Miami (28 de julio de 2025) – El Estado colombiano reconoció públicamente su responsabilidad internacional en el caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, asesinados el 24 de abril de 1991, en un acto realizado el viernes en Bogotá, que reunió a familiares, autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que representó a las familias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañó este proceso durante más de una década y valoró este avance como un paso positivo en la búsqueda de justicia. Andrés Mompotes, vicepresidente regional para Colombia de la SIP y director general del diario El Tiempo, tuvo a su cargo una intervención que puso en palabras el dolor, la memoria y la esperanza de una comunidad periodística golpeada, pero no vencida.
«Nos reunimos para dar testimonio de un paso importante en la búsqueda de justicia: el reconocimiento por parte del Estado colombiano de su responsabilidad internacional en un crimen que nunca debió ocurrir y cuya impunidad ha durado más de tres décadas», expresó Mompotes.
«Julio Daniel y Jorge Enrique encarnaban el periodismo valiente, el que se atreve a ir donde otros no quieren ir, el que busca comprender la raíz del conflicto para contarlo con sensibilidad y rigor. Murieron cumpliendo su deber, y sus muertes representaron un golpe devastador para el periodismo colombiano».
Durante años, el caso estuvo marcado por la inacción institucional, las versiones contradictorias y el olvido. No fue sino hasta 2021 que la CIDH admitió la petición presentada por las familias y la SIP, abriendo el camino hacia una solución amistosa firmada este mes entre las víctimas, el Estado, la SIP y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
El acto -al que se puede acceder a través de este enlace– también sirvió como un espacio de memoria para honrar y reivindicar el legado periodístico de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres. Janet Alexandra Torres Mora, hija del reportero gráfico asesinado, evocó con emoción la sensibilidad y el talento de su padre: «Jorge Enrique Torres Navas fue un periodista de profesión, pero un reportero gráfico, fotógrafo de corazón. Nunca necesitó una palabra para transmitir su arte, su sensibilidad. Fueron millones de capturas, disparos uno a uno y ráfagas, de esos que sí deben existir. Y de fotografías que hicieron parte de su labor y de su vida cotidiana y familiar. Es increíble cómo se pudo detener el tiempo en cada fotografía, cómo pudo grabar un instante y dejar esa sensación en su trabajo».
Por su parte, Daniel Chaparro Díaz, hijo del cronista, lamentó la manera en que el trabajo periodístico de ambos fue ignorado a lo largo del proceso judicial: «Nunca se supo qué periodismo hacían esos dos reporteros, nunca les interesó. No les sigue interesando, no lo siguen viendo y no podemos seguir esperando a que lo hagan. El esclarecimiento de los asesinatos de periodistas requiere de movimiento, de articulación y un despertar que no estamos teniendo, pero que nos llama en una región en la que nos cesan de matar a periodistas», expresó con firmeza.
La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodon, asumió el reconocimiento en nombre del Estado. «Reconocemos que durante décadas este crimen permaneció en la impunidad, negando justicia a sus familias, a sus colegas de la prensa y a toda la sociedad colombiana. Este acuerdo es un gesto de responsabilidad y de voluntad política para reconocer el daño causado y avanzar con decisión en los procesos de reparación a las víctimas».
La ministra anunció además una serie de medidas reparatorias que incluyen el seguimiento a las investigaciones penales, mecanismos de indemnización, la creación del Premio Honorífico Regional Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas en las categorías de crónica y fotografía, y un mural conmemorativo en Bogotá.
Mompotes también resaltó el rol de la CIDH y de las organizaciones que mantuvieron vivo el caso: «La Comisión Interamericana ha sido clave en este proceso. Gracias a su acompañamiento, las familias encontraron un canal para ser escuchadas, para exigir respuestas y para visibilizar un caso emblemático de la violencia contra la prensa».
El directivo de la SIP fue enfático al recordar que el asesinato de un periodista no afecta solo a la víctima o a su familia: «Cuando se mata a un periodista por contar la verdad, no solo se silencia una voz. Se priva a toda la sociedad de una mirada crítica, de una historia que necesitaba ser contada. Y cuando ese crimen queda impune, se establece un mensaje terrible: que es posible callar la verdad sin consecuencias. Ese mensaje alimenta nuevos ataques, debilita a las instituciones y envalentona a los enemigos de la libertad».
Por su parte, Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), recordó que esta lucha no solo es por justicia, sino por preservar el valor simbólico de la memoria: «La ausencia de Julio Daniel y de Jorge no es una pérdida solo para sus seres queridos. Es una pérdida para el país. Es una verdad que no llegó a tiempo. Y, sin embargo, esa verdad sigue buscando su lugar».
«La impunidad no es un destino. Es una elección. Y combatirla exige voluntad política, compromiso institucional y presión social», concluyó Mompotes. «Que el legado de estos periodistas inspire a quienes siguen ejerciendo el oficio. Que su memoria nos recuerde que informar es una forma de servir. Y que la justicia, aunque tarde, puede —y debe— llegar».
