Compartimos a continuación el texto completo del informe que se aprobó en la sesión virtual del 20 de abril de 2021, y que fue leído por Daniel Dessein, vicepresidente regional de Argentina de la SIP.
Agresiones contra periodistas y ataques contra medios fueron restricciones importantes a la libertad de prensa en este período, así como el acoso judicial con la intención de criminalizar la labor periodística.
El 23 de marzo manifestantes de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) ingresaron al edificio del diario Río Negro, golpearon a un fotógrafo y un recepcionista, destrozaron el mobiliario y pintaron en las paredes frases intimidatorias contra periodistas. El atropello se produjo tras la cobertura que hizo el medio de un juicio por abuso sexual, del que está implicado el líder de una facción del sindicato. Efectivos policiales, de una comisaría a pocos metros del diario, se presentaron 40 minutos después de que comenzara el ataque. Algunos agresores fueron identificados. No hubo detenidos.
En este período se registró una serie de avasallamientos en la provincia de Formosa. Restricciones excesivas a la circulación impidieron el ingreso de la prensa a la provincia y se limitaron las coberturas de periodistas locales sobre hechos de violaciones de derechos humanos en centros de aislamiento por Covid-19. El 5 de marzo, durante una manifestación pública contra las restricciones a la circulación, la policía hirió con balas de goma a un periodista y detuvo a otra de manera arbitraria, durante varias horas. A estos episodios se suman actos de amedrentamiento por parte de funcionarios públicos, intimidaciones de las fuerzas policiales y el desconocimiento de resoluciones de la Justicia federal que garantizan la labor periodística.
El acoso judicial fue usado contra los periodistas Daniel Santoro, Diego Cabot e Irene Benito. Denuncias infundadas desde sectores afines al poder o jueces alineados con el kirchnerismo impulsan causas para criminalizar la labor periodística o neutralizar investigaciones.
Una jueza ordenó al periodista Santiago O´Donnell, entregar grabaciones sobre las que se apoyan testimonios transcriptos en un libro sobre el hermano del expresidente Mauricio Macri, avanzando sobre el secreto profesional. Un juez federal ordenó la entrega de una copia del registro de cámaras de seguridad al periodista Diego Cabot, para identificar sus fuentes tras la investigación «causa de los cuadernos».
En lo positivo, una Cámara Federal revocó el procesamiento del periodista Daniel Santoro. La Corte Suprema de la Nación anuló el procesamiento de los periodistas Carlos Pagni y Roberto García, por una acusación de espionaje.
La postulación del «lawfare», teoría que plantea la existencia de una connivencia entre sectores del periodismo, la política y la justicia con fines inhibitorios para el periodismo, aparece insistente en afirmaciones del presidente Aníbal Fernández y la vicepresidente de la Nación Cristina Kirchner, entre otros dirigentes del gobierno. Se utilizan comunicaciones telefónicas y reuniones de periodistas con fuentes, como argumento de las tesis conspirativas del oficialismo. Se presentó un proyecto en el Parlamento del Mercosur para convertir en delito al «lawfare» para sancionar a los periodistas que investigaron hechos de corrupción. Bajo ese argumento de confabulación entre prensa y justicia, se organizó un seminario sobre «guerra mediática» en la Universidad de Buenos Aires, con la participación -ejemplo de «víctima del lawfare»- de un ex vicepresidente condenado por corrupción.
En materia de agresiones físicas, Néstor Pavón, propietario de una radio en El Quebrachal, Salta, recibió dos puñaladas propinadas por Isaac Rojas, hijo del intendente de esa localidad. Otro incidente fue el ataque de manifestantes contra Fernando Martínez (Diario Uno), Marcelo Aguilar (La Nación) y María Inés Aimale (TN) en la cobertura de una protesta ligada a un caso de femicidio en la provincia de Mendoza.
Luciano Román sufrió amenazas intimidatorias por parte del Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, a raíz de sus artículos publicados en los diarios El Día y La Nación. Otros casos son los de Joaquín Morales Solá, insultado por el diputado oficialista Rodolfo Tailhade; el de Analía Alvarez, de la radio catamarqueña Valle Viejo, denostada por la diputada provincial Juana Fernández; y el de la periodista misionera Mariana Chenlo, amenazada por un empleado municipal de Puerto Esperanza.
Respecto a excesos en la aplicación de protocolos sanitarios, los periodistas fueron excluidos de la sesión de apertura legislativa en la provincia de San Luis.
Suscitó preocupación un proyecto de creación de un observatorio estatal de medios en la provincia de Santa Cruz, con naturaleza y objetivos similares a los de Nodio, creación rechazada por la SIP.
También fue grave la prohibición a los medios, por parte de un juzgado civil de la ciudad de Buenos Aires, de mencionar el nombre de una menor secuestrada -denominada «M»- y de su madre. La medida configura un caso de censura que excede la protección de la intimidad de los menores tutelada por la ley argentina, en un tema de evidente interés público.
La prensa argentina enfrenta desafíos crecientes para su sustentabilidad. Carece hoy de los subsidios estatales con los que contó en los primeros meses de la pandemia en 2020 y sufre un gravísimo deterioro de sus ingresos en el marco de una profunda recesión y un horizonte sanitario complejo. Periodistas y medios, no obstante, cumplen con su rol, con coraje y entrega encomiables.
