Como parte de las actividades por la reunión de medio año de la SIP, referentes de la industria periodística de Europa, Canadá y Argentina, y del ámbito político de Uruguay participaron en un panel para analizar la puesta en vigencia de la normativa aprobada en Australia. Los oradores hablaron de los cambios que podrían darse a partir de la existencia de este código en las negociaciones entre las editoras y los gigantes tecnológicos a nivel mundial, y de las posibilidades para que el debate se extienda a América Latina.
En el marco de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el jueves 22 de abril se desarrolló un panel virtual sobre el impacto de la ley australiana, aprobada en febrero, para que las plataformas -especialmente Facebook y Google- les paguen a los medios de comunicación por difundir sus contenidos de noticias. El encuentro se tituló “Australia y el futuro de los medios” y participaron Angela Mills Wade, directora ejecutiva del European Publishers Council (Bélgica); Javier Díaz de Olarte, director del Departamento Jurídico del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Florian Nehm, director de Asuntos Públicos de la Unión Europea en Axel Springer (Alemania); John Hinds, presidente y CEO de News Media Canadá; y Sebastián Da Silva, senador uruguayo del Partido Nacional.
La charla fue moderada por Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y titular de la Comisión de Asuntos Legales de la SIP. Etchevers dio el punto de partida de la conversación al afirmar que la SIP viene sembrando el camino de la discusión para que las grandes plataformas tecnológicas reconozcan y compensen económicamente a los medios por el uso de sus contenidos.
En ese sentido, marcó como “hito” al contenido del artículo 12 de la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, aprobada en 2018 durante la 74ª Asamblea General de la SIP. “En este artículo estaban anticipadas las dos grandes tendencias que veremos en esta charla respecto de la protección de los contenidos de los medios en el ecosistema digital, tanto del tema del copyright como de la defensa de la competencia”, puntualizó Etchevers.
Durante sus presentaciones, los panelistas pusieron en contexto el tema en cada una de sus regiones y en el ámbito que representan.
En Europa, los primeros países en incorporar a su legislación una norma para proteger los derechos de autor ante el avance de las plataformas fueron Alemania y España. Tras años de debate, el Parlamento Europeo aprobó en 2019 la nueva Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Francia fue el primer país en implementar los derechos de los publishers. “Los países miembro de la Unión Europea tienen hasta el 7 de junio de este año para implementar la nueva ley, aunque creo que algunos se demorarán un poco más”, señaló Angela Mills Wade.
La directora ejecutiva del European Publishers Council dijo que la experiencia en Francia es “un buen indicio de lo reacias que están las plataformas tecnológicas a la hora de jugar limpio con las negociaciones entre ellos y los publishers”.
Con los antecedentes a nivel mundial y al ver lo difícil que se había hecho hacer cumplir las leyes de derechos de autor en su propio país, los australianos le pidieron a su autoridad de la competencia que desarrollara un código de conducta para abordar los desequilibrios en el poder de negociación entre las plataformas -como Google y Facebook- y las organizaciones periodísticas más importantes. Así fue como el Parlamento australiano aprobó una ley que les permite a las empresas de noticias negociar en bloque con las plataformas el contenido que aparece en las redes sociales y en resultados de búsqueda.
Para Wade, “el gran genio en el código australiano es la amenaza del arbitraje” por la Autoridad de Medios y Comunicaciones de Australia para hacer cumplir las negociaciones: “Es un límite que incentiva los negocios comerciales porque un árbitro gubernamental podría decidir el precio final que las plataformas tendrían que pagar a los publishers en caso de que no se pudiera llegar a un acuerdo comercial independientemente”.
Si bien el caso australiano puede representar un punto de inflexión de cara a las negociaciones que podrían darse en otras partes del mundo, Wade dijo que debería mirarse “con cierta cautela”, dado que en Australia las negociaciones no terminaron “porque están tratando todavía de incluir a las organizaciones informáticas más pequeñas”.
Igualmente, Wade resaltó: «Estamos en una larga travesía a un mercado más justo. El hecho de que Google y Facebook estén negociando con los publishers, especialmente en los países donde están enfrentándose con los retos jurídicos más importantes y recientes, demuestra que el abordaje regulatorio sí está funcionando, aunque no de manera perfecta”.
La movida australiana ya tuvo repercusiones en Europa. La panelista deslizó que los publishers europeos ahora están “cabildeando” a los miembros del Parlamento Europeo y a los estados miembro para que se añada un panel de arbitraje parecido al de Australia.
Por su parte, Javier Díaz de Olarte, miembro de CEDRO, habló sobre la relación entre los editores españoles con Google. Recordó que en diciembre de 2014, un mes antes de que entrara en vigor una modificación a la ley de propiedad intelectual española, la empresa tecnológica estadounidense cerró su servicio Google News en el país. Pero luego comenzó a ofrecer Google Discover. Ante esto, CEDRO le reclamó que ajustara su actuación a la ley que rige en España. “Las últimas reuniones fueron el año pasado, durante el encierro por la pandemia. Google manifestó una vez más que no estaba dispuesta a pagar por este uso de contenidos a través de Discover. Eso nos obligó en noviembre a entablar un procedimiento judicial contra esta empresa. El primer acto procesal cara a cara será en junio”, adelantó.
