La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato en Honduras del periodista Francisco Javier Ramírez Amador, pese a que este contaba con medidas de protección del Estado. La organización instó a las autoridades a investigar de forma oportuna y exhaustiva, para que el crimen no permanezca en la impunidad.
El asesinato de Ramírez Amador, quien fue víctima de un atentado en mayo, se suma este año al de José Amílcar Chávez, corresponsal de los noticieros de Hoy Mismo y propietario de una radio cristiana, en Olanchito, departamento hondureño de Yoro, asesinado el 1 de abril.
Ramírez Amador, de 39 años, fue asesinado la noche del 21 de diciembre en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, unos 68 kilómetros al este de la capital Tegucigalpa, según informes de la prensa local. Fue atacado por sujetos armados junto a un agente de policía asignado por las autoridades para garantizar su seguridad. El policía resultó herido en el ataque, pero su condición es estable, según los informes.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, condenó el crimen y exhortó a las autoridades hondureñas «a investigar el crimen y enjuiciar a los responsables. Es indignante que esto haya ocurrido pese a que la víctima contaba con medidas cautelares para su protección». Rock, director del portal La Silla Rota, agregó que «este caso debe ayudar a las autoridades competentes a identificar y corregir las fallas evidentes que tiene el mecanismo de protección».
Tras sobrevivir en mayo a un atentado en su contra, Ramírez Amador solicitó seguridad a través del Sistema de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015. Era reportero y presentador del noticiero del Canal 24, en Danlí, actividad que suspendió debido a las amenazas de muerte. Los informes de prensa no especificaron el motivo ni el origen de las amenazas.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, Carlos Jornet, agregó que «este crimen pone nuevamente la atención sobre la urgencia de evaluar el funcionamiento de los sistemas de protección, que en general suelen ser reactivos más que preventivos y no cuentan con suficientes recursos económicos y humanos, ni la formación adecuada para garantizar su eficiencia».
