Desde julio de 2020, la industria mundial de los medios de información ha estado analizando el borrador del código de Australia, que obligaría a Google y Facebook a pagar por las noticias. Ahora que el código es ley, podemos considerar la experiencia australiana como un caso de estudio para comprender cómo las plataformas han consolidado su papel de guardianes de la información a nivel mundial.
Sobre el código de negociación obligatorio de los medios de información australianos
Este artículo se publicó originalmente en Verfassungsblog, el prestigioso foro de debate académico y periodístico alemán sobre el espacio constitucional emergente en Europa y a nivel global.
Desde julio de 2020, la industria mundial de los medios de información ha estado analizando el borrador del código de Australia, que obligaría a Google y Facebook a negociar con los editores de noticias, pagar por las noticias, compartir datos e ingresos publicitarios. Después de una consulta pública, de recabar los comentarios de la industria y de esfuerzos de cabildeo porde todas las partes, tomó forma el Código de Negociación Obligatoria de Medios de Noticias y Plataformas Digitales de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores («ACCC», por sus siglas en inglés). El Código fue aprobado por ambas Cámaras el 25 de febrero.
Como respuesta a este movimiento político, Facebook primero decidió prohibir a los editores y usuarios australianos compartir o ver contenido de noticias tanto australiano como internacional. Solo un par de días después, la red social cambió de opinión, una vez que el gobierno australiano decidió dar un paso atrás y negociar. Esta decisión también fue guiada por preocupaciones globales sobre las consecuencias para la libertad de expresión, entre otras cosas porque la prohibición de Facebook no solo ha llevado al bloqueo de contenido de noticias internacionales y australianas, sino también de información sobre el clima e incluso de instituciones públicas.
Hay diferentes formas de ver esta secuencia de eventos. Desde nuestra perspectiva, el código australiano es un estudio de caso para comprender cómo las plataformas han consolidado su papel de guardianes de la información a nivel mundial. La decisión (temporal) de Facebook de prohibir las noticias en Australia no es solo una decisión comercial, que refleja las libertades económicas de la plataforma. Es más un «movimiento de poder» para presionar al gobierno australiano, que ha trabajado en el Código durante meses, para que dé un paso atrás y negocie con Facebook. Esta interacción no es solo un ejemplo de cómo Facebook puede influir en las políticas públicas, sino que también muestra cómo se reubican los poderes entre los diferentes actores de la sociedad de la información, dentro del impulso hacia una nueva fase del constitucionalismo digital.
Entre libertades y poderes
Facebook ha prohibido a los editores y usuarios australianos compartir o ver contenido de noticias tanto australiano como internacional. Como Facebook ya anunció en agosto de 2020, esta «es la única forma de protegerse contra un resultado que desafía la lógica y dañará, no ayudará, la vitalidad a largo plazo del sector de noticias y medios de Australia».
Las redes sociales son los principales impulsores para que los editores y los medios de información atraigan a un público más amplio, vendan suscripciones y atraigan más ingresos publicitarios. Facebook califica su decisión de “pesarosa”, citando los 5.1 mil millones de referencias gratuitas a editores australianos por un valor estimado de 407 millones de dólares australianos. Por el contrario, Facebook afirma que sus ganancias por alojar contenido de noticias son mínimas, solo el 4% del contenido en los feeds de noticias de los usuarios.
Facebook ha mostrado su intención de continuar con su compromiso global de garantizar la calidad de las noticias. La red social ha confirmado que estaría presente en el mercado australiano no solo prestando sus servicios sino también combatiendo la desinformación. No obstante, mientras Facebook se propone como un poderoso facilitador de la libertad de expresión y el acceso a las noticias a escala global, el enfrentamiento en Australia revela la otra cara de la moneda: el poder de las plataformas digitales para establecer las reglas desde la dinámica del intercambio de contenido, incluidas las noticias. La prohibición no solo ha provocado el bloqueo de contenido de noticias internacionales y australianas, sino también información sobre el clima e incluso de instituciones públicas. Evidentemente, el concepto de «noticias» adoptado de forma autónoma por Facebook es amplio y está impulsado por intereses comerciales.
