Por Elva Roulet, Ex Vicegobernadora de Buenos Aires

Los argentinos conmemoramos este año 2016 el Bicentenario de la Independencia declarada en Tucumán el 9 de julio, fecha a partir de la cual comienza el difícil y largo camino de construcción de la patria.

Conmemoramos también el Centenario de la Democracia iniciado con las primeras elecciones del 2 de abril de 1916 con aplicación de la Ley Sáenz Peña, en las que el pueblo soberano eligió como Presidente de la Nación a Hipólito Yrigoyen, quien asumió el 12 de octubre de ese año. Pero esa democracia habría de tener también un difícil y largo camino caracterizado por las reiteradas interrupciones militares y los golpes destituyentes de conformación cívico-policial más recientes.

Hace 50 años, el 28 de junio de 1966, con la destitución del presidente Arturo Illia se produjo el cuarto golpe militar que sacudió al país en el transcurso de ese siglo. Y esa fecha nos convoca hoy a honrar al ciudadano cabal y al político ilustre, evocando su personalidad y su acción de gobierno. Se trata de un homenaje, pero es también la reivindicación de un momento histórico y de sus protagonistas que fueron objeto entonces de un “relato” que desde ciertos medios de comunicación y diversos sectores políticos, sociales y militares crearon el estado de opinión proclive para el infausto golpe de Estado que lo derrocó y deformaron los hechos. Podemos pensar que el doctor Arturo Illia fue un hombre del destino o que fue el hacedor de su propio destino al que, con clarividencia, voluntad y total entrega de sí mismo, consagró su vida: cimentar un país mejor para todos los argentinos.

Nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 4 de agosto de 1900. Comenzó su compromiso político afiliándose a la Unión Cívica Radical al cumplir 18 años. Se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires. Muy joven profesional, se entrevistó en 1928 con Hipólito Yrigoyen, quien le aconsejó radicarse en el interior del país. Lo hizo en 1929 en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, donde se asentó definitivamente y desde donde irradió su personalidad. Allí inició una carrera médica dirigida a los más necesitados con total generosidad y abnegación, por lo que fue llamado el “Apóstol de los pobres”. Inició, igualmente, y desarrolló desde ese lugar su carrera política.

En 1935 fue electo Senador provincial; de 1940 a 1943 fue Vicegobernador de Córdoba, acompañando al gobernador Santiago del Castillo; de 1948 a 1952 fue Diputado nacional; en 1962 fue electo Gobernador, no pudiendo asumir por el golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Frondizi.

El 7 de julio de 1963, después de una campaña electoral con el slogan “Illia le da una mano limpia”, triunfó en las elecciones presidenciales con el 25,14% de los votos, en comicios en los que estaba proscripto el peronismo. Después del acto comicial, el Presidente electo afirmó: “Estas serán las últimas elecciones con proscripciones”, lo que cumplió en las siguientes votaciones de mediano término, con un triunfo peronista que enervó a los militares.

En el mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa, el 12 de octubre de 1963, Illia afirmó: “Hay una meta fijada que debemos alcanzar: la felicidad de la Patria”. Gobernó con firmeza y autoridad moral pero sin autoritarismo, tuvo la sabia virtud política de la prudencia y el auténtico coraje para las decisiones riesgosas, que supo adoptar sin vacilaciones.

Cimentó su paso por la más alta magistratura una vida entera consagrada a luchar por la vigencia de los principios constitucionales y democráticos. Su administración heredó una ciudadanía que desconfiaba de la capacidad de sus propias instituciones para recuperarse y encontrar soluciones a los conflictos: comicios anulados, abusos del poder público, promesas electorales incumplidas, entre otros elementos negativos, habían evaporado esa fe insoslayable que el pueblo debe tener en su sistema constitucional.
Su gestión de gobierno tuvo firmeza, coherencia y creatividad. Cumpliendo con sus anuncios de campaña, anuló los contratos petroleros firmados por el presidente Frondizi con empresas extranjeras. Una decisión sujeta a la legalidad de los contratos pero que tuvo, no obstante, un alto costo político con la oposición política y con el mundo empresario nacional e internacional.

El 15 de junio de 1964 se aprobó la Ley 16.459 del “Salario mínimo, vital y móvil”. Casi en simultáneo el sindicalismo peronista había anunciado su “plan de lucha”, que mantuvo un permanente enfrentamiento con el gobierno, con cuatro paros generales cada año. Un arma política repetida, de la que tenemos una amplia experiencia, que pone en evidencia que si bien no es cierto que “sólo los peronistas saben gobernar”, y lo demuestra inequívocamente la historia de sus cuatro períodos de gobierno, sí es cierto que los peronistas impiden a otros gobernar.

