El 16 de abril, la Comisión Europea remitió a Google sus conclusiones preliminares sobre las medidas que debe adoptar para cumplir la Ley de Mercados Digitales. La exigencia central es clara: el buscador debe abrir sus datos de búsqueda a los motores rivales en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Google lo llama una extralimitación. Bruselas lo llama cumplir la ley. Para los medios, lo que está en juego va mucho más allá de una disputa entre tecnológicas.
La Ley de Mercados Digitales lleva años prometiendo cambiar las reglas del ecosistema digital europeo, y ahora ha dado uno de sus pasos más concretos. La Comisión Europea ha enviado a Google sus conclusiones preliminares sobre el expediente abierto en enero, en el que se investiga si la compañía está cumpliendo con sus obligaciones como guardián de acceso en lo relativo al intercambio de datos de búsqueda con terceros. La respuesta provisional de Bruselas es que no las está cumpliendo, y que debe hacerlo.
La exigencia es precisa. Google deberá permitir que los motores de búsqueda de terceros accedan a datos clave generados por su buscador: consultas de los usuarios, posiciones en el ranking, métricas de clics y visualizaciones, y datos procedentes de chatbots con funcionalidades de búsqueda conversacional. El acceso deberá producirse en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. El objetivo declarado de la Comisión es que los competidores de Google Search puedan optimizar sus servicios y competir en pie de igualdad, sin depender de la voluntad de quien controla la infraestructura.
Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de competencia, lo ha resumido con contundencia: «Los datos son una aportación clave para la búsqueda online y para el desarrollo de nuevos servicios, incluida la inteligencia artificial. No permitiremos prácticas que arriesguen el cierre de mercados o limiten las opciones».
Google contraataca: privacidad como argumento
La reacción de Google no se ha hecho esperar. La compañía califica la petición de Bruselas de «extralimitación» que supera «con creces el mandato de la DMA» y anuncia que seguirá defendiéndose en el procedimiento. Su argumento central apela a la privacidad: compartir datos de búsqueda con terceros, aunque sea de forma anonimizada, implicaría transferir a sistemas con protecciones «peligrosamente ineficaces» información sobre las consultas más sensibles de cientos de millones de ciudadanos europeos —salud, finanzas, situaciones personales delicadas.
No es un argumento menor, y Bruselas tendrá que abordarlo con rigor en la decisión definitiva. Pero tampoco es nuevo: la privacidad ha sido históricamente el escudo detrás del que las grandes plataformas han resistido las exigencias de apertura. La Comisión, que ya ha recorrido ese camino con Apple y Meta —ambas declaradas incumplidoras de la DMA en abril de 2025 y multadas con 500 y 200 millones de euros respectivamente—, no parece dispuesta a retroceder.
Las partes interesadas tienen hasta el 1 de mayo para presentar observaciones sobre las conclusiones preliminares. La decisión vinculante está prevista para julio. Si se confirma el incumplimiento y Google no adapta su comportamiento, la compañía se expone a multas de hasta el 10% de su facturación global anual. Para Alphabet, la matriz del buscador, eso supone cifras que ningún departamento legal puede tratar como un coste menor.
Lo que hay detrás del dato de búsqueda
Para entender por qué este expediente importa más allá de la disputa regulatoria entre Bruselas y una tecnológica estadounidense, hay que entender qué es exactamente un dato de búsqueda y por qué vale tanto.
Cada vez que un usuario teclea una consulta en Google, la interacción genera información sobre qué se buscó, en qué orden aparecieron los resultados, en qué resultado se hizo clic y cómo se mostró la respuesta. Multiplicado por miles de millones de consultas diarias a lo largo de décadas, ese flujo de datos constituye el activo más valioso del ecosistema digital: el mapa más detallado jamás construido sobre cómo los seres humanos buscan, necesitan y consumen información.
Ese mapa es también la materia prima esencial para entrenar y mejorar los sistemas de inteligencia artificial con funciones de búsqueda. Quien lo controla en exclusiva tiene una ventaja estructural que ningún competidor puede replicar desde cero, independientemente de su capacidad tecnológica o de su inversión en investigación. La DMA parte de la premisa de que esa ventaja, cuando se ejerce sin límites, no es una consecuencia natural del mérito sino un cierre artificial del mercado.
La dimensión editorial del expediente
Para los medios, este expediente tiene una dimensión que va más allá de quién gana la batalla entre buscadores. El acceso de terceros a los datos de Google Search —incluyendo los generados por chatbots con funciones de búsqueda— afecta directamente a cómo se construyen y se mejoran los sistemas de IA que hoy compiten con el tráfico editorial.
No es un detalle menor que entre los datos cuyo acceso reclama Bruselas figuren explícitamente los generados por chatbots con funcionalidades de búsqueda. Es el reconocimiento regulatorio de que los asistentes conversacionales ya son, a efectos prácticos, motores de búsqueda. Y que las reglas que rigen el acceso a los datos de esos motores son relevantes para la competencia en el conjunto del ecosistema informativo.
Además, Google no llega a este expediente desde una posición cómoda en su relación con los editores. Lleva semanas enfrentando una demanda del Consejo Europeo de Editores de Medios por el impacto negativo de sus resúmenes de IA sobre el tráfico editorial, y está en negociaciones con la Comisión para esquivar sanciones por su posición dominante en tecnología publicitaria. El cuadro regulatorio que rodea al buscador es, en este momento, extraordinariamente complejo.
Europa construye una doctrina
Lo que está ocurriendo con Google no es un caso aislado. Es parte de un patrón regulatorio que Europa está construyendo con consistencia: las plataformas que actúan como guardianes de acceso —que controlan infraestructuras de las que dependen otros actores del ecosistema digital— tienen obligaciones específicas que no pueden eludir apelando a su modelo de negocio o a argumentos de privacidad formulados de forma conveniente.
El precedente del GDPR mostró que cuando Europa regula con convicción, el efecto trasciende sus fronteras. La DMA tiene el potencial de replicar ese impacto en el mercado digital. La pregunta no es si Google acabará cumpliendo. La pregunta es en qué condiciones lo hará, y si esas condiciones llegarán a tiempo para cambiar algo sustancial en un ecosistema donde la ventaja acumulada durante décadas es difícil de deshacer con una decisión regulatoria, por bien fundamentada que esté.
Para la AMI y los medios españoles, el expediente merece seguimiento estrecho. Lo que Bruselas decida en julio sobre los datos de búsqueda de Google no es solo una cuestión de competencia entre tecnológicas. Es una decisión sobre quién controla la infraestructura de la información en Europa, y en qué condiciones los medios pueden participar en ese ecosistema en términos que no sean los de la subordinación permanente.