La decisión de bloquear el acceso al contenido de los medios de información en Australia no promueve la libertad de expresión. Más bien, sigue la lógica empresarial de Facebook. Por un lado, Facebook se basa en la libertad de expresión como base constitucional para proteger sus actividades de la regulación mientras promueve la plataforma como un lugar que fomenta la libertad de expresión. Por otro lado, como actor privado, la red social protege sus intereses comerciales incluso si esto pudiera socavar los mismos derechos que Facebook afirma proteger. Al limitar el acceso de los medios de información a la plataforma, Facebook también está afectando los recursos con los que los medios de información pueden contar para proporcionar información profesional. Socava el derecho pasivo a estar informado. Los ingresos por publicidad en los medios de información ya estaban disminuyendo hasta en un 40% interanual, y la pandemia de Covid-19 ha exacerbado esta recesión.
En este contexto, el experimento australiano se ha percibido como una solución audaz e innovadora al problema global de redistribuir los ingresos generados entre los productores de contenido y las plataformas en línea.
El nuevo código australiano
En primer lugar, la intención del legislador australiano siempre fue establecer un marco regulatorio que facilitara negociaciones comerciales justas entre plataformas y medios de información: los acuerdos alcanzados fuera del Código siguen siendo, por mucho, el resultado preferido. Suponiendo que Google y Facebook remuneraran a los medios de información por el contenido alojado, la premisa de la ley es que los editores, especialmente los pequeños, necesitan la ayuda del regulador para evitar verse obligados a aceptar los términos que las plataformas dominantes les impongan.
El Código tiene el propósito específico de «abordar los desequilibrios en el poder de negociación» entre Google y Facebook, por un lado, y los medios de información, por el otro: según el Código, las dos plataformas tienen la obligación de remunerar a los medios de información de manera justa. Para ser elegibles, los medios de información deben cumplir con ciertos criterios: (i) sus ingresos del año pasado (o durante tres de los últimos cinco años) deben haber superado los 150.000 AUD, (ii) deben producir predominantemente «noticias fundamentales» según lo definido en el Código, (iii) estar sujeto a los estándares del periodismo profesional y (iv) operar en Australia para atender al público australiano. Sobre la base de estos criterios, la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA, por su sigla en inglés) evalúa la elegibilidad de las corporaciones de noticias para registrarse bajo el Código y señalar su intención de entablar una negociación con Google o Facebook, ya sea por su cuenta o en conjunto.
Si no se llega a un acuerdo dentro de los tres meses, las partes quedan sujetas a arbitraje obligatorio. La ACMA proporciona un registro de árbitros, que consta de al menos diez personas, cada una con experiencia en asuntos legales, económicos o industriales. Cuando se requiere arbitraje y las partes no pueden ponerse de acuerdo en un panel de tres personas dentro de ese registro, le corresponde a la ACMA hacer esa selección. Este mecanismo, diseñado para que la negociación de destrabe en caso de llegar a un punto muerto, se denomina “Arbitraje de oferta final” y representa el verdadero corazón del borrador del código. El panel arbitral tendrá 45 días hábiles para elegir entre dos ofertas finales de remuneración realizadas por las partes. Si ninguna de las ofertas es totalmente aceptable «en el interés público», los árbitros podrían modificar la más aceptable de las dos. Al evaluar las ofertas, los árbitros considerarán los beneficios directos e indirectos que el contenido noticioso aporta a las plataformas, así como el costo de producir dicho contenido.
Una vez que el panel arbitral ha determinado la remuneración debida por la plataforma, las partes tienen 30 días para celebrar un acuerdo. La falta de conclusión de un contrato dará lugar a una sanción civil que podría ascender a 10 millones de AUD, lo que sea mayor; tres veces el valor total de los beneficios recibidos como consecuencia de la omisión de cumplir con el arbitraje; el 10% de la facturación anual de la plataforma resultado del suministro de bienes y servicios en Australia durante los 12 meses anteriores.
Además del Arbitraje de Oferta Final, a las plataformas les desagradan especialmente los «estándares mínimos», obligaciones de información por parte de las plataformas con respecto a todas las empresas de noticias que se registraron para beneficiarse del Código. Las plataformas deben notificar con 14 días de anticipación los cambios en sus algoritmos, que podrían afectar la presentación o clasificación del contenido de las noticias. Luego de consultas con las plataformas, se especificó que el aviso se limita a “cambios conscientes en los algoritmos que tendrían un impacto significativo en rankings”.
