El Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, Daniel Dessein, presentó el informe sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina, durante la 76ª Asamblea organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se lleva a cabo entre el 21 y el 23 de octubre en formato virtual.
A continuación el informe completo:
En este período la tarea de los periodistas fue afectada por disposiciones locales abusivas y la implementación excesiva de protocolos sanitarios en varios lugares del país. El debate público se deterioró en los últimos meses, derivando en agresiones a la prensa.
A raíz de la pandemia y la crisis económica, los medios vieron afectada su sostenibilidad debido a la merma de los ingresos publicitarios.
También en este período se observó la intención del Estado de avanzar sobre los contenidos periodísticos. En forma sorpresiva, y sin debate público como había ocurrido en administraciones anteriores cada vez que los gobiernos impulsaban códigos de ética para medios y periodistas, el 9 de octubre, la Defensoría del Público, órgano perteneciente al gobierno nacional, anunció la creación del «Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)». Según una conferencia ofrecida por la titular de la Defensoría, el Nodio tendrá el objetivo de «proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias» generar materiales para «reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad» y debatir «sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet».
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y los medios en general, inmediatamente rechazaron la iniciativa por considerar que se trata de un «método sutil para disciplinar o como represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover» y alejada de iniciativas de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital.
El periodista Luis Majul denunció ataques de sectores políticos y sindicales, en el marco de una campaña de desprestigio que lo vinculó en una causa de espionaje.
El senador oficialista, Oscar Parrilli, en el debate sobre una reforma judicial, incluyó una cláusula que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los «poderes mediáticos». La iniciativa estaba ligada a la llamada teoría del lawfare sostenida por el senador, sobre una connivencia entre políticos, jueces y periodistas o medios con el propósito de condicionar y hostigar a actores de la vida pública. Luego el senador retiró la cláusula.
En un video publicado en junio por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se superponían imágenes de periodistas reconocidos con una voz en off que denunciaba una «cobertura de los medios hegemónicos» y su «complicidad» con el gobierno anterior. Otro ejemplo es la afirmación del exjuez de la Corte Suprema de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien se refirió a los medios de comunicación como «un partido único, con el equivalente al partido de Hitler».
El presidente Alberto Fernández no contribuyó a mejorar el clima del debate público. En septiembre, afirmó que la oposición y los medios «maltratan la democracia» y sostuvo que su gestión sufre un «ametrallamiento mediático».
Uno de los episodios más graves fue la brutal golpiza en Villa Río Bermejito, provincia del Chaco, registrada en un video en septiembre, de dos agresores contra el locutor Luis Mancini. Un agresor es funcionario de esa localidad. Otra agresión física la sufrieron cronistas del canal C5N en el Obelisco de Buenos Aires, durante una manifestación el 9 de julio.
En la implementación de protocolos sanitarios y en los intentos de monitorear información falsa sobre coronavirus hubo abusos contra la labor periodística. En junio fue allanado el domicilio del periodista chaqueño Gustavo Romero por efectivos de Gendarmería Nacional que pretendieron constatar si eran de su autoría publicaciones sobre casos de Covid-19. Un mes más tarde, agentes de la Policía de Santiago del Estero retuvieron sin causa al periodista cordobés Gabriel Varela y luego lo escoltaron hasta el límite de la provincia, aduciendo que cumplían un protocolo vinculado a la pandemia.
En agosto fue sancionada en la provincia de Tucumán una ley que pena con multa o arresto de hasta 10 días a quien difunda «por redes sociales noticias que resulten total o parcialmente falsas». En Pichanal, provincia de Salta, se multó al periodista Sebastián Domínguez por difundir «información falsa».
En agosto, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia que declara servicios públicos, entre otras cosas, a la televisión por cable, una intromisión estatal con los contenidos.
En agosto se registró fallo de segunda instancia a favor del derecho al olvido. En el «caso Denegri», la Cámara Nacional en lo Civil determinó que Google debe desindexar contenidos vinculados a una demandante, señalando que estos no revestían interés público, pero sí generaban un perjuicio. La demandante estuvo vinculada al mundo del espectáculo hace más de dos décadas con causas judiciales de entonces.
La Justicia Penal y Correccional de la provincia de San Luis condenó al periodista Diego Masci a pagar una multa por la publicación de un video privado en un portal digital que, previamente, había sido difundido en una red de WhatsApp, protagonizado por quien era entonces ministra de Educación provincial. La Justicia exigió a Google la desindexación del video, en la que se veía a la funcionaria en estado de ebriedad.
