Tucumán, 11 de septiembre de 2026
Durante su 64ª Asamblea anual, que se desarrolla en la ciudad de Tucumán, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral de Libertad de Prensa, en el que advierte sobre dos desafíos centrales para el periodismo y la democracia: el impacto de la inteligencia artificial y la apropiación de contenidos periodísticos, por un lado, y el deterioro del debate público y las restricciones al ejercicio profesional, por otro.
El documento, elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa y leído por su presidente, Daniel Dessein, sostiene que la transformación tecnológica y la inteligencia artificial deben ser abordadas como desafíos estructurales para el futuro del periodismo. En particular, advierte sobre el uso indiscriminado de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin la debida compensación a sus creadores.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático”, señala el informe. Y agrega que las nuevas reglas del entorno digital deben garantizar un equilibrio que permita reconocer el valor del trabajo intelectual de quienes producen información verificable.
ADEPA también vinculó esta problemática con la sustentabilidad económica de los medios. En un mercado publicitario fragmentado, en el que las grandes plataformas concentran buena parte de los recursos, la entidad considera que la viabilidad de un periodismo independiente requiere un ecosistema competitivo y transparente, sin distorsiones derivadas de posiciones dominantes.
En este contexto, ADEPA reafirmó que defender la libertad de prensa implica también garantizar la existencia de redacciones sólidas, medios sostenibles y voces locales capaces de contribuir a una democracia plural. Frente a la expansión de la desinformación, la polarización y los contenidos de impacto, el periodismo conserva, según el documento, un papel irremplazable: verificar los hechos, investigar, contextualizar, ofrecer una mirada editorial independiente y construir confianza.
El deterioro del debate público
El informe también expresa preocupación por el deterioro del debate público durante los últimos seis meses y advierte sobre la reiteración de agravios y descalificaciones contra el periodismo desde posiciones de poder.
ADEPA recordó que toda persona, y naturalmente todo funcionario, tiene derecho a cuestionar una información, desmentirla, aportar pruebas, exigir una rectificación o recurrir a los mecanismos legales existentes. Pero señaló que es diferente postular medidas destinadas específicamente a “castigar” publicaciones periodísticas consideradas falsas por las propias autoridades.
En ese sentido, la entidad manifestó su preocupación por las declaraciones del Ministro de Economía de la Nación, del 25 de agosto, quien sostuvo, ante una publicación periodística que consideró falsa, que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. El planteo fue respaldado públicamente por el Presidente de la Nación.
ADEPA advirtió que una legislación de esas características podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público.
El informe también cuestionó un episodio ocurrido días después, cuando el Presidente de la Nación, durante una exposición ante alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires, alentó manifestaciones de hostilidad hacia los periodistas. ADEPA consideró especialmente significativo el hecho por haberse producido ante adolescentes y en un establecimiento educativo, con la investidura presidencial comprometida.
La multiplicación de los agravios
ADEPA relevó asimismo la magnitud de los ataques contra la prensa en las redes sociales. Durante una sola semana de agosto —entre el 17 y el 23— se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. En esos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación.
La entidad remarcó que los medios y periodistas pueden equivocarse y deben rendir cuentas ante sus audiencias y ante la ley, pero subrayó que existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen.
“Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”, sostiene el informe.
Restricciones al acceso a las fuentes
Otro de los aspectos señalados por ADEPA fue la aparición de distintas restricciones al acceso periodístico a fuentes oficiales.
La entidad recordó su preocupación, manifestada en abril, por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y por restricciones similares informadas en ámbitos de la Cámara de Diputados y del Ministerio de Economía. Semanas después, ADEPA expresó su “máxima preocupación” ante la decisión de restringir de manera general el ingreso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno.
El informe subraya que el acceso físico de los periodistas a los lugares donde se produce la información no constituye un privilegio corporativo, sino una condición para preguntar, observar, contrastar versiones, acceder a distintas fuentes y producir información propia.
También se cuestionó una resolución del Ministerio Público de San Juan que establecía restricciones para el contacto de sus funcionarios con periodistas y concentraba las consultas en una única autoridad. ADEPA advirtió que este tipo de mecanismos puede producir un efecto inhibitorio sobre fuentes y periodistas y conducir a un monopolio oficial de la información.
Decisiones judiciales y libertad de expresión
El informe destacó, al mismo tiempo, distintos pronunciamientos judiciales que durante el semestre contribuyeron a preservar garantías vinculadas con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Entre ellos, la Cámara de Apelación de San Isidro revocó, en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas, al considerar que podían constituir restricciones profesionales indeterminadas y potencialmente censuradoras.
ADEPA también destacó el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro en la causa vinculada con Marcelo D’Alessio, en un pronunciamiento que reafirmó la protección de la prensa y el secreto de las fuentes.
Asimismo, la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la desindexación de publicaciones sobre denuncias de abuso sexual contra un director teatral posteriormente absuelto, al considerar que la medida podía constituir censura.
Finalmente, la entidad valoró la decisión de restituir provisoriamente las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas, reconociendo la relevancia de las redes sociales como herramientas esenciales para informar y contactar fuentes.
Preservar un ecosistema plural
En su conclusión, ADEPA sostuvo que los distintos episodios analizados tienen protagonistas y características diferentes, pero que, considerados en conjunto, permiten advertir una tendencia que merece atención.
La entidad señaló que las democracias contemporáneas enfrentan un escenario de polarización, fragmentación de las audiencias y pérdida de referencias compartidas. En ese contexto, reconoció que las redes sociales amplían la capacidad de ciudadanos y funcionarios para cuestionar rápidamente la información periodística y exponer sus errores, algo que puede contribuir a la rendición de cuentas de los propios medios.
Pero advirtió que “la democratización de la crítica no debe confundirse con la legitimación del hostigamiento”.
ADEPA sostuvo que no corresponde pedir silencio a los funcionarios, sino que estos ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano. Del mismo modo, señaló que el periodismo no puede reivindicar una condición de infalibilidad: los medios deben corregir errores, transparentar sus procedimientos, escuchar a sus audiencias y asumir las consecuencias establecidas por las leyes cuando vulneran derechos de terceros.
“Pero la respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, afirmó la entidad.
ADEPA concluyó que preservar un ecosistema plural exige responsabilidades de todos: de los medios, profesionalismo, rigor y transparencia; de los poderes públicos, tolerancia frente a la crítica y respeto por el papel institucional de la prensa; de la Justicia, especial prudencia ante cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura; y de toda la dirigencia, conciencia sobre las consecuencias que pueden tener las palabras pronunciadas desde posiciones de poder.
En definitiva, el informe vincula directamente el deterioro del debate público con la apropiación indiscriminada de contenidos por parte de los sistemas de inteligencia artificial: ambos fenómenos implican una pérdida de valor de la información profesional y de las condiciones que permiten producirla y discutirla democráticamente.
“Defender la libertad de prensa exige, por lo tanto, proteger tanto la palabra de quienes informan como el valor de aquello que producen”, concluye ADEPA.
