Punta Cana, República Dominicana
La Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que reunió en esta ciudad a más de 280 directores de medios y periodistas, finalizó el lunes 11 de abril con el siguiente documento que sintetiza los principales temas en torno a la libertad de prensa en el hemisferio occidental.
CONCLUSIONES
La Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa, llevada a cabo del 8 al 11 de abril de 2016 en Punta Cana, fue engalanada con la firma de la declaración de Chapultepec tanto por el presidente de la República Dominicana como por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ante delegados de 22 países, en representación de cientos de medios de comunicación.
En nuestros países lamentablemente seguimos teniendo las mismas coincidencias. Asesinatos de periodistas, impunidad, amenazas, represiones, restricciones, leyes que atentan contra la privacidad, control de redes sociales, presiones contra los medios y sus periodistas por parte de gobiernos, políticos, narcotraficantes y otros delincuentes organizados, límites para el acceso a la información pública y leyes electorales perjudiciales para la democracia, son parte del listado de los atropellos que se cometen en nuestros países.
Vale la pena mencionar lo positivo. En Argentina, Cuba, Paraguay y República Dominicana se pueden indicar cambios positivos, en algunos casos, parcialmente. Por ejemplo, en Argentina el nuevo gobierno ha dejado la agresión contra la prensa independiente y también eliminó la subvención de publicidad oficial para medios relacionados o amigos del gobierno. Además, se presentó un proyecto de ley de acceso a la información pública.
En Cuba, si bien en otros aspectos tiene mucho para mejorar, el tratamiento hacia la prensa internacional se ha suavizado tras la normalización entre las relaciones entre Washington y La Habana.
Por su parte, en Paraguay la extradición del presunto autor material del asesinato de Pablo Medina y su asistente es un triunfo contra la impunidad. Paraguay también ha promulgado una ley de acceso a la información pública la cual establece que a partir de marzo todas las instituciones tienen que publicar salarios, viajes oficiales hasta contratos en un portal público, fortaleciendo así la transparencia.
En República Dominicana el Tribunal Constitucional eliminó parcialmente la criminalización de la difamación de la ley de expresión y pensamiento, pero todavía se mantiene en el Código Penal.
Por otro lado, de los países que participaron de esta reunión, en 6 de ellos fueron asesinados 12 periodistas: 4 en México, 4 en Brasil, 1 en Colombia, 1 en El Salvador, 1 en Venezuela y 1 en Guatemala.
En México, además de los asesinatos, continúan las agresiones contra periodistas y medios, sobre todo en los estados con fuerte presencia del narcotráfico. La falta de respuestas y de protección del Estado es evidente en los casos contra la prensa. Igualmente hay un alarmante aumento de actos violentos contra las periodistas mujeres (84 casos) que van desde hostigamiento y acoso sexual hasta desprestigio en las redes sociales. En Colombia prescribieron dos casos de asesinato, dando espacio a la impunidad.
La censura, restricciones, presiones y amenazas contra medios de comunicación, sus dueños o sus periodistas tampoco cesan en Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador y México.
En Venezuela, sigue el acoso y la persecución para silenciar a los periodistas críticos y el Estado continúa incumpliendo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para restituir la señal de Radio Caracas Televisión.
Otras restricciones como el suministro de papel para publicar los periódicos -impuestas por el Gobierno a través de la única empresa (estatal y por lo tanto monopolio) Alfredo Maneiro- ha terminado con la publicación de tres diarios en este periodo y hay 80 más que sopesan tomar la misma decisión.
Siguen aplicándose represiones en Cuba, donde solo en el mes de marzo hubo mil 200 detenciones, 319 durante la visita del presidente de Estados Unidos al país. Y en Bolivia el Estado obstaculiza la renovación de las licencias de cientos de radioemisoras privadas y la nueva ley de comunicaciones solo deja en manos privadas el 33% de las radios.
Acciones de la policía, presiones y amenazas de narcotraficantes y delincuentes organizados en pandillas, políticos locales y narcopolíticos constituyen una tendencia creciente en países como República Dominicana, El Salvador, Ecuador y Paraguay.
En El Salvador La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy sufrieron ciberataques en los que se presume hubo participación de funcionarios y personas que utilizan recursos públicos para desacreditar a los diarios.
En Ecuador, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) impusieron 78 medidas disciplinarias, entre multas, rectificaciones, réplicas obligatorias y amonestaciones escritas a radios, televisión, prensa y otras organizaciones. También continúan las amenazas contra los periodistas, y el presidente Rafael Correa ha advertido que enfrentará a las redes sociales con el discurso oficialista.
La controversia entre derecho a la privacidad y la seguridad nacional, y el consecuente acceso a información privada, abre un debate iniciado en Estados Unidos, con el caso de Apple y otras compañías, que se niegan a decodificar los teléfonos personales a petición del Estado para facilitar el acceso a los mensajes encriptados de teléfonos inteligentes.
En Trinidad y Tobago inquieta un proyecto de ley sobre cibercrímenes y datos personales, restricciones a la prensa y al derecho a la privacidad.
La regulación de las redes sociales en Ecuador y decisiones judiciales y proyectos de ley sobre el derecho al olvido en Colombia y Chile se abalanzan contra la libertad de prensa y el derecho del público a la información.
En Panamá los fallos judiciales contra los diarios La Prensa y Panamá América plantean un precedente negativo para la libertad de prensa y desincentivan la investigación periodística sobre asuntos de interés público. También en el estado de Virginia, en Estados Unidos, hay dos iniciativas de ley que restringirían el acceso a la información sobre funcionarios públicos.
En Nicaragua, el Gobierno desobedece la ley de acceso, al tiempo que la publicidad oficial solo se le otorga a medios propios o neutralizados, lo que crea competencia desleal. Por su parte, el Gobierno de Honduras, so pretexto de garantizar la seguridad nacional, limita el acceso a la información pública.
Fuente: SIP
