EL VALOR INSTITUCIONAL DE LA PRENSA PARA LA REPÚBLICA
Como tantas veces a lo largo de su historia, la sociedad argentina atraviesa momentos difíciles. Y como siempre, la prensa nacional, en toda la riqueza de su trayectoria y diversidad, ve ratificado su valor como institución estratégica para la democracia y como interface vital para la difusión de las cuestiones de interés público, para el debate entre los distintos sectores sociales y para el diálogo informado entre gobernantes y gobernados.
Como viene señalando la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la libertad de expresión está vigente en nuestro país. Y lo está mientras sigue recorriendo el camino de superación de algunas de las conductas más patológicas que llegaron a marcar la relación entre el poder político y los medios en nuestra historia democrática.
La efervescencia actual de las discusiones públicas, la diversidad de opiniones –muchas de ellas de intensidad indiscutible—, la multiplicación de investigaciones periodísticas que involucran a los más diversos sectores políticos y económicos, muestran un contexto abierto para el ejercicio de esta libertad.
En el mismo sentido, desde el ámbito nacional continúan corrigiéndose parámetros nocivos como la distribución arbitraria de la pauta oficial y su uso como sistema de premios y castigos, la discriminación informativa a periodistas por su línea editorial, o la ausencia de conferencias de prensa abiertas, todas conductas que caracterizaron a la gestión anterior.
En este contexto, el semestre que pasó dio muestras concretas no sólo del valor institucional del periodismo, sino de las organizaciones que lo sostienen en el mundo libre: las empresas periodísticas.
Ellas son, en definitiva, la estructura sobre la que se sustenta el trabajo profesional de quienes asumen esta función inherente a la democracia constitucional. Las que dotan a ese trabajo de los recursos para llevarlo adelante, de los estándares editoriales para fortalecerlo y garantizar su rigurosidad, de la proyección masiva que les otorga no sólo alcance social sino relevancia institucional, a través de marcas confiables.
El caso de los “cuadernos” –de un nivel de detalle pocas veces visto respecto de una trama de corrupción público-privada— es ejemplo de que el periodismo de calidad encuentra un sostén natural en los medios de prensa. Durante los últimos años, ese periodismo de calidad –el que investiga, recaba pruebas, contrasta fuentes y devela estructuras opacas y complejas— llevó adelante otras investigaciones que revelaron aspectos de la misma matriz, y que en algunos casos dieron lugar a juicios orales con condenas de altos funcionarios.
En esto la Argentina no es la excepción. El mundo nos muestra que los hallazgos de mayor relevancia pública provienen de empresas periodísticas de trayectoria. Basta recordar la investigación realizada a principios de año por medios de referencia de Estados Unidos y el Reino Unido, que mostró cómo gobiernos extranjeros y partidos políticos buscaron influir en las elecciones manipulando datos que las personas suministran a las redes sociales y distribuyendo información falsa a través de ellas.
Y estos son fenómenos de los que estamos lejos de quedar exentos. Y pueden profundizarse en momentos de turbulencia económica, de vulnerabilidad social o de controversia política, en los que estas herramientas suelen utilizarse para generar incertidumbre e instalar climas enrarecidos. Otra vez, el rol de las organizaciones periodísticas, más allá de su mirada ideológica o criterio editorial, implica hacerse responsables de las informaciones y opiniones que vierten. Y asumir el costo de estas, aun en caso de errores o imprecisiones. La figura del editor responsable, que Adepa ha enfatizado a lo largo de este año, es quizás el concepto que mejor resume este diferencial del periodismo.
Como nunca, el periodismo informado y capacitado se posiciona en el centro de la escena. Es uno de los escudos de las sociedades frente a la multiplicidad de información falsa que se distribuye a diario, facilitada por la masividad, la viralidad y muchas veces el anonimato que suelen caracterizar a las plataformas tecnológicas.
Esas plataformas son un signo de esta época y no se trata aquí de cuestionar su innegable valor como herramienta de socialización, de acceso a datos útiles para la vida cotidiana, incluso de participación ciudadana. De hecho, también tienen un papel respecto de los medios: son otra vía de distribución de sus contenidos, les permiten llegar a más personas, a nuevos públicos, e incluso retroalimentarse con sus audiencias.