El 23 de junio de 1964 se aprobó la Ley 16.463 de Medicamentos, conocida también como Ley Oñativia, por el nombre del Ministro de Salud que la impulsó, por la que se establecieron normas sobre producción, costos y precios en un mercado regulado en beneficio de los consumidores y de apoyo a la industria nacional. Constituyó otro importante enfrentamiento con laboratorios y empresas farmacológicas internacionales y aún, en la defensa de éstas, con el Estado suizo, que se negó a apoyar las negociaciones argentinas con el Club de París.

En materia educativa se elevó la participación presupuestaria hasta el 23% del PIB, cifra nunca alcanzada con anterioridad. Se dio reconocimiento al Estatuto del Docente y se estableció un Plan Nacional de Alfabetización con 12.500 centros de alfabetización alcanzando a 350 mil alumnos de 18 a 85 años.

Un brillante equipo económico llevó adelante una política de crecimiento y desarrollo que sacó al país de la decadencia heredada. Creó el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), institución señera al frente de la cual se desempeñó el ingeniero Roque Carranza, que produjo un plan de desarrollo de mediano plazo y estableció un sistema avanzado de cuentas nacionales. El incremento del Producto Bruto Interno creció el 10,3% en 1964 y el 9,1% en 1965. Y el Producto Bruto Industrial lo hizo el 18,9% y el 13,8% respectivamente para esos dos años, alcanzando la participación del sector industrial en la formación del PBI el récord del 33,9% en 1965. Se incrementó la participación del salario en el PBI, pasando del 36% en 1963 al 41% en 1966. Las exportaciones aumentaron de 1.200 millones de dólares en 1962 a 1.500 millones en 1965, con un récord de 877 millones en el primer semestre de 1966. Se abrieron nuevos mercados con Rusia y China, pese a que no existían con ésta última relaciones diplomáticas –ni siquiera las tenían los Estados Unidos–. La deuda externa disminuyó de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones. Con un profundo sentido ético de la acción de gobierno se creó la Sindicatura de Empresas del Estado como organismo de control del sector público y se promovió la transparencia en la Administración Pública mediante la modificación del Código Penal para que en casos de sospecha sobre funcionarios por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito se invirtiera la carga de la prueba.
En el ámbito de la política exterior se aprobó la Resolución 2065 de Naciones Unidas por la que se reconoce la disputa por las Islas Malvinas con el Reino de Gran Bretaña y se da mandato para la negociación sobre la soberanía. En enero de 1966 se realizó en Buenos Aires la primera reunión de las delegaciones de ambos países. Este importante avance se vio dificultado posteriormente por el gobierno de facto, que interrumpió la Presidencia constitucional del doctor Illia, y tuvo su final con la invasión de las islas en 1982 por iniciativa militar.

Una prensa militantemente adversa pudo generar la imagen de una “tortuga” y acompañar a una oposición ciega e irresponsable hasta el asalto a la Casa de Gobierno producido en la madrugada del 28 de junio de 1966. El General Julio Alsogaray y el Coronel Luis Perlinger, que tuvieron a su cargo la nefasta tarea, fueron increpados como salteadores nocturnos, indignos de vestir el uniforme de la patria. El Presidente Illia sentenció: “Algún día sus hijos y la Patria se lo recriminarán”. Y fue una profecía. Arturo Illia falleció en Córdoba el 16 de enero de 1983 y sus restos reposan en Buenos Aires, en el cementerio de La Recoleta. Invitada por su hermano, Ricardo Illia, en el homenaje que se le rindió allí en conmemoración de la fecha de su natalicio, el 4 de agosto de 1984, expresé: “En medio de las crisis, frustraciones y fracasos que se sucedieron en la vida política, los argentinos hemos buscado modelos diferentes, figuras ejemplares que sirvieran a modo de faro para los navegantes extraviados en las tinieblas (…). Fue precisamente el contraste que ofrecía la figura del presidente Illia con la de sus antecesores y sucesores en la primera magistratura, lo que realzó su ejemplo. Su desaparición, ocurrida en vísperas del restablecimiento de las instituciones democráticas en el país, provocó hondo dolor entre los que habían sido sus partidarios de siempre y hasta en aquellos que en su momento aplaudieron su caída”.

Una encuesta de opinión realizada en el 2013 destacó al presidente Illia como el político más honrado del país. Hoy su figura pertenece a todos los argentinos y es el ícono que representa la democracia republicana, la inteligencia serena, la conducta inclaudicable sustentada en principios trascendentes y el gobernante que trazó un proyecto de país que todavía nos convoca a construirlo. En su discurso de investidura, había dicho: “Esta es la hora de la gran revolución democrática, la única que el pueblo quiere y espera. Pacífica, sí; pero profunda, ética y vivificante”.