Tras una larga década de injustificadas dilaciones, la Argentina cuenta desde ayer con una vergüenza menos y un derecho más, tras sancionarse la ley nacional de acceso a la información pública.
La norma, para cuya entrada en vigencia sólo falta ahora la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, aporta una pieza fundamental para el control ciudadano de los actos de gobierno y contribuye así a un Estado más transparente, más abierto, menos discrecional.
La Organización de Estados Americanos ha dicho que se trata de la herramienta principal para la participación ciudadana en un sistema democrático, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones gubernamentales, así como para garantizar los derechos humanos.
Así también lo destacó en reiterados fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a lo cual fue imposible en los últimos años avanzar en el tratamiento legislativo del tema, hasta que en marzo último el actual gobierno cumplió con su compromiso de enviar un proyecto para que fuera analizado por el Congreso.
A casi 33 años del retorno a la democracia, Argentina formaba hasta ahora parte, junto con Venezuela y Bolivia, de la triste lista de los países de la región en los que se consagra el secretismo y la manipulación informativa como norma para los datos en poder del Estado.
Más de un centenar de naciones de todo el mundo, entre ellas las democracias más avanzadas, consagran para sus ciudadanos el derecho a conocer y a controlar la labor de sus representantes. Y ello contribuye, sin duda, a mejorar la calidad institucional y la transparencia republicana, como confiamos que ocurra en nuestro país tras la implementación del nuevo marco normativo.
La sanción de la ley venía siendo reclamada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) junto a otras organizaciones civiles, con el convencimiento de que las libertades de expresión y de prensa se relacionan de modo estrecho con la libertad de información; con el derecho a buscar, recibir y difundir datos en poder de los gobiernos.
Por ello, exhortamos a que las administraciones provinciales y municipales que aún no aprobaron normas similares a la ahora sancionada por el Congreso avancen a la brevedad en esa dirección. Se cerrará así, de manera definitiva, una antigua deuda de la democracia argentina.
Foto: La Nación
