“Los ataques de los motochorros se ejecutan con mayor violencia”. La mañana del domingo 14 de enero los salteños leían ese título principal en la tapa de diario El Tribuno. El 2018 arrancó sin dar tregua a la brutalidad. Ese día, pero en México, las páginas de internet y los periódicos reflejaban el primer asesinato de un periodista, ocurrido el día anterior. Carlos Domínguez fue atacado por una banda mientras viajaba en una camioneta junto a su hija por las calles de la ciudad de Nuevo Laredo. Le dieron más de 20 puñaladas. Tenía 69 años y ejercía el periodismo de manera independiente.
Con el correr de los meses corrió más sangre en México: se acallaron once voces, en una tierra enquistada por el crimen organizado.
En todo el continente, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que debate en Salta hasta mañana, asesinaron a 29 periodistas en 2018.
Un silencio inquietante, perturbador, imperó en el Centro de Convenciones de Limache cuando recordaron, a través de fotografías proyectadas en una pantalla gigante, a los hombres y mujeres de prensa ejecutados en México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Colombia, Guatemala y Nicaragua. Balaceras en la vía pública, en las casas, los autos, los bares y hasta en una redacción. Secuestros, emboscadas y mensajes mafiosos aparecen en las páginas oscuras que amenazan no solo la libertad de expresión, sino los derechos humanos.
“No más periodistas muertos”, clamaron en Chiapas el 23 de septiembre amigos, compañeros y colegas de Mario Gómez Sánchez, ultimado al salir de su casa por dos delincuentes que iban en moto. Cámaras de seguridad grabaron el hecho. Mario trabajaba como corresponsal de El Heraldo y había recibido amenazas.
En agosto, el fotoperiodista Rodolfo García González apareció muerto en la calle junto a su moto, en Guanajuato. En julio, dispararon a quemarropas en un bar a Rubén Pat, editor del Playa News, y a José Guadalupe Chan Dzib, reportero de ese medio. Fueron ataques con 20 días de diferencia. En febrero, a la youtuber y periodista Pamela Montenegro conocida como “Nana Pelucas” la balearon en un restaurante. El humor político era su impronta. En ciudades mexicanas, sicarios ingresan sin problemas a las casas de los periodistas. A Luis Pérez García lo golpearon. Para no dejar rastros, incendiaron la vivienda con él adentro.
Leobardo Vázquez Atzin, periodista digital, fue víctima de otra balacera. Lo sorprendieron afuera de su casa, al norte de Veracruz.
A fines de mayo apareció el cuerpo de Héctor González Antonio en Tamaulipas, tras una fatal golpiza. El 15 de ese mes, Juan Carlos Huerta no llegó a conducir el noticiero, en Tabasco, pues lo atacaron al partir de su casa.
En un triple crimen falleció una trabajadora de prensa, una candidata a concejal y un chofer. María del Sol Cruz Jarquín se desempeñaba como encargada del área de comunicación de la cartera de Asuntos Indígenas, pero estaba afectada a la campaña política del PRI. En el parabrisas de la camioneta quedaron secuelas del ataque armado.
En Estados Unidos la violencia golpeó con todo en la redacción del Capital Gazette, en Maryland. El 28 de junio, un hombre que había sido vinculado a la violencia de género irrumpió en el edificio y mató a cuatro periodistas (Wendi Winters, Gerald Fischman, John McNamara y Rob Hiaasen) y a la publicista Rebecca Smith.
Casi un mes antes, Zachary Stoner se estrelló con su auto tras perder el control por la balacera que padeció, en Chicago.
Enero tuvo un inicio trágico para Brasil. El 16 de ese mes, en Radonia, Ueliton Bayer Brizon recibió disparos mientras viajaba en moto y al día siguiente Jefferson Pureza Lopes fue ultimado con tres tiros que le dieron en la cabeza, en su casa en la localidad de Edelina. En su domicilio también asesinaron a Marlon Carvalho Araújo, el 16 de agosto, en Bahía.
La voz de Jairo Sousa se apagó el 21 de junio. Dos hombres que iban en moto apuntaron sin piedad contra el locutor.
Los ecuatorianos Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo por un grupo disidente de las FARC, cuando intentaban hacer un trabajo de investigación para el diario El Comercio, en una zona limítrofe con Colombia. El 13 de abril, el presidente Lenín Moreno confirmó el triple homicidio.
El joven periodista colombiano Jairo Alberto Calderón Plaza es otra de las víctimas de los sicarios motorizados. La tragedia fue el 2 de agosto, un día después del asesinato de Valentín Rúa Tezada, un locutor que fue baleado cerca de su casa. Había salido tras recibir un llamado telefónico.
