Por Luciano Violante
El 30 de junio de 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos contradijo al presidente Richard Nixon, quien pretendía prohibir la publicación de documentos que demostraban que varios gobiernos de los Estados Unidos habían mentido al pueblo estadounidense al negar la participación del país en la guerra de Vietnam. Cada uno de los nueve jueces expresó sus propias evaluaciones.
Entre estos, algunos pasajes de la motivación del juez Hugo L. Black han pasado a la historia del constitucionalismo: «Sólo una prensa verdaderamente libre puede denunciar eficazmente el engaño del gobierno. Una de las responsabilidades de una prensa libre es el deber de evitar que una parte del gobierno engañe a los ciudadanos y los envíe a morir en tierras lejanas de fiebres extranjeras, armas extranjeras y balas extranjeras. En mi opinión, lejos de merecer la culpa de sus valientes servicios, el «New York Times», el «Washington Post» y otros periódicos deberían merecer una mención, por haber cumplido la noble función que los padres fundadores indicaron tan claramente. Al arrojar luz sobre las acciones del gobierno que condujeron a la guerra en Vietnam, los periódicos correspondían plenamente a la confianza y las expectativas de los padres fundadores «.
Sin plena libertad de prensa no hay democracia. De hecho, la información gratuita es la mejor garantía para los derechos de los ciudadanos y para el control necesario del poder político. Sin embargo, la libertad de prensa no es un privilegio, sino una responsabilidad, y para ello debe ejercerse con la conciencia del daño que puede causar una información distorsionada. En Italia, el tema ha estallado recientemente debido a los insultos e intimidaciones que los medios de comunicación y los periodistas han recibido de los ministros y miembros de uno de los dos partidos de la mayoría del gobierno después de la absolución del alcalde de Roma.
Independientemente de las intenciones, esas posiciones han tenido un carácter amenazador porque provienen de quienes son capaces de implementar medidas punitivas contra información no deseada.
Ciertamente no es la primera vez que sucede, y en la reacción insultante a los artículos considerados ofensivos han caído en el tiempo tanto los exponentes de derecha, como los de izquierda y centro. Y tal vez ningún exponente político fuera inmune al error o al abuso de un medio de información. Pero un líder democrático debe saber que para la salud de la democracia, es mucho mejor confundir información que silencio o, peor aún, complicidad.
En las circunstancias que acabamos de mencionar, ha sorprendido la violencia del lenguaje adoptado. Esa violencia no fue casual, sino el resultado de la prevalencia actual en la escena pública de la forma de comunicar en las llamadas redes sociales. Estas son las herramientas que dictan, ciertamente no solo en Italia, los métodos y la forma de comunicación.
Este hecho, sin embargo, no es positivo, porque mientras que la política requiere habilidades de escucha y compromiso para entender las razones del otro, lo social tiende a polarizar el discurso y lo carga con violencia para atraer la atención, negando así el espacio para la mediación. La política debe entonces liberarse de la subalternidad de la comunicación y debe comprender, como el juez Black afirmó claramente a principios de los años setenta, que la información, cuando resalta las acciones de los que gobiernan, cumple una función constitucional. Algo que es irrenunciable.
* Publicado en L’Osservatore Romano el 22/11/18. Traducción de Jorge Milia.
