Durante la reunión mensual del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) celebrada el jueves 29 de agosto, se analizaron diversas situaciones vinculadas con la labor periodística y la libertad de expresión en la Argentina.
Descalificaciones contra periodistas. Durante el último mes, el presidente Javier Milei se expresó con agresiones verbales contra un número considerable de periodistas. Como en otras ocasiones en las que hizo suyos mensajes de terceros en la red social X, el 14 de agosto Milei cuestionó el “silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado”. Lo hizo en referencia a situaciones de diversa índole, como los presuntos hechos de corrupción con los contratos de seguros en dependencias oficiales, la denuncia por violencia de género efectuada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, y el uso del Estado para financiar “los placeres extra-función del expresidente”.
En lugar de reconocer el crucial papel del periodismo en investigar y difundir esos casos, desde el 12 de agosto Milei afirmó que Diego Leuco era “cómplice” de Alberto Fernández, y compartió posteos que aseguraban que eran “cómplices de los verdaderos violentos” periodistas como María Laura Santillán, María O´Donnell, Jorge Fernández Díaz, María Eugenia Duffard, Ernesto Tenembaum, Joaquín Morales Solá, Jorge Fontevecchia, Ignacio Girón, Luciana Geuna, Jesica Bossi y Diego Sehinkman.
El ataque de Milei a Leuco se produjo después de que el periodista revelara en su programa de streaming, en Luzu, que el expresidente Fernández llamaba a la casa de su familia para increpar al padre, Alfredo Leuco. “Interesante… Esto lo cuenta ahora… Cómplice”, escribió Milei en X. Leuco le respondió que la palabra “cómplice” era una barbaridad total.
Pocos días después, el presidente insultó verbalmente a los periodistas Carlos Pagni y Marcelo Longobardi. Y emitió un largo mensaje en su cuenta de X que tituló “‘PERIODISTAS’ EN LLAMAS” y en el que dijo que los periodistas lloran “porque perdieron el poder de mentir, calumniar, injuriar, difamar y hasta extorsionar sin costo”, en referencia a que son las redes sociales las que desde su visión “aportan acceso a la información que permite validar lo que se afirma, al mismo tiempo que proveen un archivo instantáneo”.
Lo mismo había señalado en otro mensaje en X donde dijo que los periodistas «viven llorando por perder el monopolio del micrófono», ante el avance del uso de las redes sociales. «Periodista, cuanto más adicto al sobre, a la extensión, a la mentira, a la calumnia y a la injuria seas, por lo que vives llorando por perder el monopolio del micrófono ni leas este posteo, porque no te gustará», sostuvo, en relación con un extenso tuit de Agustín Laje sobre esa cuestión.
Otros periodistas que recibieron descalificaciones o insultos de Milei durante el último mes a través de mensajes propios o de terceros fueron Luis Novaresio, Julia Mengolini, Pablo Duggan, Marcelo Bonelli, Víctor Hugo Morales, Jorge Lanata, Jorge Asís, Mónica Gutiérrez, Baby Etchecopar, Delina Celichini, Alejandro Alfie, Jairo Straccia, Jonathan Heguier, Roberto Navarro, Juana Viale, Luciana Rubinska, Galia Moldavsky y Florencia Donovan.
No por repetido diluye su gravedad este mecanismo de reemplazar la réplica o el debate civilizado por la descalificación ad-hominem y la agresión verbal. Como hemos dicho, este tipo de descalificaciones intoxican el debate público, fomentan el clima de hostilidad y generan intimidación o autocensura.
Agresión verbal contra La Nación. El presidente Javier Milei apuntó el 24 de agosto contra el diario La Nación, cuando habló en una entrevista en Radio Mitre sobre su decisión de postular al juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la entrevista, el presidente afirmó que Lijo “es el único que puede viabilizar la reforma que necesitamos hacer en el sistema judicial”, y agregó: “Entiendo que el señor Saguier puede tener problemas, que le caiga mal Lijo vaya a saber uno por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro del diario. Me imagino que el difunto Bartolomé Mitre bastante mal se sentiría de ver en qué se convirtió ese diario. Las mismas cosas que usted le puede achacar a Lijo se las puede aplicar a todos, si fuera por eso… Ahora, digamos, de vuelta: concretamente, el diario La Nación tiene una posición… Entonces, bueno, habría que preguntarle a Saguier cuál es el problema que él tiene por el cual opera tanto en contra de Lijo”.
Una vez más, es lícito disentir y confrontar con las posiciones de un medio, pero es cuestionable adjudicarle intereses ocultos o sucios a raíz de que se discrepe respecto de políticas oficiales.
