tan elementales como la resolución pacífica de conflictos, la necesidad de un debate racional y argumentado, el respeto a las instituciones y los poderes públicos, y el ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales.
Nunca el derecho a manifestarse o a expresarse puede restringir ese mismo derecho en otra persona. Ni tampoco afectar otros derechos como la libertad de prensa, la de trabajar o la integridad física de periodistas y medios de comunicación.
El gravísimo atentado incendiario contra el diario El Chubut cruza un nuevo y peligroso límite en una luctuosa escalada que se había iniciado a principios de este año con la patota que causó destrozos en la sede del diario Río Negro, y continuado hace un mes cuando la sede del diario Clarín fue atacada con bombas molotov.
Que manifestantes anti-minería hayan vandalizado e incendiado un diario por haber expresado posiciones con las que disienten; que lo hayan hecho sin que las fuerzas estatales hayan actuado con la firmeza necesaria para impedir los hechos y detener de inmediato a los autores; que lo hayan perpetrado con el diario en funcionamiento y periodistas trabajando en su redacción, son muestras de una fuerte degradación de la convivencia democrática. Síntomas de una cultura de anomia e impunidad que no sólo debe ser condenada sino erradicada, para restablecer el orden público y el diálogo democrático.
En nada ayudan a restablecer estos valores las alusiones estigmatizantes contra medios y periodistas por parte de altos funcionarios públicos, que han llegado a comparar las críticas periodísticas con las botas de las dictaduras militares. O las amenazas de perseguir judicialmente a periodistas que hicieron su trabajo, que no es otro que el de investigar e informar a la sociedad sobre temas de interés público que permanecían ocultos.
Necesitamos recuperar de verdad el respeto por quien piensa distinto, aunque nos moleste. Necesitamos que los tres poderes del Estado garanticen el más pleno ejercicio del derecho a expresarse y opinar libremente, sin que ello traiga aparejadas consecuencias indeseadas ni represalias inaceptables. Necesitamos eliminar de raíz y sancionar cualquier tipo de violencia como forma de resolver los conflictos. Y necesitamos recuperar el debate argumentado, racional y basado en hechos, como el que intenta expresar el periodismo profesional, para encontrar una síntesis que nos permita abordar los grandes desafíos nacionales.