El regulador audiovisual alemán ha dado un paso que ningún supervisor europeo había dado hasta ahora. La Comisión de Licencias y Supervisión (ZAK), que agrupa a las catorce autoridades mediáticas de los estados federados, resolvió el 14 de julio que los AI Overviews de Google y el buscador de Perplexity quedan sujetos a la legislación alemana de medios. La decisión los considera proveedores que generan contenido propio y que, al ordenar qué fuentes ve el usuario, condicionan la visibilidad del periodismo de terceros.
El razonamiento es el que los editores llevan tiempo defendiendo. Los resúmenes generados por IA se muestran de forma destacada en lo alto de los resultados y desplazan los enlaces tradicionales, restando visibilidad al contenido informativo que los alimenta. La ZAK concluye además que la exención de responsabilidad de la Ley de Servicios Digitales, pensada para el contenido subido por usuarios, no ampara estas funciones. Por eso pueden calificarse como intermediarios mediáticos y quedar obligadas a las reglas de veracidad, transparencia y pluralismo. Su presidente, Thorsten Schmiege, resumió que los buscadores con IA y los chatbots «son proveedores de contenido». La resolución llega tras una medida cautelar del tribunal regional de Múnich que consideró a Google directamente responsable de las afirmaciones falsas producidas por sus resúmenes. Google ha anunciado que recurrirá.
Un mismo problema, cuatro vías regulatorias
El movimiento alemán tampoco es una réplica de lo que ocurre en otros países. Distintas jurisdicciones están llegando al mismo diagnóstico por caminos jurídicos que apenas se parecen, proteger la sostenibilidad del periodismo frente a la sustitución de tráfico. Alemania lo aborda desde el derecho de medios y el pluralismo. Otros, desde la competencia, el derecho digital o los tribunales.
En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), tras designar a Google con estatus de mercado estratégico, ordenó en junio que los editores puedan excluir su contenido de los resúmenes de IA sin penalización en el buscador, con atribución mediante enlaces claros y opción de rechazar el uso de sus textos para el ajuste de los modelos. Google dispone de nueve meses para cumplir.
En la Unión Europea, la Comisión abrió en diciembre una investigación formal por la posible conducta anticompetitiva de Google al usar contenido de editores para fines de inteligencia artificial. A ella se sumó, en abril, la derivación de la italiana AGCOM, que como coordinadora de servicios digitales pidió a Bruselas evaluar los AI Overviews y el AI Mode bajo la Ley de Servicios Digitales, invocando la libertad y el pluralismo de los medios a raíz de una denuncia de los editores italianos.
En Estados Unidos, el frente es judicial. El grupo editorial Penske Media demandó a Google por abuso de posición dominante, sosteniendo que la compañía pasó de enviar tráfico a los medios a retenerlo con respuestas que eliminan el incentivo de visitar la fuente. El expediente cita caídas de clics de hasta el 58 % cuando la respuesta de IA aparece sobre los resultados.
España ya fijó su marco
En este mapa, España no es espectadora. En diciembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cerró su expediente contra Google e hizo vinculantes sus compromisos con los editores. La compañía queda obligada a informar de la metodología de cálculo de la remuneración, a actualizar anualmente su oferta económica y a compensar de forma retroactiva el uso de contenidos desde la entrada en vigor del artículo 129 bis de la Ley de Propiedad Intelectual. Los compromisos rigen cinco años, prorrogables, y alcanzan a todo el sector aunque existan acuerdos previos.
La posición de la AMI
La convergencia internacional confirma una tesis que la Asociación de Medios de Información viene sosteniendo. El problema no está en cómo trabajan las redacciones, sino en la relación de valor entre las plataformas y quienes producen la información que esas plataformas explotan. Cuando un resumen automático responde con el trabajo de un medio sin remitir a él, reordena el mercado de la atención y compromete la financiación de la prensa que sostiene el debate público.
Los marcos existentes ofrecen herramientas suficientes para exigir transparencia, atribución y una compensación justa. Ahí están la remuneración del artículo 129 bis, las obligaciones de los Reglamentos de Servicios y de Mercados Digitales y el principio de pluralismo que ahora invoca Alemania. Que reguladores de tradiciones jurídicas distintas coincidan en el diagnóstico refuerza la legitimidad de esa exigencia. La AMI defenderá que la incorporación de la IA a la búsqueda no puede hacerse a costa de vaciar de recursos al periodismo profesional, porque sin medios sostenibles no hay información verificada que resumir, ni pluralismo que preservar.
