En medio del terremoto judicial causado por la detención del empresario Lázaro Báez y la imputación a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada “ruta del dinero K”, el periodista Daniel Santoro acaba de publicar un nuevo libro de investigación que hace foco en la metodología de lavado de dinero implementada por el empresario santacruceño entre 2003 y 2015.
Santoro trabaja desde hace 20 años en el diario Clarín, y escribió, entre otros, los libros “Venta de armas”, “Operación Cóndor”, “Sr. Juez” y “Nisman debe morir”.
En su nuevo trabajo, Santoro relata con minuciosidad el armado de las empresas de obra pública y sociedades offshore por parte de Báez y su entorno para el lavado de activos; da detalles del allanamiento que realizó el juez federal Claudio Bonadío en las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos; explica las razones de la mala relación entre la procuradora general Alejandra Gils Carbó y el fiscal José María Campagnoli.
En esta entrevista, Santoro critica fuertemente a la justicia argentina y al constante hostigamiento a la prensa por parte del kirchnerismo durante los 12 años que estuvo en el poder.
¿Cuáles son, a su entender, las principales revelaciones de la investigación?
Las principales revelaciones de la investigación son: el circuito internacional de empresas fantasmas que rodean a la compra de “La Rosadita” por parte de la empresa suiza Helvetic Services Group y sus vinculaciones con las 148 empresas fantasma creadas por Mossack y Fonseca en Las Vegas; y yo señalo ahí quienes son los dueños de Aldyne, la empresa administradora de estas 148 empresas. A la empresa Aldyne la tienen registrada en las Islas Seychelles, y los beneficiarios finales son Jorge Galitis y Edgardo Levita, un broker, vendedor de bolsa muy conocido en la Argentina y, además, un financista como Levita. Eso es en cuanto a la financiera.
Después, otra cosa que cuento es toda la documentación que se llevó el juez Claudio Bonadío del allanamiento a las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos. También tengo otro capítulo vinculado a por qué la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tiene tanta bronca en contra del fiscal José María Campagnoli, quien inició esta investigación. Y eso es porque en el año 2012, Gils Carbó, le encargó a Campagnoli la investigación del secuestro de Severo Caballero, que resultó ser un secuestro inventado por la SIDE y, en esa causa, Campagnoli siguió solo, le dijo [a Gils Carbó]: “No me cuidaste”.
Ahí fue la ruptura. El fiscal siguió adelante y llegó a pedir la declaración indagatoria, en el 2012, del entonces poderoso director general de Operaciones de la SIDE, Antonio Jaime Stiuso, que estaba apoyado por el kirchnerismo.
¿Que lo llevó a investigar el tema?
Yo creo que esta investigación, llamada “la ruta del dinero K”, que tiene varios caminos, va a terminar con la declaración indagatoria y todo el procesamiento de Máximo Kirchner, sobre todo en la causa Hotesur, donde Cristina se arrepintió de haber permitido que su hijo tenga un poder en toda la empresa.
Un poder en todas las cuentas bancarias que maneja Hotesur. Porque eso lo hace ser el más expuesto desde el punto de vista jurídico en la medida en que está su firma recibiendo los cheques de Lázaro Báez.
Hay que recordar que, en el contexto de toda esta maniobra, en los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, le entregaron 650 millones de dólares a Austral Construcciones y a las otras empresas de Lázaro Báez y el retorno de eso fue, por lo menos, el pago de 6,5 millones de dólares en concepto de alquileres de los hoteles de la familia Kirchner. Entonces ahí aparece cobrando ese monto el actual diputado nacional Máximo Kirchner.
Por eso me parecía que la historia, en estas rutas del dinero, en estos caminos de la ruta del dinero mejor dicho, vamos a ir encontrando cada vez, ahora que se quebraron las protecciones políticas, las protecciones por parte de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera, más información sobre toda esta plata negra que vino de los negociados de kirchnerismo. Y acá lo tenemos resumido porque, digamos, la plata de los casos de la compra de material ferroviario antiguo deshecho a España y Portugal, el caso de Ciccone al principio, el tren bala, la compra de gas licuado… Todo eso concluía en juntar plata en efectivo y después intentar blanquearla. Por eso yo creo que lo más estratégico es poner la vista sobre la ruta del dinero, ¿no? La ruta de esa plata negra del kirchnerismo.
