Siete medios privados fueron denunciados ante la Supercom por presunta «censura previa».
Miami (20 de abril de 2017).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) vuelve a denunciar el uso de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador como arma de persecución en contra de los medios de comunicación ecuatorianos, a los que el gobierno de Rafael Correa acusa de no reproducir noticias que publicó un diario argentino en contra del candidato de la oposición durante las recientes elecciones presidenciales.
La SIP calificó de insólito el proceso iniciado por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), el brazo ejecutor de la Ley Orgánica de Comunicación, que asumió una denuncia del presidente Rafael Correa durante una de sus sesiones sabatinas. Correa denunció públicamente que varios medios ecuatorianos no se hicieron eco de una noticia que el diario Página 12 de Buenos Aires publicó sobre el candidato electoral de la oposición, Guillermo Lasso, a quien ese diario lo acusó de poseer empresas off shore y de otras irregularidades financieras.
El presidente de la SIP, Matt Sanders, editor senior y gerente general del Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah, dijo que «estamos ante un caso insólito en el que se usa la ley mordaza del Ecuador para castigar por omisión a los medios de su país. Pese a que el presidente Correa invoca el tema de censura previa, lo que estamos viendo es cómo se viola sistemáticamente el derecho de los medios a su libertad de criterio editorial».
Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que «una vez más se observa como la ley mordaza es usada como una celada para entrometerse en los contenidos y criterios editoriales de los medios». Rock, director de la página de internet La Silla Rota de Ciudad de México, agregó que «si fuera por el gobierno de Correa, los medios ecuatorianos deberían informar todo lo que se publica en el mundo a su favor y callar lo que se le critica, para así evitar que se incentive la desestabilización democrática».
Sanders y Rock sostienen que la Ley de Comunicación es una legislación autoritaria que tiene muchas «sutilezas útiles» que legitiman la censura y que el gobierno la creó para protegerse, sobre la base de constantes reprimendas, multas y sanciones que pueden hasta provocar el cierre de los medios. «Estamos ante un gobierno que creó un arma de censura, la peor que se ha creado en la etapa democrática de América Latina para violar en forma sistemática la libertad de prensa».
Ambos dijeron que el gobierno ecuatoriano hace responsable de un supuesto delito de un ciudadano a los medios de comunicación, cuando debería ser la Fiscalía Nacional la que debería investigar a ese ciudadano. «Ni los medios ni los periodistas pueden ser responsabilizados por un delito de un individuo ni ser auxiliares de la Justicia», subrayaron.
El Observatorio Ciudadano por una Comunicación con Calidad, organización allegada al gobierno, denunció el 27 de marzo a los diarios El Universo, El Comercio, La Hora y Expreso, así como los canales Televicentro, Ecuavisa y Teleamazonas, por «censura previa» al no reproducir en sus medios un reportaje de Página 12 del 15 de marzo sobre el presunto enriquecimiento de Lasso, ex candidato opositor a la Presidencia por el partido CREO.
El argumento para la demanda consistió en que los siete medios omitieron publicar información considerada de interés público en el marco de la actividad electoral que atravesaba el país en ese momento. El reportaje fue dado a conocer en Ecuador por el presidente Rafael Correa a través de su cuenta en Twitter y reproducido por medios oficiales.
La Ley Orgánica de Comunicación completa la sanciona de la censura previa con una multa de 10 salarios básicos unificados. Las audiencias ante la Supercom se celebraron del 11 de abril al 17 de abril y en las próximas semanas se espera la decisión del organismo oficial.
