Durante la reunión mensual del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) celebrada la semana pasada, se analizaron diversas situaciones con potencial impacto en la labor periodística y la libertad de expresión en la Argentina.
Acreditación de Silvia Mercado en Casa Rosada. El mes pasado, ADEPA criticó la cancelación de la acreditación de la periodista a la Sala de Prensa de Casa de Gobierno. Estaba acreditada por Radio Jai. ADEPA se manifestó señalando que “el trabajo de los periodistas acreditados está ligado a un derecho ciudadano inherente al régimen democrático, como es el acceso a la información pública”. Agregando que “para los poderes del Estado, se trata de la obligación constitucional de permitir su ejercicio de manera amplia y oportuna, sin discriminaciones ni represalias. ADEPA espera que se resuelvan estas situaciones en el menor plazo posible”. A mediados de julio, luego de la decisión de Mercado de judicializar el caso (los abogados de Mercado llegaron a presentar un amparo), el Poder Ejecutivo optó por renovarle la acreditación hasta el 31 de marzo del año 2025, una decisión bienvenida, de la que tomamos nota.
Descalificación contra Marcelo Longobardi. Como en otras ocasiones en las que hizo suyos mensajes de terceros, el presidente Javier Milei difundió en su cuenta comentarios descalificatorios contra Longobardi por parte de usuarios identificados con el actual gobierno. «No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta», publicó la cuenta @PregoneroL, mensaje que fue compartido en su cuenta personal por el Presidente. Más tarde, el usuario @stanleybostero volvió a tildar de “chanta” a Longobardi y lo acusó de llorar por la pauta oficial. Milei no sólo compartió ese segundo tuit, sino que agregó un comentario personal donde cuestionó al periodista y agregó: “Ni que hablar de esos “periodistas” que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono… a punto de defender mentirosos y sobres”. Longobardi respondió en su editorial durante su programa en Radio Rivadavia. Aseguró que “lo de ensobrado amerita una denuncia a Milei, que no sé si haré porque no sé si tengo tiempo, pero yo creo que ya basta con esto de ensobrado, es una cosa exasperante”. Como ha sostenido ADEPA en su mensaje en el Día del Periodista, “informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario”.
Campaña digital contra María O’ Donnell y tuit contra Sofía Diamante. O’ Donnell viene siendo objeto de persistentes acciones de burla, hostigamiento y descalificación en redes sociales por parte de distintos actores del ecosistema digital, empresario y periodístico, en general vinculados al oficialismo. Entre las prácticas más cuestionables está la difusión de sus datos personales o la edición descontextualizada o manipulada de registros audiovisuales de la periodista. Adepa deplora este tipo de campañas que ya se utilizaron en el pasado para intentar deslegitimar la labor periodística, que incluye la opinión y la crítica. Por su parte, la periodista económica Sofía Diamante, del diario La Nación fue cuestionada por un economista luego de opinar sobre los métodos oficiales para bajar la brecha financiera. Entonces, el presidente Javier Milei le dijo al economista: “Felipe no esperes otra cosa de la ‘periodista’ en cuestión. En toda mi campaña, salvo cuando se presentó energía, se la pasó mintiendo sobre mis planteos y sobre la respuesta del público”. Una vez más, Adepa insta a que los intercambios sobre temas de interés público, aun cuando puedan ser intensos e incluir réplicas y refutaciones, no incurran en descalificaciones ni agravios personales, que son intimidatorios y pueden ser la antesala de respuestas más graves.
Detención y deportación de Jorge Pizarro en Venezuela. Adepa repudió enérgicamente la detención y por entonces posible deportación (esta después se concretó) del periodista Jorge Pizarro, enviado de Radio Rivadavia para cubrir las elecciones del domingo 28 de julio en Venezuela. Pizarro arribó a la madrugada al aeropuerto de Caracas y fue detenido e interrogado por las autoridades del área de Migraciones. Se le retuvo el pasaporte y le avisaron que iba a ser expulsado del país. ADEPA reclamó a las autoridades de Venezuela la habilitación sin condicionamientos a Pizarro y a todos los periodistas enviados a ese país a cubrir las elecciones.
Ataque al periodismo por parte de la diputada mendocina Lourdes Arrieta. En un intento por justificar por qué razón no suele atender pedidos de entrevistas o consultas que le formulan los periodistas, la diputada nacional Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza, en un programa emihtido por streaming, señaló a los medios periodísticos como “intermediarios de alguien que les ha pasado un sobre”. La legisladora recurrió así a un concepto y a una generalización que, lamentablemente, se han venido instalando desde lo más alto del poder, sin aportar pruebas y con el sólo objetivo de deslegitimar la labor periodística en su conjunto.
Dictamen del Procurador del Tesoro por acceso a la información. El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, jefe de todos los abogados del Estado, dictaminó que el Gobierno no está obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública a brindar datos sobre los perros de Javier Milei que viven en la Quinta de Olivos. Sin dejar de reconocer el ámbito de privacidad del cual goza toda figura pública, Adepa llama a utilizar un máximo de prudencia a la hora limitar al acceso a la información pública, por cuanto, en el caso de los funcionarios, la jurisprudencia argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que ese ámbito de privacidad se encuentra acotado, sobre todo en lo que se refiere a utilización de fondos públicos.
Pago de deudas por publicidad oficial. ADEPA tomó nota de que luego de intensas gestiones llevadas adelante por la entidad en los últimos seis meses, comenzó a efectivizarse el pago de deudas por publicidad oficial cursada antes de 2024 en cabeza de la agencia Télam. Sin embargo, hasta el momento dichos pagos distan de ser homogéneos y sólo alcanzaron a algunos proveedores, por lo que instamos a que su regularización se extienda a todos los medios acreedores en el menor plazo posible. Del mismo modo, exhortamos a la Secretaría de Medios y a la Dirección Nacional de Publicidad Oficial a regularizar el pago de la deuda de la propia Secretaría y de los Organismos Descentralizados, cuyos montos superan a las de Télam y vienen sufrido una depreciación significativa en lo que va del año, configurando un número global de muy escasa relevancia para el presupuesto nacional. Esa demora, en el caso de los medios medianos y pequeños del interior del país, complejiza aún más la gestión cotidiana y su sustentabilidad.