Fueron elaborados por la SIP y presentados en la reciente Asamblea General de la entidad, en Córdoba.
En la reciente asamblea que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó en Córdoba, se presentó un documento titulado “Estándares para el relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios de comunicación”. El texto será publicado por la SIP para distribuirlo a gobernantes tanto de administraciones nacionales como locales de las Américas. Pero ya fue editado en formato digital, en español e inglés, y se lo puede descargar ingresando a este link.
En su presentación, se indica que el documento fue elaborado por la SIP en consulta con organismos internacionales, entidades de prensa, comunicadores y empresas periodísticas de las Américas, como un aporte al fortalecimiento institucional y a la libertad de expresión en el continente.
“Ningún gobernante –agrega– puede proclamarse defensor de las libertades, de la democracia, de la institucionalidad si no reconoce las libertades de expresión y de prensa. Porque democracia implica control ciudadano de las acciones de quienes desempeñan una función de poder. Y la prensa es una aliada imprescindible para que la sociedad pueda ejercer ese control”.
“Del mismo modo –continúa– ningún gobernante puede proclamarse demócrata, defensor de la libertad y de la soberanía del pueblo que es esencia de una república si practica el secretismo y no garantiza el libre acceso a la información pública. Y ello incluye cumplir con la obligación de dar publicidad a los actos de gobierno sin condicionar con ello la línea periodística de los medios de comunicación, y someterse de manera periódica a ruedas de prensa sin condicionamientos de ninguna índole, más allá del vínculo directo que se intente por redes sociales u otros mecanismos”.
Para la SIP, “la distinción es clara: quien silencia, quien censura, quien persigue al periodismo y castiga la libre expresión ciudadana no habita el campo democrático, sino que va camino a una autocracia”.
La intención de la entidad continental es que el trabajo presentado en Córdoba sirva de guía a jefes y jefas de Estado, gobernantes locales, responsables de comunicación gubernamental, funcionarios y funcionarias de distintos niveles, personal directivo de medios de comunicación, periodistas y estudiantes de periodismo. Y que sea también un aporte para legisladores –de partidos de gobierno o de la oposición– o para magistrados que deben juzgar casos donde están en juego las libertades de expresión y de prensa.
El mismo documento admite que “muy probablemente el efecto será nulo o muy escaso en gobernantes y portavoces que practican el autoritarismo y son censores por convicción”. Pero añade que “quienes llegan a la función pública con intenciones de respetar los derechos de expresión y de información que son ejes del republicanismo podrán acceder a un reservorio de principios generales, para que no terminen imitando, por simple desconocimiento, prácticas que son claramente contrarias a los estándares internacionales en la materia”.
El primer capítulo recopila principios generales sobre libertad de prensa en América y a nivel global y en el capítulo 2 se abordan temas de transparencia y acceso a la información pública, una de las restricciones más extendidas en todo el continente.
Más adelante, en el tercer capítulo, se analizan otros condicionamientos que surgen de políticas de comunicación de actos de gobierno, falta de disposición de los gobernantes para el diálogo con los periodistas o con negar acreditaciones a reporteros críticos.
La función de las vocerías de gobierno, con la misión esencial de facilitar el diálogo y la comprensión mutua entre el gobierno y la sociedad, a través de los medios de comunicación, es el tema central del capítulo 4, que concluye con una guía de buenas prácticas en la materia.
Por último, el capítulo 5 sistematiza, sobre la base de lo analizado en las páginas precedentes, 11 principios o estándares de relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios de comunicación. Y concluye con la expectativa de que la guía “contribuya a un relacionamiento más abierto y respetuoso de gobernantes y sus portavoces con periodistas y medios de comunicación, en tiempos en que crecen la desinformación y la confrontación como herramientas de construcción política y de descalificación a quien piensa distinto”.
“En definitiva –sostiene la SIP–, que estos estándares constituyan un aporte al fortalecimiento institucional y a la libertad de expresión en el continente”, ya que “ciudadanía activa, prensa libre y gobiernos abiertos y tolerantes a la crítica son esenciales para mejorar la institucionalidad en la región”.
