El informe elaborado por el Comité de Personas Expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia, cuyo principal objetivo es garantizar la protección de los menores en el entorno digital, dedica parte de sus conclusiones a analizar el papel de los medios de comunicación en la configuración de este espacio. El análisis pone de relieve tanto las oportunidades como los riesgos asociados a la relación de los menores con los contenidos mediáticos.
El informe señala que los medios de comunicación y las redes sociales pueden actuar como canales de legitimación y amplificación de discursos de odio dirigidos contra grupos vulnerables, incluidos niños y adolescentes.
Según el documento, promover estos discursos desde instituciones públicas o medios contribuye a su normalización, lo que lleva a su reproducción en redes sociales, entornos educativos y espacios públicos.
En este contexto, la encuesta europea “Speak Out” revela que un 70% de las personas LGTBI+ ha sufrido discursos de odio en redes sociales en los últimos cinco años, incluyendo amenazas de agresión física, sexual e incluso de muerte. Este fenómeno afecta de forma directa a la infancia y adolescencia al exponerlos a contenidos que degradan la convivencia y fomentan actitudes discriminatorias.
La responsabilidad de los medios en la difusión de estereotipos
Otro punto destacado en el informe es la influencia que los medios ejercen al perpetuar estereotipos negativos sobre los menores. En particular, se subraya cómo niños y adolescentes son presentados en ocasiones desde una perspectiva adultista o discriminatoria, lo que genera exclusión social y prejuicios intergeneracionales. Este enfoque puede verse reforzado por narrativas estandarizadas en los medios tradicionales y las plataformas digitales.
El informe cita ejemplos específicos, como la falta de representaciones adecuadas de la diversidad infantil y juvenil, y la tendencia a utilizar estereotipos que reducen la percepción de las capacidades y derechos de estos grupos.
El documento resalta la necesidad de una alfabetización mediática e informacional (AMI) para preparar a niños y adolescentes frente a los desafíos que plantean los contenidos de los medios y las redes sociales. Según el análisis, incluir competencias de pensamiento crítico en los programas educativos no solo ayudará a combatir la desinformación, sino que también fomentará una relación más saludable con los contenidos mediáticos.
Entre las propuestas concretas se encuentra la creación de programas que enseñen a los menores a identificar noticias falsas, evaluar la credibilidad de las fuentes y entender los impactos de la manipulación informativa. Esto, afirma el informe, permitiría a los medios colaborar activamente en el empoderamiento digital de las nuevas generaciones.
El informe destaca la importancia de que los medios participen en campañas de sensibilización que promuevan el uso responsable de las tecnologías digitales y el respeto a los derechos de los menores. Ejemplos de iniciativas exitosas incluyen colaboraciones con instituciones como UNICEF, en proyectos como «Un móvil es más que un móvil», diseñados para ayudar a las familias a gestionar el acceso de los menores a dispositivos digitales.
Además, se hace un llamamiento a los medios para que adopten una autorregulación más estricta en relación con los contenidos que puedan ser perjudiciales para los menores, desde la protección frente a discursos de odio hasta la limitación de acceso a materiales inadecuados.
Por último, el informe subraya la necesidad de que los medios refuercen su compromiso ético para contribuir a un entorno digital más seguro y accesible. Este compromiso incluye diseñar estrategias informativas que reduzcan la violencia simbólica y promuevan valores de inclusión y diversidad.
El Comité de Personas Expertas concluye que el impacto de los medios en la configuración del entorno digital es significativo y que su papel debe evolucionar hacia un modelo que proteja activamente a los menores. Para ello, se requieren alianzas entre instituciones públicas, medios de comunicación y la sociedad civil que permitan una regulación efectiva y un compromiso ético con los derechos digitales de la infancia y adolescencia.