Creciente utilización de reclamos judiciales como mecanismo de censura indirecta. No es una novedad, pero en los últimos tiempos han proliferado acciones judiciales abusivas contra periodistas y medios de comunicación, cuya finalidad indirecta es disuadirlos de investigar y, por ende, quitar elementos indispensables para el debate público.
En los últimos días tomó notoriedad el caso de Pablo Otero, quien demandó al periodista Andrés Sanguinetti y a los directivos del medio iProfesional por haber realizado una nota en la cual se indicaba que una tabacalera, de propiedad de aquel empresario, maneja el 45% del mercado local de cigarrillos y está denunciada por no pagar impuestos que rigen a la industria, además de tener otras causas por contrabando y lavado de activos. Reclamos similares, por ahora extrajudiciales, se hicieron también a otros periodistas: Marcelo Longobardi, Camila Dolajbian y Diego Cabot, entre otros.
Ninguno de los estándares jurisprudenciales elaborados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos permitiría dar sustento a la demanda promovida por el empresario Otero. Pero tanto la decisión de promoverla como el desmesurado monto exigido (2 millones de dólares) ponen de manifiesto que se trata de una demanda con fines disuasivos, en la cual se procura el amedrentamiento y el silencio de los periodistas.
De esa forma, un particular, vinculado con hechos de claro interés público, utiliza a los tribunales como método de coacción y censura a fin de desalentar el debate público sobre asuntos que lo involucran.
Lejos de ser un caso aislado, Adepa viene advirtiendo sobre situaciones afines en el orden nacional y, por igual, en provincias. Se suceden así casos en los cuales funcionarios públicos o empresarios económica y políticamente poderosos promueven demandas abusivas por montos millonarios, sin sustento o con un limitado y discutible basamento jurídico, acompañando las respectivas presentaciones de medidas cautelares o montos de reparación absolutamente desmesurados.
En su momento, los procesos administrativos seguidos por la Administración Nacional contra las consultoras que publicaban un índice de inflación distinto al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fueron un buen ejemplo de acciones de idéntica naturaleza. Las acciones penales y civiles contra periodistas en ocasiones continúan siendo, lamentablemente, un efectivo mecanismo de censura indirecta por parte de actores poderosos, tanto funcionarios públicos como del empresariado.
Este tipo de fenómenos, que se replica en otras latitudes, ha sido abordado en forma reciente por la Unión Europea a través de la Directiva 1069/2024 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas, denominadas “demandas estratégicas contra la participación pública” (SLAPP, según sus siglas en inglés).
En este documento, la Unión Europea, luego de destacar la relevancia de un ambiente propicio para el debate público, indicó que “a fin de fomentar tal entorno, es importante proteger a las personas físicas y jurídicas frente a acciones judiciales abusivas contra la participación pública. Tales acciones no se interponen con el fin de acceder a la Justicia, sino para silenciar el debate público e impedir la investigación y la información sobre infracciones del derecho de la Unión y nacional, normalmente recurriendo al acoso y la intimidación”.
Con ese objeto, el organismo europeo destacó la necesidad de que los Estados prevean la posibilidad de que los demandados cuenten con garantías procesales que limiten los reclamos infundados; entre otras, una caución para cubrir las costas, sanciones contra planteos abusivos o manifiestamente infundados, resolución y rechazo prematuro de ese tipo de demandas, y otras medidas que sean útiles y efectivas para desalentar tales acciones en contra de personas involucradas en el debate público.
Si bien la República Argentina no cuenta con una regulación específica de estas cuestiones, es importante que todas las autoridades, en especial los legisladores y los jueces, adviertan las gravedad que este tipo de acciones tiene para el debate público y la difusión de informaciones de interés general. Cada uno dentro del ámbito de sus competencias debe generar los incentivos para evitar estas demandas desmedidas.
Irresponsable acción de una diputada nacional contra el periodista Germán de los Santos. El periodista Germán de los Santos, corresponsal de La Nación en la ciudad de Rosario, coautor de un libro sobre el grupo narcocriminal Los Monos y amenazado por investigar a diferentes bandas vinculadas al comercio de drogas, denunció que la diputada libertaria Romina Diez publicó en sus redes sociales una carta documento donde podía verse la dirección de su domicilio.
“La irresponsable de la diputada libertaria Romina Diez publicó una carta documento que me mandó donde se veía mi dirección. Le dije que era temerario porque fui amenazado por las investigaciones que hice a narcos. Eliminó el tweet, pero era tarde. Si pasa algo, ella será la responsable”, señaló De los Santos en su cuenta de X.
Si bien la diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe borró la publicación original, más tarde volvió a subir una similar, aunque esta vez los datos personales del periodista no podían verse.