En varias oportunidades la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) destacó la importancia que reviste el periodismo de investigación. Sus secuelas en beneficio del derecho a la información del pueblo y aquellas que se traducen en una colaboración con las autoridades públicas, para que puedan cumplir fielmente sus obligaciones, son notorias. Infinidad de acciones que conforman el ejercicio de la libertad de prensa y que fueron desconocidas por el juez federal Alejo Ramos Padilla en la causa penal promovida contra el periodista Daniel Santoro. .
Una muestra de esa labor institucional del periodismo se concretó en la investigación desarrollada desde 2016, y su consecuente denuncia formulada por el diario La Vanguardia de Balcarce (Pcia. de Buenos Aires), sobre una serie de irregularidades perpetradas en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Mediante la presentación de falsos empleados de esa legislatura, se consignaba a nombre de ellos importantes remuneraciones que, en definitiva, eran embolsados por otro empleado administrativo de ese congreso provincial. La investigación culminó en las denuncias formuladas por «La Vanguardia», que fueron debidamente consideradas por el fiscal Rodolfo Moure al requerir la citación a juicio del imputado.
El 23 de agosto del corriente año el juez de Mar del Plata Jorge Rodríguez dispuso condenar al funcionario infiel a la pena de 3 años de prisión por ser partícipe necesario de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con malversación de caudales públicos y autor del delito de coacción.
Esa decisiva colaboración de la prensa libre con el orden institucional, asumiendo los riesgos consecuentes para informar a la ciudadanía, es fruto de ese periodismo de investigación reconocido por nuestra Corte Suprema de Justicia y cuestionado arbitrariamente por el juez Ramos Padilla.