Uno de los ejes de debate de la última asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Coral Gables (Miami) entre el viernes y el lunes pasados, fue la relación entre las grandes empresas tecnológicas y los medios de comunicación, a la luz de las novedades regulatorias y de las transformaciones del ecosistema digital.
Por Daniel Dessein
Desde Coral Gables, Miami.
La asamblea de la SIP de 2018, que tuvo lugar en la Argentina, culminó con la aprobación de la Declaración de Salta, un conjunto de principios, complementarios de los de la Declaración de Chapultepec, que enfocan los desafíos de la libertad de expresión en el entorno digital. Entre esos principios se señala que «los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información».
Martín Etchevers, presidente de Adepa y titular del Comité Legal de la SIP, fue el encargado de moderar una mesa de discusión en la que participaron David Chavern, director ejecutivo de la News Media Alliance (la entidad más representativa de los medios estadounidenses) y Eric Iriarte, abogado especializado en derechos de autor.
Etchevers apuntó que desde la aprobación de la Declaración de Salta, hace un año, hay cuatro novedades relevantes. La directiva de la Unión Europea que reconoce el valor de los contenidos, refuerza los derechos de autor y obliga a los países miembro a adecuar sus legislaciones en línea con sus postulados; la sanción de las primeras leyes -como la francesa- en cumplimiento de la directiva; los dictámenes e investigaciones sobre posición dominante de las plataformas (la Comisión australiana de Competencia y Consumo está relevando la actuación de las plataformas y estableciendo parámetros para determinar sus beneficios directos e indirectos por el uso de contenidos de terceros); y, finalmente, la solicitud de la News Media Alliance de una exención a las normativas antitrust norteamericanas para que los medios puedan negociar en conjunto con las tecnológicas. Esta organización publicó un estudio que sostiene que Google obtuvo ingresos por 4.700 millones de dólares a partir de contenidos periodísticos en los Estados Unidos durante 2018. Google replicó que el estudio no está apoyado en datos fidedignos.
«El problema es la opacidad de las plataformas. Revelan muy pocos datos. El estudio es una estimación. Hubo muchas críticas pero nadie trajo un solo número alternativo o la propuesta de otro esquema para estimar esos beneficios. Simplemente nos dijeron ‘cállense’. El punto es que los contenidos periodísticos son valiosos para las plataformas. Nunca se consumió tanta información pero la compensación económica nunca fue tan baja. Ellos dicen: ‘la información debe ser libre’. Ok. Pero los contenidos periodísticos deben ser remunerados. No tendríamos que tener un problema para unir una línea con la otra«, afirmó Chavern.
Eric Iriarte, abogado de Iriarte & Asociados y copartícipe de la redacción de la Declaración de Salta, hizo un análisis de la evolución de los derechos de autor a través de las décadas, deteniéndose en las complejidades que introdujo internet en ese campo. Los países de América latina, en materia regulatoria, enfrentan las particularidades de carecer de legislación supranacional como los europeos y el problema de que las sedes de las tecnológicas no están dentro de la región. Por otro lado, no tenemos, en general, las limitaciones de las normativas antitrust como los norteamericanos. «Probablemente las respuestas se encuentren en un mecanismo integrado de negociación que tenga en cuenta las especificidades latinoamericanas», reflexionó el especialista.
Etchevers puso en el tapete los argumentos de las plataformas respecto de la derivación de tráfico, las ganancias que generan a la industria y los recientes anuncios de privilegios para el contenido original (Google) o remuneración directa (Facebook). Chavern resaltó, en primer término, que muchos usuarios consumen contenidos periodísticos sin llegar a los sitios de origen. «La opacidad es el problema que está detrás de todo -continuó-. Los anuncios son buenos pero nadie sabe cómo funcionarán los algoritmos. En el caso de FB no hay transparencia sobre precios, métodos y deja a muchos medios afuera».
En el segmento para preguntas y opiniones del público, Eleonora Rabinovich, encargada de políticas públicas de Google, dijo que su empresa está en la mesa con voluntad de participar en la conversación. «Hubo muchas posiciones en Europa. No puede reducirse todo a una posición binaria ‘medios versus plataformas’. Creemos que atar copyright a sustentabilidad es complejo y que puede perjudicar la ‘open web’ que todos queremos», destacó.
Un día después de la mesa de debate, el vicepresidente de noticias en Google Richard Gingras realizó una exposición en la que planteó la posición de su compañía sobre muchos de los temas en discusión y en los que, según su opinión, predominan los malos entendidos. Sostuvo que el peso de las noticias en las búsquedas representa un porcentaje proporcionalmente bajo dentro del volumen total, contradiciendo el informe de la News Media Alliance. Atacó también la estimación de beneficios económicos del informe. «Son insignificantes y difíciles de mensurar; es mucho más lo que invertimos en los medios que lo que obtenemos de ellos», afirmó. Gingras no ofreció datos concretos del lado de Google para contrarrestar el informe, más allá de descalificar la metodología y señalar que el estudio fue desacreditado por diversas entidades, como Nieman Lab. Sí dio números sobre el aporte que hace su empresa a la industria periodística: 24 billones de visitas a sitios periodísticos por mes. Con respecto a la directiva de la Unión Europea de derechos de autor y a la ley francesa que es la primera en adoptar sus principios regulatorios, Gingras reiteró que no pagarán por extractos de contenidos periodísticos y resaltó que eso chocaría con la política de su empresa en materia de tratamiento de contenidos y de preservación de su credibilidad con los usuarios.
La cuestión de fondo, para muchos, es si podemos aceptar que el periodismo es una víctima inevitable del cambio tecnológico. «Si es así, debemos aceptar también las consecuencias que su desaparición acarrearía en nuestras sociedades», concluyó David Chavern.
