Tras la firma del presidente argentina Mauricio Macri de la Declaración de Chapultepec, Adepa entrevistó al periodista uruguayo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, y quien lideró en Buenos Aires la delegación de la entidad hemisférica.
Desde la visión de la SIP, ¿qué importancia tiene la firma del presidente Mauricio Macri de la Declaración de Chapultepec?
Para nosotros es un episodio de carácter histórico. No solo para la SIP, que vuelve a la Casa Rosada después de 12 años: es un acontecimiento histórico para la Argentina. Así como la Argentina volvíó a los mercados financieros internacionales después de muchos años de estar afuera, con este compromiso que suscribió Macri al firmar la Declaración, vuelve al terreno de las libertades básicas para una sociedad democrática, que figuran en los 10 principios de libertad de expresión, de libertad del pensamiento en general, para los periodistas y los medios, pero especialmente para los ciudadanos. Es histórico, porque luego de que lo firmara Carlos Menem en 1994, no lo volvió a firmar un presidente en ejercicio. Por supuesto no lo hicieron los dos últimos expresidentes.
¿Qué pasó con la SIP y el gobierno argentino durante los años del kirchnerismo?
Entre 2003 y 2015, con Néstor y Cistina Kirchner como presidentes, la SIP realizó seis misiones en Argentina. Y en las seis oportunidades tratamos de conversar y dialogar con los presidentes, y nunca fuimos recibidos. Pero no solo no fuimos recibidos; fuimos insultados desde el poder directamente, o de manera indirecta. Por ejemplo, fuimos bjeto de permanentes burlas en programas financiados por el estado, como 678 o los ciclos de Víctor Hugo Morales. Incluso se hicieron burlas y descalificaciones a gente a la que se debería respetar mucho más en la Argentina como Bob Cox, a quien le tomaron el pelo en 678 de una manera muy triste.
¿Cuál es el contexto regional en el que se produce este compromiso por parte del presidente argentino?
Así como antes señalé que la firma era muy importante para Argentina, agrego que es fundamental para la región. Argentina es muy importante para la región. Lo que pasa en Argentina es una referencia ineludible para el resto de América Latina. Desgraciadamente en los últimos 12 años no fueron una buena referencia en esta materia. Ahora tenemos que ver qué sucede, como se dice acá “en la cancha se ven los pingos”. El tiempo dirá si el presidente Macri se atiene a lo que se acaba de comprometer con esta firma. Pero es auspicioso que suscriba algo con lo cual notoriamente asume un compromiso.
Y es más relevante todavía por el contexto. En las Américas en general hay tres grandes problemas. Uno es la violencia contra periodistas, y en particular los asesinatos a colegas, que en Argentina por suerte no ocurren desde hace muchos años, y tampoco los padecimos durante los gobiernos kirchneristas. Me refiero a lo que sucede en los casos de México, Brasil, Guatemala, Colombia, Paraguay, a raíz de la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, coludidos con gobernadores y policías locales, fiscales y jueces locales. Algunos coludidos y otros simplemente porque tienen miedo de atacarlos. Entonces la impunidad es lo que allí campea, la impunidad es el mejor combustible para que los criminales sigan matando periodistas.
¿Cuáles son los otros grandes problemas en la región?
El segundo gran problema está básicamente originado desde el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y lo que siguió después del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos cambió el paradigma: desde los padres fundadores hasta el 2001 era la libertad arriba y la seguridad en un lugar importante pero debajo. Siempre la Primera Enmienda era lo más importante. Desde el 11 de septiembre de 2001 eso cambió: ahora es la seguridad arriba y la libertad es algo que se puede suprimir en nombre de la seguridad. Y en nombre de la seguridad, los gobiernos de Estados Unidos, desde Bush hasta Obama, con el apoyo del Congreso, con el auxilio de la justicia, con un silencio que se rompe cada tanto por parte de la prensa, pero no como no hubiera sido antes de 2001, y con la aquiescencia todavía mayoritaria del pueblo, vulnera la Primera Enmienda, casi a diario.
Por ejemplo hay un espionaje gigantesco sobre todos los ciudadanos, sobre todo de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, todo lo que hace la gente hace por Internet o por teléfono, que vulnera no solo la Primera Enmienda, sino también la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana. Y no pasa nada. Y el presidente Obama, cuando se descubrió todo eso a través de la denuncia que hizo el ex agente de la CIA Edward Snowden, salió a reconocer que efectivamente se hacía eso en nombre de la seguridad. Y dijo que no escuchaban lo que cada ciudadano habla, sino quién habla con quién. Y si pasa eso, en Estados Unidos o en cualquier país, entonces se sabe quiénes son las fuentes de los periodistas. Y si en 1972 el entonces presidente Richard Nixon hubiera tenido el poder que dice Obama que tiene ahora, entonces no hubiera existido el caso Watergate, porque enseguida hubieran advertido que el número 2 del FBI era el “garganta profunda” y la fuente principal que guiaba a los periodistas Woodward y Bernstein en su investigación.
Actualmente no sabemos cuántas investigaciones periodísticas se están perdiendo por eso, ahora en Estados Unidos, por ejemplo. O en otros países en todo el mundo que han tomado la misma lógica invocando las razones de la seguridad. Es comprensible que se quiera combatir el problema del terrorismo, pero no debería ser así, de esta manera, enterrando los principios de la libertad.
Y el tercer problema que hay en América Latina son las leyes o constituciones que algunos gobiernos hicieron a su medida luego de haber sido electos legítimamente por la sociedad, y que son claramente restrictivas de lo que sostiene la Declaración de Chapultepec y el resto de los documentos regionales en la materia, como los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc.
¿A qué países puntualmente se refiere?
Son varios. Pero el caso más paradigmático, el peor de todos, no es ni Cuba ni Venezuela, es Ecuador. La ley Orgánica de Comunicación de ese país es la ley mordaza más brutal que hay en América, y me animaría a decir en el mundo. Es el Gran Hermano llevado a la enésima potencia. Por supuesto también están las leyes restrictivas en Venezuela, en Nicaragua, en general en los países del denominado “eje bolivariano”.
En Argentina eso estaba más limitado. La famosa Ley de medios que elaboró el kirchnerismo avanzaba sobre algunos aspectos importantes, especialmente en la concesión de frecuencias de una forma transparente y promoviendo la competencia, algo que siempre la SIP ha promovido. Pero una vez puesta en marcha la ley, lo único que se vio es que se buscaba liquidar a un grupo mediático: el grupo Clarín. Y no se hacía lo mismo con el resto de los medios, especialmente con la red de medios estatales y paratestales. Aquí, lo que hubo es una aplicación sesgada de la ley.
¿Cuál es la mirada de la SIP sobre los primeros meses de Macri en el gobierno?
Desde afuera, pero viendo a diario lo que sucede en Argentina, da la impresión que el nuevo gobierno tiene muy en cuenta el respeto de los principios que forman parte de la libertad de expresión. Hubo un error grave hace unos meses, que motivo un comunicado de la SIP, que es cuando en el proyecto de ley de blanqueo se determinaba que la difusión de información sobre las personas que se acogían a esa ley, podían terminar con periodistas presos. Nosotros dijimos que eso era peligroso de acuerdo a los estándares de libertad de expresión, e inmediatamente el presidente Macri dijo que lo iban a modificar, y efectivamente así lo hicieron antes de la aprobación de la ley. Entonces están atentos. Eso ya implica que la situación sea mejor de lo que venía siendo en los últimos 12 años.