Aunque este sistema fue el resultado de meses de trabajo, justo antes de su aprobación, el gobierno australiano decidió renegociar el alcance del Código a raíz de la decisión de Facebook de prohibir la difusión de noticias en Australia. Las enmiendas considerarán, entre otras cosas, que «la decisión de designar una plataforma en virtud del Código australiano debe tener en cuenta si una plataforma digital ha hecho una contribución significativa a la sostenibilidad de la industria de noticias australiana al llegar a acuerdos comerciales con empresas de medios de información» y » el arbitraje de oferta final es un último recurso cuando no se puede llegar a acuerdos comerciales requiriendo que la mediación, de buena fe, ocurra antes del arbitraje por no más de dos meses ”.
El tesorero Frydenberg dijo que las enmiendas «proporcionarían más claridad a las plataformas digitales y al negocio de los medios de información sobre cómo se pretende que el código opere y fortalezca el marco». Sin embargo, no se trata de cambios triviales: abren las puertas a los gigantes tecnológicos para escapar del sistema de remuneración, siempre que hayan “contribuido de forma significativa a la sostenibilidad de la industria noticiosa australiana”. No está claro, hasta el momento, qué implica una contribución significativa. Esta negociación revela cómo los Estados no son los únicos actores que ejercen poderes sobre la información en la era digital. La gobernanza de la información está cada vez más determinada por una combinación de autoridad pública y ordenamiento privado.
Poderes de información rectores
Aunque la iniciativa australiana es uno de los intentos regulatorios más interesantes para frenar la influencia de las plataformas tecnológicas en las democracias, ciertamente no es el único.
En el marco de la estrategia del Mercado Único Digital de 2015, la Unión Europea aprobó la Directiva de Derechos de Autor en mayo de 2019, que establece un nuevo derecho de editor, fortaleciendo el poder de negociación de los medios de información al otorgar licencias de su contenido a plataformas que pretenden seguir usando su noticias. Si bien este es sin duda un paso hacia la obtención de pagos de los gigantes tecnológicos por los trabajos periodísticos que utilizan de forma gratuita, los medios de información europeos ahora piden a la UE que implemente un «sistema de arbitraje al estilo de Australia».
Desde Europa hasta Estados Unidos, los medios de información están presionando a favor de la solución de la ACCC. El ejemplo más reciente proviene de Canadá, donde los representantes de los medios de información, en una carta a los miembros del Parlamento, afirman que «Australia ha descubierto la solución [y] no le cuesta absolutamente nada al contribuyente». Asimismo, el establecimiento de un nuevo regulador tecnológico en el Reino Unido parece inspirado en la solución australiana. Al mismo tiempo, el Código Australiano también podría haber inspirado a las plataformas a estar más disponibles para negociar a nivel mundial.
Sin embargo, esta confianza en el modelo australiano podría no tener en cuenta la situación actual. El Código Australiano no solo ha mostrado un modelo potencial para regular las plataformas online, sino que también proporciona un estudio de caso para comprender el poder de las plataformas digitales en la difusión de información y el sector de noticias. Durante la pandemia, las plataformas privadas han brindado servicios (de información) que incluso el Estado falló en entregar con prontitud. En otras palabras, su papel principal durante la pandemia ha dado lugar a que estos actores se consideren servicios públicos o partes esenciales de la infraestructura social. La negociación australiana muestra cómo la información está sujeta a la gobernanza de los actores privados que, al sentarse en la mesa de negociación como guardianes de la información, compiten cada vez más con las autoridades públicas. Por lo tanto, la decisión de Facebook de prohibir el contenido de noticias ha demostrado ser un buen movimiento (político), para mostrar la dependencia de la sociedad de la información de las plataformas y la necesidad del gobierno y los medios de información de negociar con ellos.
Autores:
Dr. Giovanni De Gregorio, PhD, Academic Fellow at Bocconi University
Oreste Pollicino, Professor of Constitutional Law at Bocconi University in Milan
Elena Perotti, Executive Director Public Affairs and Media Policy, WAN-IFRA
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