Más allá del caso español, consideró que “los contenidos de editores se han convertido en los últimos años en una auténtica materia prima para las grandes plataformas tecnológicas”. “Estos gigantes tecnológicos facilitan el acceso a los contenidos, pero no los crean”, apuntó.
Díaz de Olarte puso en valor el mecanismo regulatorio aprobado en Europa en 2019: consideró que “permite que este derecho sea una realidad, además de proteger la esencia del derecho de propiedad intelectual, transparentar las gestiones para todas las partes participantes y contribuir a ofrecer una sostenibilidad al ejercicio de la prensa”. Y manifestó que “la gestión colectiva es el mecanismo más eficiente para hacerlo real”.
Como representante de News Media Canada, John Hinds compartió durante su participación la experiencia que están teniendo los editores canadienses respecto de la gestión de una posible regulación para defender el valor de los contenidos periodísticos digitales. “Nuestro gobierno nos ha prometido que están dispuestos a presentar proyectos de ley en junio para ordenar que las plataformas paguen por el uso de contenido. Estamos muy positivos con respecto al posible resultado”, dijo Hinds.
¿Qué hicieron los publishers canadienses para que el gobierno tomara real dimensión de la crisis que atraviesa la industria de medios en su país? Desde la asociación canadiense de medios de noticias contrataron a una consultora para estudiar la situación económica local de los medios ante el avance de las plataformas digitales en el manejo de la publicidad y de la difusión de noticias, y analizar qué solución sería la más beneficiosa para la industria canadiense en base a las experiencias europea y australiana. “La conversación basada en el modelo australiano sería la mejor opción. Este modelo sería el más fácil de implementar y nos gustó, sobre todo, el papel del arbitraje porque alienta a la negociación”, contó Hinds.
Si bien tomarán como referencia el caso australiano, tendrán en cuenta las necesidades y realidades de la prensa de Canadá, que está conformada por muchos medios pequeños o locales. Al respecto, el CEO de News Media Canada remarcó: “Estamos comprometidos a una negociación total de toda la industria para apoyar y tener en cuenta tanto a los grandes como a los pequeños editores”.
El involucramiento del sector político en la discusión por reconocer el valor de los medios en las plataformas digitales empieza a manifestarse en América Latina. Como un primer acercamiento, Sebastián Silva, senador uruguayo oficialista, confirmó que en Uruguay comenzará a debatirse el tema este año.
“Estamos iniciando la formación de opinión pública para que se tome conciencia. Uruguay es un país pionero en las defensas constitucionales de la libertad de expresión, de la solidez de su periodismo. Queremos priorizar esta discusión para que el periodismo serio y riguroso no pierda capacidad de solventar a los periodistas y también poder ser mejor controlados en nuestra actividad gubernamental”, argumentó Silva.
El senador estableció que la discusión no tiene que depender del gobierno de turno. “Al debate vamos a iniciarlo a partir del segundo semestre. Nosotros hemos puesto en la agenda de la Comisión de Ciencia y Tecnología el tema. Hemos estado conversando con senadores y senadoras de la oposición, y todos están de acuerdo en encontrar una solución a un tema que si las megaplataformas son poderosas con países como España, Inglaterra, Estados Unidos o Australia, imagínense cómo pueden reaccionar con países tan chiquitos como el nuestro. Es una pelea que vamos a dar”, aseguró Silva.
“Solo con astucia, inteligencia y generación de opinión crítica podemos llegar a derrotar a Goliat. Esta solución tiene que ser urgente”, remarcó Silva. Para actuar, se basarán en tres ejes: “Primero, tener un consenso en todo el sistema político; segundo, tener un abordaje realista, a partir de los buenos oficios; y tercero, adaptar la defensa de los derechos de autor de los creativos musicales a la realidad de los derechos de los editores”.
Silva dijo que también evaluarán el caso de Australia. Según él, la solución australiana tiene “doble ventaja” para el esquema uruguayo. “Primero vamos a ir de forma voluntaria a tratar de sentar alrededor de una mesa a las plataformas digitales y a los medios de comunicación. Los medios van a poder contemplar no solo la realidad de los diarios más grandes y prestigiosos, sino también la realidad de los medios locales”, sostuvo.
Florian Nehm cerró el panel con una serie de consejos para los publishers de los países que, como Uruguay, están interesados en empezar a trabajar en proyectos de ley que terminen con las prácticas monopólicas de los gigantes tecnológicos y ayuden a construir un entorno de negocios favorables tanto para los medios, como para las plataformas digitales.
Sugirió empezar a escribir esbozos de propuestas de ley adaptadas a cada sistema legislativo en cada país de los miembros de la SIP y usar los recursos que existen para no empezar de cero. “Están a disposición las experiencias y el know how de Australia y Europa, como el debate que se está dando en Canadá y probablemente también en Estados Unidos”, precisó. Después, deberán enfocarse en conseguir apoyo gubernamental y parlamentario. “Así lo hemos hecho en Europa y así funcionará en las otras democracias. No hay otra vía”, concluyó Nehm.
Informe de Agustina Heb.
