La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifiesta su preocupación por la denuncia penal promovida en contra de los periodistas Leandro Fernández Acosta y Julieta González por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, por la presunta comisión de los delitos de intimidación pública y de incitación a la violencia colectiva.
Los hechos denunciados consisten en una serie de comentarios efectuados por los periodistas en el programa radial que ambos conducen en una emisora de FM en horario vespertino. Según la denuncia, los periodistas dijeron que “afortunadamente y es una suerte que no haya terminado muerto, que no haya terminado muerto en una situación dudosa en donde jamás se hubiera podido averiguar… lo que va a pasar es que va a haber un muerto….” (Fernández Acosta), y también que sería necesario que se registre “un muerto para que se intervenga la Provincia… Un muerto para que por fin se reconozca que la situación de Formosa está gravísima” (González).
Siempre según la denuncia, estos dichos habrían tenido lugar en el programa emitido el pasado 9 de agosto, sin que se hayan registrado más acciones concretas con las que se incriminen a los periodistas.
Con posterioridad, y de acuerdo con la documentación a la que accedió Adepa la Fiscalía Nro. 2 solicitó el inicio y prosecución de una causa penal en contra de los periodistas por la presunta comisión de los delitos denunciados.
La denuncia constituye un ataque directo a la labor periodística y a las libertades de expresión y de prensa. Todo el escrito de denuncia sostiene la supuesta intimidación pública en las opiniones e informaciones vertidas por los periodistas a través de un medio de comunicación sobre causas penales y expedientes judiciales de relevante interés institucional.
La falta de sustento de la denuncia resulta de su propio texto, en el cual no existe ningún planteo específico respecto del contenido concreto de ninguna nota, sino tan sólo la opinión de los periodistas acerca de la gravedad de la situación que atraviesa la provincia y el riesgo que ello supone para la salud y la integridad de las personas, haciéndose referencia a un hecho concreto, sobre el cual tampoco se brindan mayores precisiones.
De la propia denuncia no surgen elementos que permitan acreditar la supuesta intimidación. De allí que sea preocupante su formulación por parte de un funcionario público, y lo es todavía más que el Ministerio Público Fiscal solicite la investigación y formación de causa en contra de los periodistas.
Semejante proceder no es aceptable de parte de funcionarios públicos, pues se está persiguiendo penalmente a los periodistas por las opiniones vertidas en un programa radial respecto al desempeño de los funcionarios públicos y, en especial, respecto de la situación general de la Provincia. Esto supone atacar al núcleo más sensible e inexpugnable de la garantía de la libertad de expresión.
Se trata de un ámbito en el cual la tolerancia a la crítica abierta, aún a la crítica cáustica y frontal, resulta casi absoluta por su relevancia para el adecuado funcionamiento del sistema democrático.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en forma reiterada que cuando las manifestaciones críticas, opiniones y/o juicios de valor se refieran al desempeño y/o conducta de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública y se inserten en una cuestión de relevancia o interés público, en tanto no contengan insultos o términos vejatorios y guarden relación con el sentido crítico del discurso, deben ser tolerados por quienes voluntariamente se someten a un escrutinio riguroso sobre su comportamiento y actuación pública por parte de la sociedad y gozan de tutela constitucional.
La hipótesis de la intimidación pública parece ser usada en el caso como una forma de eludir la amplia despenalización de las expresiones que realizó el Congreso Nacional en la Ley 26.551 a partir de la condena impuesta al estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel vs. Argentina.
Sin embargo, la ausencia de elementos objetivos que permitan sostener la presencia de una verdadera intimación pública (figura excepcional y de interpretación completamente restrictiva en lo que hace a publicaciones por la prensa) llevarían a concluir en que la denuncia debería ser prontamente archivada por las autoridades provinciales encargadas de la investigación penal.
Adepa reitera su rechazo a la denuncia y a toda conducta que suponga la utilización de medidas represivas por las críticas u opiniones que emitan los periodistas.