En la provincia de Mendoza se debate en estos días un proyecto de ley que podría traducirse en limitaciones al trabajo periodístico y, en definitiva, al derecho de los ciudadanos a estar informados.

Pocos días después de que el Congreso de Nación sancionara una ley que facilitará el acceso a información en poder del Estado, el gobierno de la provincia de Mendoza propuso una reforma legislativa del régimen del Ministerio Público Fiscal que va en sentido contrario.

Hasta ahora, el artículo 7° de la ley 8.008 sostiene que los integrantes del Ministerio Público deben “dar información del ámbito de su competencia”, salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas o las investigaciones en curso. La reforma plantea agregar un párrafo por el cual esa información en el futuro debe ser difundida “a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General”. Quienes eludan la disposición podrían quedar incursos en mal desempeño de sus funciones.

El cambio parece menor, pero resulta sugestivo en momentos en que crecen los casos de inseguridad y los reclamos de los sectores más afectados por la delincuencia.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) comparte la preocupación de medios de comunicación y periodistas de la provincia cuyana. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos –uno de los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución– garantiza el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Similares términos consigna el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La cláusula propuesta, con el argumento de ordenar la comunicación, representa una suerte de control político sobre información de claro interés público. Más aún en caso que se produzcan hechos policiales o investigaciones judiciales que conmocionen a la sociedad. Nada justifica impedir el diálogo directo y oportuno entre fiscales y periodistas, en un marco de profesionalismo y respeto mutuo.

El control que se pretende se tradujo ya en los últimos días, según denuncias de periodistas mendocinos, en la imposibilidad de acceder a información sobre hechos delictivos a través de fuentes judiciales o policiales, atento las directivas y amenazas de sanciones que autoridades habrían hecho llegar a jueces, fiscales, ayudantes de fiscales y personal policial.

Adepa exhorta a los legisladores mendocinos a seguir garantizando una relación abierta de la Justicia con la prensa, sin intermediaciones innecesarias que sólo demorarían y eventualmente podrían afectar el flujo de información que la sociedad demanda.