¿Cuánto tiempo llevó la investigación?
Yo tardé 2 años porque este libro lo terminé de escribir a fines del año 2014 y la editorial que me había hecho el contrato no lo quiso publicar. Empezó a decirme que íbamos a tener muchos juicios, que iba a perder mi casa, mi auto… Así que, de común acuerdo, decidimos rescindir el contrato y un mes después, con la muerte del fiscal Alberto Nisman, me contactó Ediciones B para escribir el libro sobre ese tema, que se llamó “Nisman debe morir”. Así que suspendí todo lo que tenía hecho.
“Nisman debe morir” fue un éxito y tuvo un impacto enorme, entonces Ediciones B me pidió actualizar la investigación de la ruta del dinero K, que yo la había empezado en Clarín con varias notas. Hay que recordar que la primera nota en el periodismo argentino sobre Mossack Fonseca la escribí en abril del año 2013. Una de las ventajas que tengo es que tengo un archivo muy grande con respecto a todo este tipo de información y también accedí a bases de datos para presentar una historia con muchos detalles, aparte de recrear personajes como Leonardo Fariña, que son personajes lindos para una novela.
¿Cómo manejó la competencia con sus colegas que investigan estos mismos temas?
Lo que hago es, todas las notas, todos los datos que he sacado de los colegas – obviamente esto no es individual, todos estos años hemos aportado desde el programa de Lanata, el diario La Nación, el diario Perfil- yo señalo cada uno de los datos con notas al pie, o en el mismo texto porque uno va armando todo un rompecabezas que todavía no está terminado de armar. Tenemos una parte. Uno consigue una parte, otro consigue otra.
¿A qué atribuiría el hecho de que el periodismo de investigación a veces va más rápido que la justicia?
Primero hay una falta de voluntad política de una justicia quebrada, no sé si quebrada, pero volteada por el kirchnerismo. Parte de una justicia corrupta. Hay jueces que viven en mansiones en San Isidro y no pueden explicar el origen de sus patrimonios, cuando todos sabemos de los casos que venían ya desde la época de Carlos Menem, con los jueces de la “servilleta”. En los casos de los jueces que han tenido unos crecimientos patrimoniales enormes.
Y después otras cosas que tienen que ver con el sector de los jueces que nunca han cobrado un sobre.
Hay jueces que aplican el código de procedimientos en la Argentina como si viviéramos en Suecia. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos vivís en Suecia, en un país que no tiene impunidad, donde tenés que avisarles a todas las partes absolutamente de todo, ser prolijo, tomarte todos los tiempos necesarios, es una cosa. Acá tenemos un país donde hay 1.700 causas por corrupción abiertas, tienen un promedio de duración de 16 años y donde tenemos solamente condenados al ex presidente, Carlos Menem, en el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, que investigué yo, a tres años de prisión y que no va preso porque tiene fueros parlamentarios; la condena a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito y otros delitos; la condena a Jaime, una condena que hemos visto ahora; la condena a Felisa Miceli, la ex ministra de Economía de Néstor Kirchner, por el hallazgo de la bolsa con dinero en su baño; y una condena a Alderete y nada más.
Y eso habla de impunidad, y habla de que los jueces tienen que tener una actitud con mayor velocidad. El problema es que los 12 jueces federales tienen, además, las causas de drogas, entonces tienen mil casos de drogas donde quizás encontraron a un adolescente fumando un porro y tienen aparte la ruta del dinero K. Y no tienen, obviamente, asesores en temas financieros, temas digitales, contadores. Hay una serie de expertos que es necesario incorporarlos o crear juzgados especializados en temas de corrupción.
O crear una policía que dependa directamente de la Corte Suprema de Justicia, porque hemos visto por ejemplo, que Bonadío tuvo que allanar las oficinas de los Kirchner con la policía metropolitana porque las policías que dependen del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, todas les avisaban ya cómo y cuándo se iban a hacer los procedimientos y esto abortaba el efecto sorpresa.
Teniendo en cuenta el protagonismo que está teniendo el periodismo de investigación, por ejemplo, en el caso de los videos de “La Rosadita” publicados por Canal 13, ¿cree que éste puede ayudar a que la justicia acelere su ritmo?
