El monitoreo anual del Foro de Periodismo Argentino arroja que durante 2016 se registraron 65 ataques directos a la libertad de expresión en la Argentina. Esta cifra representa menos de la mitad del promedio anual de ataques, confirmados por esta misma entidad, durante la gestión de Cristina Kirchner. Los principales agresores a periodistas en 2016 fueron funcionarios provinciales, fuerzas policiales y militantes políticos durante la cobertura de manifestaciones públicas.
Algunos de los ataques más graves entre los que sufrieron periodistas en el último semestre fueron los siguientes: El 16 de noviembre pasado, el automóvil de la periodista Gloria de los Ríos, de FM Horizonte, señal de la localidad de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, fue quemado a metros de su vivienda, en un claro intento de amedrentamiento. Entre los ataques físicos más graves registrados en el período, se destacan la agresión contra el camarógrafo de Canal 2, de la provincia de Jujuy, a quien el estallido de una bomba de estruendo arrojada por manifestantes mientras cubría una movilización le ocasionó graves cortes y quemaduras; la golpiza sufrida por Martín Grande, director de FM 89.9 de la provincia de Salta, quien tuvo una fractura de su tabique nasal por el golpe infligido por Sebastián Ramos, hijo de un diputado provincial; y los golpes de puño de los que fue víctima el periodista de la señal Todo Noticias Nicolás Wiñazki, mientras realizaba una cobertura en el municipio de La Plata. El fotógrafo José Granata, de la Agencia Télam, fue herido con balas de goma disparadas por fuerzas policiales durante la cobertura de disturbios en una marcha en la ciudad de Rosario. Los periodistas Sandra Borghi, Mercedes Ninci y Gonzalo Aziz, de TN, fueron amenazados o insultados en distintas oportunidades mientras cubrían manifestaciones públicas. Los periodistas Mauro Zeta y Ricardo Canaletti, de C5N y TN, fueron amenazados por integrantes de una banda criminal en un video que circuló públicamente. Entre otros hechos de preocupación para el ejercicio de la labor periodística, pueden agregarse la denuncia del gobierno de la provincia de Formosa contra periodistas que manifestaron su inquietud en la red social Facebook ante un corte de suministro eléctrico que impidió la transmisión del programa «Sin censura», así como también la detención por varias horas del fotógrafo Bruno Ciancaglini, en la ciudad de Mar del Plata, después de haber fotografiado a efectivos policiales que participaban de un procedimiento. Otro dato que cabe consignar es que el protocolo de seguridad implementado el año pasado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, asesorado por asociaciones civiles representativas del sector periodístico, se activó ante la detección de dos casos de periodistas, cuyas identidades se mantienen en reserva, que se encontraban en peligro debido a su trabajo.
El bloqueo de una planta impresora de una de las empresas perteneciente al Grupo Clarín, por parte de ex empleados de la misma, y la destrucción de rotativas de la imprenta Kollor Press y el ataque a otros dos talleres gráficos, llevada a cabo por individuos que participaron en el primer episodio, fueron dos incidentes preocupantes de los últimos meses.
La sanción de una ley de acceso a la información pública, en septiembre pasado, fue un hito relevante para un país en el que se obstruyó sistemáticamente el avance de proyectos legislativos en esta materia, durante más de una década. La aprobación de la ley constituyó un primer paso que fue complementado, hace unos días, por la debida reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Una resolución del Ejecutivo y la media sanción de una ley para regular la pauta oficial, en línea con los estándares interamericanos, constituyen pasos relevantes para racionalizar el uso de recursos públicos que se emplearon de manera extraordinariamente arbitraria y discriminatoria durante la anterior gestión. Durante 2016, se distribuyeron 756 millones de pesos, equivalentes a poco más de 50 millones de dólares, la cifra más baja del último lustro. Empresas periodísticas discriminadas durante la etapa kirchnerista volvieron a recibir pauta. No obstante, sigue pendiente la aprobación de una ley con pautas claras y objetivas que evite, en el futuro, un uso discrecional y propagandístico.
En el plano judicial, debe mencionarse que, a fines de octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda por daños y perjuicios planteada por una modelo publicitaria contra Google y Yahoo, por violación a sus derechos al honor y a la intimidad, a los que consideró afectados por la vinculación de su imagen a sitios pornográficos en Internet. La Corte entendió que la actividad de los buscadores de internet está amparada por la tutela constitucional de la libertad de expresión y que resulta improcedente establecer una tutela preventiva que obligue a estas empresas a filtrar o bloquear contenidos. En los meses posteriores, tribunales provinciales fallaron en línea con la doctrina de la Corte en casos ligados a estas empresas. En sentido contrario, el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2 ordenó a Twitter la supresión de determinadas imágenes y comentarios referidos a una modelo, lo que configuró un caso de censura, según lo denunciaron organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
Otro pronunciamiento relevante de la Corte Suprema, que hizo público en febrero pasado, fue la desestimación de una presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa “Fontevecchia y otros c/ República Argentina”, se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema. La mayoría de la Corte consideró que aceptar la petición implicaría convertir a la Corte Interamericana en una “cuarta instancia” revisora de los fallos de los tribunales argentinos.
Finalmente, cabe destacar que el clima en el que la prensa cubrió la gestión gubernamental fue equilibrado. Los funcionarios, empezando por el presidente de la Nación, tuvieron una actitud de apertura frente a los requerimientos de entrevistas o al suministro de información de interés público.
