Durante su 60ª Asamblea anual, Adepa emitió su Informe semestral de Libertad de Prensa “La libertad de prensa, base de la convivencia democrática”, en el que destacó que “En el sistema democrático, la tarea informativa de medios y periodistas puede ser cuestionada, pero la crítica -aun la más vehemente- está lejos de constituir un delito. Tampoco puede ser una excusa para regular los contenidos que se expresan en los medios de comunicación”.
“Nuestra Constitución Nacional es muy clara: la ciudadanía debe gozar de la posibilidad de expresar sus opiniones sin censura previa. Lo mismo sostiene la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que nuestro país adhiere. De hecho, la legislación argentina se desprendió en las últimas décadas de aspectos autoritarios y anacrónicos, como los delitos de desacato y calumnias e injurias, algo que entonces fue celebrado por Adepa y por el conjunto de la sociedad”, señaló Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, durante la lectura del informe semestral sobre la situación del sector, en el marco de la 60ª Asamblea de la entidad que agrupa a los medios argentinos, y que se está llevando a cabo en la Ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz. El informe fue aprobado por unanimidad por los asistentes.
Adepa alertó en su informe que estamos atravesando en el país un contexto enrarecido, que tuvo como capítulos más resonantes el grave atentado contra la vicepresidenta de la Nación y el juicio oral por la llamada causa Vialidad, y en el que el clima para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina se vio tensionado en el último semestre y especialmente en las últimas semanas.
“El ataque sufrido por la vicepresidenta, repudiado de inmediato por Adepa, entre muchas otras instituciones, desató una lamentable campaña por parte de ciertos sectores del oficialismo, que buscó vincular de modo temerario la actividad periodística con este episodio delictivo”, alertó la entidad en su informe.
En dos comunicados, Adepa condenó enérgicamente el atentado y exigió una diligente investigación judicial que permita el esclarecimiento total y definitivo de lo ocurrido. También advirtió que, con el pretexto de combatir discursos de odio, no se debe promoverlos ni pretender silenciar las críticas. Eso sería afectar la libertad de expresión. “Las derivaciones discursivas posteriores al atentado contra la vicepresidenta de la Nación luego fueron morigeradas, al menos en su potencial efecto legislativo, por la propia vicepresidenta y por la portavoz presidencial. Lo recibimos como un hecho saludable. De todos modos, la imputación indirecta al periodismo, sin base fáctica ni científica alguna, ha continuado manifestándose por medio de otros referentes del oficialismo”, señaló Etchevers.
El informe de Adepa detalló que en el último año, la entidad tuvo que expresarse en reiteradas oportunidades por expresiones peyorativas y de intolerancia de altos funcionarios y políticos contra medios y periodistas. “Una de las argumentaciones más usuales es la que busca confundir las investigaciones periodísticas por casos de corrupción y sus consecuentes derivaciones judiciales con la idea del “lawfare””, advirtió la entidad. “Recientemente se conoció incluso un proyecto de ley que busca tipificar esta construcción”, agregó Adepa y reiteró que ninguna ley debe condicionar la investigación periodística, afectar el debate público propio de la naturaleza democrática e interferir con la labor judicial y la independencia de los tres poderes del Estado.
Para Adepa, desde la restauración democrática de 1983, la Argentina ha erradicado la violencia sistemática del Estado contra la vida de los periodistas. “El crimen de José Luis Cabezas, el más grave atentado contra la prensa desde entonces, y del que recientemente se cumplieron 25 años, generó un repudio y un reclamo de justicia tan generalizados que se convirtió en una bisagra y en una barrera social para la repetición de este tipo de hechos. De ahí deriva la importancia de mantener, como sociedad, la sensibilidad ante cualquier señalamiento acusatorio a quienes ejercen la tarea informativa”, previno Adepa.
Con relación a la sustentabilidad de la industria periodística, Adepa aseguró que el trabajo periodístico es imprescindible para la vigencia de la democracia. Pero al mismo tiempo advirtió que para que exista una prensa libre también debe garantizarse su sustentabilidad. “Distintas organizaciones internacionales vienen alertando sobre la crisis económica que atraviesa la industria de los medios en el mundo y que representa una amenaza para su existencia”, dijo Etchevers. En la Declaración de Windhoek + 30, la Unesco recordó que “la sostenibilidad económica” de los medios es “un requisito previo clave para su independencia” y que las compañías digitales deben apoyarlos a través de acuerdos «de asociación inclusiva» y «medidas financieras».
En todo el mundo, explicó Adepa en su informe, los principales países democráticos reconocen que hacer periodismo independiente es costoso. “Por ello están tomando medidas concretas que buscan contribuir a la sustentabilidad de las empresas periodísticas, y por ende a las fuentes de trabajo de los periodistas. Estas acciones incluyen medidas fiscales, inversión estatal no gubernamental y la puesta en agenda de la cuestión del valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales, una opción que idealmente debe resolverse a partir de negociaciones francas y equilibradas, que reconozcan una retribución justa y razonable a los medios de comunicación por el valor que estos aportan a quienes hoy concentran más del 80% de la publicidad digital”, agregó Adepa.
Desde ya, los estándares de estas negociaciones deben tener como parámetro los acuerdos alcanzados en aquellas latitudes con regímenes legales ad hoc. Adepa ha saludado como un primer paso positivo las iniciativas que las principales plataformas tecnológicas vienen llevando a cabo en Argentina, pero ha aclarado que estos programas son un punto de partida y no de llegada.
“La crisis que enfrenta la industria periodística global tiene un peso adicional en nuestro país. Los problemas macroeconómicos estructurales que sufre la Argentina agravan la situación. Es por eso que la preservación del ecosistema informativo exige el involucramiento tanto del sector privado como del público”, puntualizó el informe. Como ha explicado Adepa, desde hace una década la inversión oficial en comunicación viene deteriorándose en términos reales, al punto que se redujo a una quinta parte en porcentaje sobre el producto interno bruto.
Este año, ese deterioro se detuvo y tuvo una recuperación, a lo que contribuyó el diálogo institucional mantenido desde la industria con la Secretaría de Medios de la Nación, que también permitió una mayor federalización de la pauta. Sin embargo, la inversión sigue estando muy depreciada en términos históricos, no solo en el orden federal sino también en provincias y municipios.
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