Yo creo que el caso del video de Telenoche en Canal 13 es un caso realmente emblemático. Una causa en la que el juez Sebastián Casanello siempre decía que iba a respetar a rajatabla el código procesal, las leyes. Ya llevaba más de dos años donde solamente había procesado a Fariña y a Federico Elaskar, el valijero de Lázaro Báez y el ex dueño de “La Rosadita”. Y cuando se ve la contundencia de estos videos de 90 horas contando billetes en efectivo por 16 millones de dólares. Y además lo que hay que tener en cuenta es que la causa misma de la ruta del dinero K era por las maniobras hechas por Elaskar y Fariña con la plata de Báez hasta mediados de 2011 cuando le compran, le sacan bajo presión la rosadita, estos videos tienen fecha del año 2012, es decir, que siguieron haciendo este tipo de operaciones, que le siguieron tomando del pelo al juez con que los Báez no conocían la rosadita, que no la habían pisado. Es contundente. Ver a Martín Báez contando billetes y esa escena donde está junto con el contador de su padre, Daniel Pérez Gadín, están fumando habanos y brindando con whisky, es una escena igual que la de Scarface, donde un narcotraficante logra tomar el cartel, tener millones de billetes cash y hace lo mismo: en una mesa llena de dólares también brinda con whisky y con habano.
En su blog usted cuenta que fue perseguido por la SIDE durante el kirchnerismo, ¿en algún momento vaciló en abandonar la investigación por este motivo?
A mí, está comprobado ya en causa judicial, en el año 2006 me pincharon los correos electrónicos. Nunca después pude descubrir quién lo hizo, porque se hizo desde un cibercafé. Después me acusaron ridícula y falsamente de espía ruso, a través de la revista Veintitrés, que en ese momento era de Sergio Szpolski, a la cual le inicie una acción judicial porque se metió con mi familia. Después de eso, ahora el juez Casanello me notificó la semana pasada que mi teléfono celular estaba pinchado. Todo esto en un clima de hostigamiento que realmente fue muy duro. Fue la etapa más dura que viví como periodista desde que regresó la democracia. No solo yo sino que otros colegas que teníamos, enfrente, un aparato de propaganda de 180 medios y, además, todos los bloggeros y tuitteros pagados por el kirchnerismo.
Hace una semana estuve en el programa de Mirtha Legrand y le dediqué un libro y agradecí que, un programa de esas características se convirtió en un espacio de libertad. Me invitó tres o cuatro veces durante estos años, y uno podía ir y decir lo que quisiera. Mirtha Legrand realmente se aguantó todos los insultos, ataques, y obviamente todo esto significa no recibir ningún tipo de publicidad. Ustedes recordarán que había listas negras durante el kirchnerismo en donde a ciertos periodistas no les daban publicidad oficial y no les daban información, que es lo más grave. Eso fue publicado en el diario La Nación. Yo estaba en esa lista negra. Desde la Jefatura de Gabinete se mandaban instrucciones a los medios oficialistas de a quién atacar, cómo atacar, qué tema llevar a la tapa y demás. Fue realmente un atropello, un hostigamiento sistemático que nunca se había visto antes.
¿Qué cree que hubiese pasado con el kirchnerismo sin el periodismo de investigación?
Yo creo que este libro se suma a todas las investigaciones que se publicaron. Porque junto con colegas del programa de Lanata, La Nación y Perfil, sin todo eso, estas historias hubiesen quedado ocultas. Cristina había creado un aparato de protección política que se ve en todas las causas judiciales. Por ejemplo, en la AFIP había denuncias por evasión impositiva del grupo de Báez por 500 millones de pesos y no se hizo nada; en la Unidad de Información Financiera (UIF) había 60 reportes de operaciones sospechosas vinculadas con Helvetic, con Elaskar, y recién aparecen esos reportes a mediados del año pasado.
Entonces, sin el periodismo de investigación, el kirchnerismo hubiese logrado ocultar todo este tipo de datos y hacer progresar su relato de que vivíamos en una Argentina ideal, de la justicia social y todos los discursos que escuchábamos en esta lucha épica que presentaba la ex presidenta Cristina Kirchner.