El 1º de febrero, un doble crimen sacudió a Guatemala: los cuerpos de Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda fueron encontrados en un cañaveral, atados de pies y manos, con signos de extrema violencia. En Nicaragua, en tanto, a Ángel Gahona lo mataron de un disparo mientras cumplía el trabajo de informar: transmitía en vivo por Facebook una protesta contra el gobierno.
Entrevista a Roberto Rock, Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP
“El fenómeno más grave, ligado con la violencia, es la impunidad”
En la segunda jornada de la SIP se llevó adelante el informe país-por-país de la comisión de Libertad de Prensa e Información. Su presidente, Roberto Rock, dialogó con El Tribuno sobre la situación actual de la prensa en los distintos países de la región. Allí marcó con preocupación la elevada cifra de periodistas asesinados en lo que va de este año: 29 trabajadores de prensa perdieron la vida por llevar adelante su labor.
¿Cuál es la situación actual de la prensa en la región?
En un resumen muy apretado debería suponer un panorama de claroscuros. Creo que en la parte oscura de los informes tenemos un número muy importante, tal vez uno de los más altos que se hayan registrado en la historia de la SIP de periodistas asesinados. Estamos hablando el 19 entre la Asamblea de medio año y en esta reunión y de 29 durante 2018. Es un número particularmente alto.
¿Cuáles son los países donde más riesgo hay para desempeñar el periodismo?
Los países donde se presenta más peligro para la actividad periodística son México, nuevamente está repuntando Colombia después de tener un panorama más tranquilizador durante varios años, Brasil por la violencia urbana que ha tenido un pico y crecientemente en los países de Centroamérica.
¿Qué origen tiene esa violencia sobre los periodistas?
Son fenómenos con orígenes diversos. En el caso de México, fundamentalmente es el crimen organizado, igual que en Centroamérica y también en Colombia; pero en otros casos hay una violencia orgánica que la autoridad no está siendo competente para investigar y para frenar. Creo que el fenómeno más grave, ligado con la violencia, es la impunidad. La impunidad es como un caldo de cultivo para que el fenómeno se recicle, se reedite. La baja expectativa de llevar ante la Justicia a los actores materiales o intelectuales de estos atentados es el principal incentivo para que este problema se siga reproduciendo. En este mismo ámbito de preocupaciones tenemos una inquietud creciente sobre el caso de Nicaragua, que creo que estamos viendo una violencia muy institucionalizada por parte del gobierno de Daniel Ortega, que ha derivado en más de 300 muertes en disturbios protagonizados por estudiantes, por jóvenes en particular; pero también por todo tipo de pobladores que son baleados directamente, no son víctimas de un fuego cruzado o de una bala perdida sino que son disparos a la cabeza, disparos al pecho de manifestantes.
¿Y la situación de la prensa?
Esta violencia viene acompañada también de un esquema de acoso, de censura a veces brutal, con allanamientos de periódicos, con hostigamiento de medios de comunicación en general y las condiciones para informar lo que está pasando en Nicaragua son cada vez más asfixiantes. Son contados ya los medios que pueden mantener una cobertura mínimamente expedita.
Otro país que ejerce violencia hacia la prensa es Venezuela…
Venezuela sigue siendo por supuesto un tema emblemático de cómo un régimen se puede ir pudriendo paulatinamente, sacrificando a su población, reduciendo las condiciones crecientes de miseria, con decenas de periódicos que por un motivo o por otro, por acoso judicial, por acoso gubernamental, por violencia física pero también por ahogamiento financiero o de escasez de materia prima han ido desapareciendo. Es una apuesta muy clara del régimen venezolano para imponer un apagón informativo.
¿Y en Cuba?
Ya sabemos, parece un lugar común decir que en Cuba no existe la libertad de expresión. No hay una prensa formal, hay ejercicios de prensa digital muy valientes, como “14 y medio” y varios más, pero pese a los cambios aparentes políticos que hay en Cuba, no cambia nada. El nuevo presidente no representa ninguna apertura, ningún margen de tolerancia política adicional. Creo que es un panorama difícil también para países como Colombia, donde se ha ido endureciendo la violencia. Hay casos aislados de preocupación en algunos puntos.
¿Cuáles son los países que pudieron hacer un avance?
Creo que, en contraste, la parte un poco más luminosa la representa Ecuador, donde una misión de la SIP estuvo con el presidente Lenin Moreno. Eso habla más de cambios y mejoras a los estándares democráticos de lo que realmente se están produciendo. Lo que nosotros vemos son pasos de bebé donde el presidente Moreno lo que hizo fue detener el deterioro que en materia de libertades venía imponiendo el régimen de Rafael Correa. Ha dejado en suspenso algunas medidas que Correa se ensañaba en aplicar en contra de los medios en particular, pero tampoco las ha suprimido. Tampoco las ha derogado y siguen pendiendo de alguna manera sobre la cabeza de los medios independientes. Hay nuevos casos de demandas provenientes o procesados por el Estado contra medios de comunicación, hay decenas de demandas económicas muy gravosas para los medios que no han sido canceladas. Lo que ha hecho Moreno fundamentalmente es poner en suspenso ese tema, tendría que hacer mucho más y avanzar mucho más rápido para que realmente se considere que su gobierno se ha incorporado al ecosistema de países con estándares democráticos en América Latina. Sin embargo es una buena noticia que se frene esto, es una buena noticia que en otros países que había deteriorado este tipo de medidas, como Argentina, que se había endurecido la relación entre el gobierno y muchos medios, haya cambios.