Pero al mismo tiempo, estas plataformas se nutren de ese contenido de los medios muchas veces sin jerarquizarlo ni diferenciarlo, y siempre sin compartir adecuadamente los beneficios económicos que obtienen directa o indirectamente gracias al mismo. Se trata de un debate muy actual en el mundo, que también requiere ser abordado en estas latitudes. Hace pocos días, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una directiva que sienta las bases para que los países miembros dicten normas que establezcan la retribución del uso de los contenidos periodísticos por parte de las plataformas tecnológicas, en virtud del derecho de propiedad intelectual.
Paradójicamente, proyectos locales como la llamada ley de responsabilidad de intermediarios van en la dirección contraria a estas tendencias mundiales y a la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, al eximir de cualquier tipo de responsabilidad –hasta por derechos intelectuales— a los intermediarios tecnológicos por los contenidos que circulan por sus plataformas, incluso cuando obtienen beneficios económicos a partir de los mismos.
Una controversia similar aparece cuando hablamos de las “noticias falsas” (fake news), fenómeno ciertamente peligroso que ha tenido un impacto determinante en procesos electorales y contaminado la conversación pública. Otra vez, allí donde el periodismo está llamado a convertirse en uno de los antídotos para las campañas de desinformación, las plataformas dicen combatirlas disminuyendo la información real difundida por sus algoritmos o pretendiendo convertirse ellas mismas en jueces de la labor periodística.
Desde Adepa creemos que es necesario poner estos temas en la agenda de libertad de expresión. Porque los editores siempre entendimos esta libertad acompañada de la responsabilidad editorial. Y la desigualdad entre editores y plataformas requiere de atención pública a la hora de pensar, como sociedad, cómo sostener una infraestructura de información y opinión de calidad, federal, sustentable y valiosa en términos cívicos, culturales, educativos e identitarios.
Como dijimos en nuestro documento de marzo sobre la preservación de la sustentabilidad de la industria: el fin de la guerra contra el periodismo independiente fue una condición necesaria pero no suficiente. Es indispensable ir más allá dentro del cumplimiento de lo que está en la letra y el alma de la Constitución.
Es indispensable ir hacia una política de Estado que contemple los mecanismos apropiados para no entorpecer la evolución futura de una industria cultural cuyo papel ha sido fundamental en el desenvolvimiento histórico del país.
Y en este camino, también es indispensable el compromiso de los tres poderes del Estado, pilares del sistema republicano del cual la prensa es asimismo un engranaje fundamental. El reciente fallo de la Corte Suprema en el caso “Bercún contra S. A. La Nación y otros” ratifica nuestra mejor jurisprudencia en la materia.
Para que el periodismo pueda cumplir su misión de sumar valor al debate público, necesita invertir. En talento profesional, en recursos técnicos, en productos de calidad. Y esto sólo es posible si existen empresas periodísticas sustentables.
Vivimos una transición entre dos eras, la analógica y la digital. Pero estamos convencidos de que en esta última estamos llamados a tener una actitud aún más crítica y desafiante: la de ayudar a iluminar un debate muchas veces contaminado o intrascendente. Para eso necesitamos avanzar en nuestro propio modelo de transformación: que resguarde lo mejor de nuestra tradición y nos permita encontrar esquemas de rentabilidad también en el ecosistema digital.
Muchos países vienen ensayando respuestas para esta transición. Respuestas en las que el Estado, lejos de asumir un rol pasivo, acompaña a la industria. Adepa viene planteando la necesidad de que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional avancen en medidas estructurales, no sólo para preservar este capital simbólico constituido por miles de voces a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, sino para favorecer su reconversión y actualización. Y también para defender todos los puestos de trabajo directos e indirectos que generan.
Una prioridad indiscutible entre nuestras preocupaciones son las empresas periodísticas medianas y pequeñas del interior del país, centrales en la vida cívica y el desarrollo de sus comunidades, pero frecuentemente relegadas por los grandes decisores económicos y políticos. La arbitrariedad y la falta de respuestas de diversas administraciones provinciales y locales ponen en riesgo en el corto plazo la vida de muchos medios.
Adepa lo viene confirmando a lo largo de este año en espacios profesionales, en actividades académicas, en diálogos institucionales. La sociedad argentina y su dirigencia verifican día a día el valor del periodismo profesional para la vida pública del país y para su vida cotidiana como ciudadanos.
Preservar y fortalecer la función de la prensa de cara al futuro no es sólo una tarea ineludible de los medios. También lo es de la sociedad y su dirigencia.
Mendoza, 28 de septiembre de 2018
