Por Diego Dillenberger
El Parlamento Europeo dio hoy un paso importante para resguardar el modelo de negocios de los medios, amenazados por el avance de las redes sociales y buscadores: pese a un formidable lobby en contra con protestas callejeras y amenazas de bomba incluidas, los parlamentarios despacharon por 348 contra 274 votos una reforma a su ley de copyright que les reconoce a editoriales, periodistas y artistas el derecho a recibir algún resarcimiento por su esfuerzo difundido en Internet.
Sin embargo, el lobby de las plataformas de Internet logró atenuar el alcance de esos resarcimientos por compartir las publicaciones de los medios en la web al ser un “derecho renunciable”. En el primer borrador, estaban obligados a “pagar o pagar”. Esto significa que agregadores de noticias -como Google News- podrán negociar los derechos individualmente con las distintas editoriales o, en su defecto, deberán resarcir a las editoriales.
Un dato importante es que la ley reconoce a las editoriales como entes idóneos para representar a todo el trabajo de los periodistas que ellos publican.
De todos modos, atenuado y todo, el principio del derecho de autor queda asentado legalmente en la región cultural y económica más importante del mundo, lo que ahora podría permitir a otras regiones y países tomar ese texto como base para extenderlo a sus países.
La buena noticia es que hoy, martes, los parlamentarios europeos aceptaron los artículos 11 y el controvertido 13 (que ahora será 17) contra los que el lobby de las plataformas movilizó el fin de semana pasado a manifestaciones en toda Europa con cientos de miles de personas en la calle. Axel Voss, parlamentario europeo alemán de la democracia cristiana y miembro informante para esta ley, recibió incluso amenazas de bomba en su despacho.
Los medios y activistas que estuvieron todo el tiempo en contra de esta ley titularon que este fue “el día más negro” en la historia de Internet.
El lobby de Internet había catalogado al 11, que beneficia al jaqueado modelo de negocios de las editoriales, como “impuesto al link”, y al 13, como de “censura” a la creatividad popular porque obliga a portales de video como Youtube o incluso a Instagram a controlar previamente los materiales que publican sus usuarios.
Sin embargo, tanto catastrofismo luce exagerado: la versión definitiva contempla que los usuarios de redes sociales puedan compartir sin limitaciones links a contenidos periodísticos, y que plataformas como Youtube se limiten a hacer “su mejor esfuerzo” para evitar violaciones al derecho de autor.
De todos modos esta ley abre una puerta a que las editoriales y medios sean compensados en parte por la creciente fuga de fondos publicitarios hacia las plataformas de Internet que se benefician, en parte, con sus contenidos y esfuerzos.
Ahora la ley deberá seguir el paso de la promulgación final, en abril, aunque no se esperan mayores modificaciones, por lo tanto a mediados de año entraría oficialmente en vigencia. Sin embargo, a partir de ahí, cada país miembro podrá tomarse hasta dos años de tiempo para adaptarla a sus sistemas legislativos.
Luego de ese período, la ley será previsiblemente sometida a un proceso de judicialización, lo que estirará unos años las dudas hasta estar completamente efectiva y funcionando.
Además, en su texto, la ley todavía no aborda los temas más prácticos: cómo y cuánto cobrar por esos derechos, algo que se precisará previsiblemente en abril, cuando los países de la Unión Europea aprueben definitivamente la norma, y se concretará en detalles en cada país.