¿Cambió esa situación particular con Macri?
Con el presidente ha mejorado. Muchos elogian en esta materia al presidente Macri por respetar a la libertad de expresión.
¿Y qué piensan en la SIP sobre este tema?
Nosotros pensamos en la SIP que es el trabajo de los mandatarios.
¿Entonces notan ese cambio?
Se nota ese cambio, es por eso que los ciudadanos nombran a un presidente para que respete las leyes, para que respete las libertades. No sentimos inclinación a aplaudir nada cuando sabemos que forma parte de la normalidad democrática. Creemos que tampoco la organización está para aplaudir a ningún gobernante. Evidentemente hay un contraste que tal vez se empaña un poco con la crisis económica que hay en el país, pero pensamos que particularmente en materia de libertad de expresión, que es nuestro ámbito de trabajo, ha habido un avance en la Argentina.
Pocos relatos oficiales soportan a la prensa libre
La segunda jornada de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se enfocó en los informes sobre los atropellos que padece el periodismo en el continente.
La muerte de 29 periodistas y la desaparición de un fotorreportero llevaron al secretario de Libertad de Prensa, el mexicano Roberto Rock, a calificar a este año como «funesto».
La muerte es la violencia extrema. No solo las dictaduras se han ensañado con los hombres de prensa. Los seis muertos en EEUU fueron víctimas, aparentemente, de maniáticos. Los once mexicanos fueron asesinados en diversas regiones del país, a manos del crimen organizado.
Otras violencias
Matar, encarcelar o presionar a un periodista o a un medio en razón de la información que brinda es cercenar un derecho básico en la «sociedad del conocimiento». El informe de la SIP fue mostrando ayer las mordazas que se registran en cada país. Más allá de los autoritarismos irracionales de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, las tensiones continúan en todos lados.
El problema es si se acalla o no a la prensa, si se tolera un despliegue inteligente de lo que ocurre o si el discurso oficial (que es generalmente expresión de deseos) no resiste la mirada profesional.
En Costa Rica, en El Salvador, en Colombia, las coberturas de protestas suelen dejar a los hombres y mujeres de prensa en medio de los garrotes policiales y los cascotes de los activistas. Pero en Chile, donde la violencia política parece un mal recuerdo, existen proyectos de ley que si se llegan a sancionar, podrían convertirse en una nueva forma de censura. Tal vez, encubierta. Por ejemplo, el de la Ley de Olvido, que obligaría a borrar de los registros digitales hechos de orden público que concluyeron con el sobreseimiento del acusado. Lo mismo ocurre con las informaciones sobre menores de edad o la publicación de criterios que podrían ser interpreta- dos como estereotipos femeninos negativos. Son criterios que dejan demasiado espacio a la discrecionalidad.
En todas partes, la denegación de información oficial, la proscripción de determinados periodistas en las conferencias de prensa, la presión con la publicidad oficial y la coacción con los inspectores de entes recaudadores son un síntoma de lo mismo: la incomodidad del poder frente a los medios.
El caso cubano
El informe referido a Cuba fue redactado por el periodista Henry Constantín. Pero lo leyó Carlos Jornet, de La Voz del Interior. A Constantín el régimen no lo dejó viajar.
La ausencia habla por sí sola. El nuevo presidente de la isla, Miguel Díaz Canel, no viste uniforme, pero se comporta como un burócrata del viejo cuño soviético.
Una grabación clandestina, no validada pero creíble, permite escuchar a Díaz Canel cuando califica de «subversiva» cualquier publicación que cuestione al régimen; justifica la censura en nombre de una «guerra cultural», y define que la libertad de expresión «debe ajustarse a la ley» socialista; afirma que los medios «son propiedad del pueblo» y que deben estar al servicio del «interés del pueblo», es decir, del gobierno de La Habana.
Para desilusión de nuestras feministas pero sin desentonar con la muy «patriarcal» historia de la revolución cubana, todos los periodistas sufren hostigamiento, pero las mujeres soportan las peores condiciones de detención, incluidos abusos y manoseos.
Es simple: hace 31 años, un embajador cubano dijo a El Tribuno: «No podemos tener prensa libre, porque estamos a 106 millas de Florida.
Fuente: Diario El Tribuno.
