Por Norberto Frigerio
En algo más de dos décadas han sido asesinados en las Américas unos 550 periodistas, algo así como 25 crímenes por año. En los últimos seis meses han muerto otros 13 periodistas en condiciones inciertas en México, Perú, Honduras y Guatemala.
Frente a esta cantidad de crímenes debemos añadir que la impunidad y cierta desidia judicial han caído sobre cada una de las historias, como un común denominador en donde coinciden la política y el tráfico de estupefacientes.
Dos instituciones, casi en soledad, han trabajado denodadamente para tratar de paliar estos graves vacíos: la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Robert F. Kennedy Human Rights. Dichas instituciones no han dejado en las últimas décadas de hacer presentaciones ante la Justicia ni de enviar misiones especiales a diversos países, reclamando el esclarecimiento de situaciones puntuales y bregando por la investigación de móviles posibles frente a hechos gravísimos que se ciernen casi cotidianamente sobre la prensa y que conculcan el derecho a la libertad de expresión.
Han transcurrido 18 años del homicidio del joven periodista colombiano Nelson Carvajal, de 37 años, acribillado en plena vía pública y a la luz del día. Éste es un caso testigo, porque después de infinitas vueltas procesales ha llegado finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que deberá esclarecer la autoría y las motivaciones del crimen. Hasta la fecha los avances han sido modestos, pero lo que se necesita es evitar que durante 2018 se declare la prescripción de la causa por el paso del tiempo.
La SIP y la Robert Kennedy Human Rights expresan confianza en que la decisión que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso brindará cierta justicia a la familia Carvajal, que no ha cesado jamás de reclamar por este crimen, y establecerá estándares legales que contribuyan a fortalecer la protección de los periodistas para que puedan ejercer su labor, libres de violencia.
Es un acto de justicia rendir homenaje al fotógrafo argentino José Luis Cabezas, que hace veinte años perdía la vida por su trabajo profesional. Si bien en este caso la Justicia actuó con reflejos saludables, también es justo recordar que hoy todos los responsables del crimen gozan de libertad.
La guerra está declarada. Existe un oscuro ejército sin banderas que ejecuta víctimas entre reporteros, periodistas independientes, productores, fotoperiodistas, camarógrafos, ingenieros en sonido y personal de producción. Además de flamantes víctimas y nuevos objetivos, como los familiares de este conjunto de hombres y mujeres.
Frente a este universo, los tradicionales seguros de vida se tornan escasos. Se necesitan nuevos instrumentos legales que asistan a los damnificados en forma eficiente ante estas nuevas formas del delito, como el hostigamiento, el amedrentamiento, las presiones físicas y psíquicas que se dan en el entorno laboral, donde la víctima es acorralada.
Concientizar sobre la realidad que vive la prensa en todas sus formas tiene el valor de esclarecer lo ya sucedido, pero también el de buscar medios nuevos para conjurar la arbitrariedad del olvido, la complicidad oficial, la impunidad ilimitada.
Las sociedades indiferentes a estos delitos no reflejan una mirada democrática sobre sus instituciones, aunque voten regularmente. La impunidad debe ser desterrada de las sociedades. Y hay que trabajar para que estos flagelos intercontinentales encuentren el limite de la ley.
Esta columna de opinión fue publicada por el diario La Nación.
